El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha instado a acelerar el despliegue de la infraestructura de recarga de coches eléctricos y a diseñar una hoja de ruta "estratégica" para la electromovilidad, al tiempo que ha advertido de que el bloque "sigue muy lejos" del objetivo de tener un millón de puntos de recarga en 2025, como fija el Pacto Verde.
Los auditores europeos denuncian en el informe publicado este martes que "siguen existiendo obstáculos para desplazarse por la UE en vehículos eléctricos" y que "la disponibilidad de estaciones públicas de recarga varía sustancialmente entre los diferentes países. De la misma forma, critican que los sistemas de pago no están armonizados y que "no hay suficiente información en tiempo real para los usuarios".
Los datos del informe, además, apuntan a que la cuota de mercado de los vehículos eléctricos con batería se incrementó el año pasado a pesar del descenso "general" de las matriculaciones, pero las redes de recarga "no se desarrollaron al mismo ritmo".
"El año pasado, uno de cada diez turismos vendidos en la UE era eléctrico, pero en la UE existe un acceso desigual a las infraestructuras de recarga. Consideramos que la Comisión debería hacer más para extender la cobertura de la red a toda la UE, y además garantizar que la financiación de la UE se destine allí donde es más necesaria", ha destacado Ladislav Balko, miembro del Tribunal de Cuentas de la UE y responsable del informe.
En esta línea, los auditores europeos han subrayado que no se ha realizado un análisis "exhaustivo" del déficit de infraestructuras para determinar "cuántas estaciones de recarga serían necesarias, dónde deberían ubicarse o qué tipo de energía deberían suministrar".
En la misma línea, critican que la financiación proporcionada por la UE "no siempre llegó allí donde era más necesaria, ni existían objetivos ni requisitos mínimos de infraestructura claros y coherentes".
En consecuencia, el texto recomienda que la Comisión Europea elabore una hoja de ruta estratégica global para alcanzar los objetivos de infraestructura de recarga y establezca normas y requisitos mínimos.
También propone que las ayudas europeas se concedan en función de criterios objetivos y análisis de carencias, y que se asegure de que los proyectos cofinanciados garantizan un acceso sostenible y no discriminatorio a todos los usuarios.
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