Hace ya más de un mes que la Comisión Europea aprobó un documento en el que advertía que cualquier compensación reconocida en un arbitraje internacional por el recorte a las renovables es una ayuda de Estado y por tanto debe ser suspendida y notificada a Bruselas, como ya adelantó El Confidencial.
"La noticia ya salió hace tres semanas, es una decisión que ha tomado la Comisaría de Competencia europea pero no es una decisión definitiva", explica Daniel Pérez, abogado de la comercializadora Holaluz, "y es verdad que la Comisión Europea deja caer que los arbitrajes tendrán problemas de ejecución pero ésa es su postura".
Este texto surge a raíz de que "el 22 de diciembre de 2014, las autoridades españolas notificaron a la Comisión, de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, su régimen retributivo específico de remuneración para apoyar la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y desechos". Para Europa, "como España implementó el sistema antes de que lo notificara a la Comisión, el caso se transfirió al registro de ayuda ilegal".
No sería la primera vez. Hay un precedente en el que se mezclan ayudas de estado y laudo arbitral, el conocido como “asunto Micula”. En ese caso, Rumanía eliminó anticipadamente un mecanismo de incentivos a la inversión en el marco de un acuerdo Rumanía-Suecia. Varios inversores suecos iniciaron un arbitraje internacional contra Rumanía y el CIADI les dio la razón en un laudo de diciembre de 2013.
Pero después, la Comisión Europea dijo que, si Rumanía pagaba a esos inversores, en ejecución del laudo, se estaría incumpliendo la normativa europea de ayudas de Estado. Así que finalmente no pagó.
"El caso Micula no está cerrado, porque esas empresas lo han recurrido y ahora lo tiene que decidir el Tribunal de Justicia de la UE", añade el letrado de Holaluz, "el tema se ha convertido en una batalla jurídica enorme, porque la Comisión Europea quiere tener ese poder para decidir sobre si son o no ayudas de Estado, independientemente de lo que diga un tratado internacional, incluso lo que digan los Estados, si consideran que es una competencia que debe ser suya y que la Comisión no puede intervenir".
"La Unión Europea explica claramente que es una ayuda de Estado", explica Juan Castro-Gil, abogado de la asociación fotovoltaica Anpier, "lo que viene a decir la Comisión es que según su opinión, las cantidades a las que pueda ser condenada España por laudos en los que participen países de la Comunidad Europea precisarán convalidación de la Comisión de Competencia de la UE".
El experto jurídico de Anpier señala que "el arbitraje internacional tiene la misma naturaleza que el Tratado de la Carta de la Energía, o los acuerdos comerciales como el ZETA o el TTIP, que han sido suscritos por los países y no por la UE, por lo que si resulta que el día de mañana surge un arbitraje en alguno de estos ámbitos, ¿también decidirá la Comisión Europea?".
"Incluso otros casos como la protección de inversiones o los acuerdos bilaterales, como fue lo que ocurrió entre Suecia y Rumania", apuntilla Daniel Pérez, "ahora es el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) quien tiene que decidir, y si dice que cualquier pago que se haga en base a un laudo arbitral es una ayuda del Estado, entonces tendrá que remitirse a la Comisión, lo cual no quiere decir que esos pagos sean ilegales, sino simplemente que la CE deberá decir si son compatibles o no con la normativa europea".
En ese caso, la Comisión consigue su objetivo: tener el poder de decidir. "Si el TJUE falla a favor del Estado (Rumanía en este caso), España no tendrá que hacer esa petición, pero si falla a favor de la Comisión Europea, España podrá acogerse a que debe esperar a que Europa se pronuncie, y hasta que no lo haga no te puedo pagar nada". Es decir, que España podría evitar pagar 7.565 millones de euros reclamados en total por inversores internacionales.
En definitiva, "la decisión de la justicia europea es muy importante, podría ser una vía de la que ya se lleva hablando varios años, por eso no se están animando más empresas a seguir por el camino de las demandas en los arbitrajes internacionales", explica Daniel Pérez, "antes había tres escenarios posibles, uno era que se anularan todos los recortes, otro que se devolvieran todos los importes al considerarse una ayuda de Estado y otra que se mantengan con la rentabilidad razonable del 7,39% actual".
Ahora, con el posicionamiento de la Comisión Europea, "ya solo quedarían dos escenarios, o que se quiten los recortes, algo muy poco probable en España, o que se mantuviera el 7,39%, lo que eliminaría la inseguridad y los riesgos que existen hasta ahora, así que, sea como sea, ha sido una buena decisión, pero es una batalla jurídica abierta que habrá que esperar a 2018 para ver qué ocurre", concluye el experto.
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