Petróleo & Gas

El Gobierno italiano anuncia la venta del 2,8% de su participación en ENI

La operación garantizaría una recaudación de aproximadamente 1.400 millones de euros para las arcas estatales

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El Ministerio de Economía y Finanzas italiano ha anunciado un procedimiento acelerado de venta del 2,8% de su participación en el gigante de hidrocarburos ENI, por lo que pasará a controlar directamente el 1,9%, aunque se sigue asegurando el control público con la participación del banco público 'Cassa Depositi e Prestiti'.

A los valores bursátiles actuales, la venta garantizaría una recaudación de aproximadamente 1.400 millones de euros para las arcas estatales.

El ministerio anunció que ha dado mandato para la operación a un consorcio de bancos integrado por Goldman Sachs International, Jefferies y UBS Europe SE como Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners, "con el objetivo de promover la colocación de las acciones con actores calificados, inversores en Italia y inversores institucionales extranjeros", según la nota.

"Como parte de la operación, el ministerio se ha comprometido a no vender más acciones de la compañía en el mercado durante un período de 90 días", agregó.

La venta de ENI

Con esta operación el Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, sigue adelante con su plan de privatización de algunas compañías y con la venta del 2,8% del grupo queda así en el 1,9% del capital, respecto al 4,797% que poseía.

El control público sobre ENI, sin embargo, sigue garantizado por la participación del banco público Cassa Depositi e Prestiti, que posee el 28,503% del capital.

Los rumores sobre la venta de la participación ya habían circulado en enero pasado, aunque el Ejecutivo, a través del subsecretario del ministerio de Economía, Federico Freni, había recordado que "no hay prisa por privatizar, pero se privatizará bien, en el momento adecuado, en los momentos adecuados".

En el documento programático de la economía italiana presentado en 2023 se prevé, durante los próximos tres años, unas ventas de participaciones estatales equivalentes al 1% del PIB.

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