La Fiscalía y la Guardia Civil han señalado al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y al anterior Gobierno de Aragón por prevaricar a favor de instalaciones renovables en Teruel, Zaragoza y Huesca.
La investigación tiene su origen en las denuncias que ha ido imponiendo el movimiento ciudadano Teruel Existe ante las fiscalías de Sala de Medio Ambiente y de las tres audiencias provinciales aragonesas. Así, se cuestiona la legalidad de las actuaciones en este ámbito del Ministerio y del Gobierno de Aragón, responsables de la tramitación de los proyectos.
Esas presuntas omisiones habrían derivado, según sostienen desde Teruel Existe, en la "emisión de autorizaciones para instalar los parques en áreas en las que la legislación veta su presencia, o cuando menos la limita o la condiciona a la aplicación de medidas que atenúen su impacto". Algo que no acaba de encajar con por ejemplo la ubicación en terrenos de la Red Natura 2000 de más de 84 de los 125 aerogeneradores de un bloque de 20 parques del Maestrazgo.
Según los responsables del movimiento ciudadano, algunos aerogeneradores "han sido cambiados de posición sin que esta modificación haya sido sometida a información pública", lo que habría impedido que se presentaran alegaciones. Si bien la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva emitida por el organismo dependiente del Miteco suprime algunos molinos, "la empresa promotora habría dotado a estos de mayor potencia", aseguran desde Teruel Existe. Igualmente, la plataforma denuncia que no han habido estudios arqueológicos o paleontológicos y que no se ha valorado el impacto socioeconómico que tiene el turismo en el Maestrazgo.
Mariano Tomás, miembro del Grupo de Energía y Medio Ambiente de Teruel Existe, ha confirmado a este medio que actualmente se encuentran trabajando con un equipo de abogados para elevar las denuncias sobre los parques en las zonas de Matarraña y Maestrazgo al Supremo. "¿Qué sentido tiene desplegar esos parques en zonas como el Matarraña, donde el principal atractivo es la naturaleza, el paisaje, y por tanto los medios de vida son el turismo principalmente y la agricultura?" ha aseverado.
"Hay 175 proyectos eólicos y fotovoltaicos planificados en Teruel. Sólo hay 130.000 habitantes. Se están poniendo muchas más plantas de las que en realidad serían necesarias. Se va a llenar el territorio de torres y líneas que no harían falta", ha añadido Tomás.
Sospechas
La Unidad de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Huesca (Uprona, también conocido antiguamente como Seprona), a la que la Fiscalía de Huesca confió una serie de indagaciones, ha añadido a las posibles infracciones ambientales denunciadas por Teruel Existe las sospechas de prevaricación, centradas en el fraccionamiento de los proyectos.
Tal y como se conoce en el ámbito de las renovables, el fraccionamiento consistiría en la presentación de un proyecto "núcleo", de por lo general gran magnitud, en varios de menor tamaño, cercanos entre sí, que comparten estaciones de transformación y líneas de evacuación y transporte, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y mitigar riesgos para acceder a las licitaciones de acceso de conexión a la red eléctrica.
De esta manera, la Guardia Civil, en su informe, al que ha tenido acceso en exclusiva el medio Público.es, enumera varios "síntomas" como "la solicitud por separado de la construcción de elementos que formaban parte de más de un parque, la titularidad de las empresas, la cercanía de unos parques con otros, o simplemente la cantidad de megavatios (MW) producidos que iba a resultar de la suma de varios de esos parques".
"Al no haberlo hecho así, es parecer de esta fuerza que se podría haber cometido un delito de prevaricación [...] al haber dictado resoluciones [...] absolutamente arbitrarias" prosigue el informe.
La empresa más afectada por esta investigación sería Forestalia, la cual no ha tenido la suerte de contar con un apoyo mayoritario social local desde que anunciaron su llegada al territorio.
el 99
24/10/2023