La Unión Europea afronta dividida la negociación del nuevo marco industrial con el que Bruselas pretende reforzar la fabricación europea y reducir sus dependencias estratégicas frente a terceros países, en un contexto marcado por la creciente competencia de China. El principal choque se concentra en el alcance que deben tener las cláusulas de contenido europeo del denominado ‘Made in Europe’, pero las diferencias van más allá de los Estados miembros: el Partido Popular Europeo (PPE) también ha mostrado profundas discrepancias internas sobre el Industrial Accelerator Act (IAA).
Francia defiende una aplicación estricta de la preferencia industrial a la producción comunitaria, mientras Alemania apuesta por un enfoque más abierto que permita tener en cuenta a determinados socios comerciales de la UE. España trata de situarse entre ambas posiciones, aunque también presenta diferencias entre el Partido Popular y el PSOE sobre cómo debe configurarse ese contenido europeo.
El Parlamento Europeo ha registrado 94 enmiendas al expediente, que ha puesto de manifiesto las dificultades para alcanzar una posición común sobre cuánto debe proteger Europa a su industria y hasta dónde debe mantener abiertas sus cadenas de suministro.
División en el Partido Popular Europeo
Uno de los principales elementos de tensión se encuentra dentro del propio PPE, donde no existe una posición común sobre la propuesta de la Comisión. El documento de debate recoge que algunos eurodiputados de la familia popular han llegado a plantear el rechazo completo del expediente, al considerar que determinadas disposiciones podrían generar problemas para la industria europea y para las relaciones comerciales de la UE. Markdown pegado
La fractura refleja el dilema al que se enfrenta el grupo: por un lado, la presión para reforzar la producción europea frente a la competencia internacional; por otro, el temor a que unas exigencias excesivamente restrictivas puedan dificultar el acceso a suministros y mercados exteriores y tensionar las relaciones comerciales de la Unión.
En paralelo, el debate entre los Estados miembros enfrenta a Francia y Alemania sobre el alcance territorial del ‘Made in Europe’. París defiende concentrar la preferencia en la producción de los Veintisiete, mientras Berlín apuesta por una fórmula más abierta que permita incorporar a socios comerciales de la UE bajo determinadas condiciones.
España busca una posición propia
España se sitúa en este debate en una posición intermedia, aunque con diferencias entre las dos principales fuerzas políticas españolas. El PP reclama una definición estricta de lo que puede considerarse europeo, al tiempo que plantea que determinados terceros países puedan beneficiarse de las reglas en función de criterios como la reciprocidad, el acceso a los mercados y la seguridad del suministro.
El PSOE y el grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) comparten el objetivo de reforzar la capacidad industrial europea, pero plantean una aproximación más abierta hacia los países que ya están integrados en las cadenas de valor comunitarias mediante acuerdos comerciales o de asociación.
Las enmiendas socialistas plantean expresamente que la aplicación de las nuevas reglas no perjudique a terceros países estrechamente integrados en las cadenas de valor de la UE y reclaman un tratamiento favorable para los países asociados mediante acuerdos de asociación o comerciales, los integrantes de una unión aduanera con la Unión y los miembros del Espacio Económico Europeo.
El planteamiento busca combinar más contenido industrial europeo con el mantenimiento de las relaciones comerciales existentes, evitando que las nuevas reglas se conviertan en una barrera generalizada para las cadenas de suministro internacionales.
Más fabricación europea en renovables y redes
Al margen de la disputa sobre qué países deben poder beneficiarse del ‘Made in Europe’, el expediente incorpora propuestas para elevar el contenido europeo en sectores considerados estratégicos para la transición energética.
El PSOE y el S&D reclaman, en este sentido, requisitos más exigentes de componentes europeos en los mecanismos de apoyo público a la eólica, la solar fotovoltaica, las redes eléctricas y su digitalización. El objetivo es que las inversiones asociadas a la transición energética sirvan también para reforzar las fábricas, proveedores y capacidades industriales de la UE.
En fotovoltaica, las enmiendas plantean ampliar progresivamente los componentes que deberán proceder de la Unión, incluyendo el inversor, el polisilicio, las células y otros componentes principales. En eólica, proponen requisitos de origen europeo para las góndolas, las palas, las torres y otros componentes.
La misma filosofía se aplica a las redes eléctricas. Las propuestas incluyen distintos equipos de transporte y distribución, además de tecnologías destinadas a la digitalización de la red, como contadores inteligentes e infraestructuras avanzadas de medición y control.
El automóvil y el acero, entre los sectores más afectados
El automóvil es otro de los ámbitos en los que las propuestas parlamentarias plantean reforzar el contenido comunitario. Las enmiendas socialistas establecen que al menos el 70% del valor añadido de los vehículos electrificados proceda de la Unión, teniendo en cuenta también el valor generado por los componentes de segundo y tercer nivel de la cadena de suministro. Para los componentes del sistema de propulsión eléctrica se plantea un umbral del 50%.
En el caso del acero, las propuestas plantean que el material utilizado en determinados productos o proyectos proceda de acero fundido y vertido en la Unión Europea, reforzando el vínculo entre las ayudas públicas y la producción comunitaria.
Estas exigencias forman parte de una discusión más amplia sobre cómo utilizar la contratación pública y los mecanismos de apoyo comunitarios para generar demanda de productos fabricados en Europa y evitar que el despliegue de la transición energética incremente las dependencias industriales del exterior.
Inversión extranjera y áreas de aceleración
El nuevo marco también aborda la inversión extranjera. Las propuestas buscan mantener la seguridad jurídica para las empresas que ya han elegido Europa para desarrollar nueva actividad industrial, pero introducir mayores condiciones para las nuevas inversiones, vinculadas a la creación de empleo y al aprovisionamiento desde proveedores europeos.
Otro de los elementos del expediente son las áreas de aceleración industrial, concebidas para facilitar y agilizar la implantación de nuevos proyectos. Las enmiendas parlamentarias incorporan salvaguardas ambientales y plantean excluir los espacios Natura 2000 y otras zonas protegidas, además de tener en cuenta los riesgos climáticos a la hora de seleccionar los emplazamientos.
El planteamiento incluye asimismo a la industria marítima y a su cadena de suministro, especialmente por su papel en el desarrollo de las renovables marinas, con referencias a astilleros, fabricantes de equipos, buques especializados, cables submarinos e infraestructuras offshore.
El debate sobre el ‘Made in Europe’ va, por tanto, mucho más allá de una cuestión de origen de los productos. La UE tiene que decidir hasta dónde quiere proteger su industria frente a la competencia internacional y, al mismo tiempo, cuánto margen está dispuesta a mantener para sus socios comerciales.
La división del PPE, el enfrentamiento entre Francia y Alemania y las diferentes posiciones defendidas por PP y PSOE en España muestran la dificultad de encontrar ese equilibrio. Mientras unos grupos reclaman una preferencia comunitaria más estricta, otros advierten de los riesgos de limitar demasiado las cadenas de suministro de las que depende la industria europea.
galan
09/10/2026