Greenpeace ha presentado este viernes ante la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo un recurso de alzada contra la autorización a Repsol para buscar petróleo en aguas de Canarias, y pide que de forma inmediata se paralice el permiso a la petrolera.
Las principales razones que sustentan el recurso se relacionan con defectos formales del procedimiento administrativo debido a la incorrecta apertura del trámite de información pública y a la falta de transparencia del mismo.
También denuncia deficiencias en la documentación aportada y la escasa calidad técnica de la evaluación de impacto ambiental realizada.
Según la organización ecologista, todo ello ha minimizado los impactos que van a tener las prospecciones sobre la fauna y los ecosistemas marinos, y sobre sectores como la pesca o el turismo, cuyas actividades dependen en gran medida de la calidad de las aguas y playas.
Tampoco se han considerado adecuadamente cuestiones básicas como el abastecimiento de agua potable para la población de las islas orientales que depende casi en exclusiva de la desalinización del agua del mar.
Industria "ha trabajado para favorecer y facilitar la actividad económica de una empresa, Repsol. No se ha escuchado ni tenido en cuenta los datos científicos aportados por decenas de organizaciones ni por las administraciones de las islas", afirma Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace.
"Esta actuación antidemocrática del Gobierno será contestada por la sociedad civil con todas las herramientas jurídicas y de movilización social que estén a nuestro alcance para frenar las prospecciones", ha concluido Barea.
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