Muy pronto después, tres eventos sacudirían el mundo entero provocando terremotos sociales, políticos y económicos de proporciones bíblicas: la pandemia covid, la guerra en Ucrania y recientemente la invasión israelí en Gaza. El primero de la serie perturbó, aunque temporalmente, las cadenas de suministro de productos industriales desde China. El segundo cortó, por ahora definitivamente, el suministro de gas natural desde Rusia, un combustible fundamental para las economías de Europa, sin la cual es muy difícil que funcionen. Y el último puede causar problemas con el suministro de petróleo si el conflicto se aumenta implicando a los países del Golfo Pérsico, más volver a dificultar el suministro de productos industriales desde China, si al final el tránsito de barcos por el Mar Rojo queda bloqueado.
Es lógico que los tres eventos hayan llevado a la Comisión Europea a acelerar e intensificar el Pacto Verde Europeo. En mayo de 2022 presenta REPowerEU, un plan dotado de fondos para ahorrar energía, producir energía renovable y diversificar las fuentes de nuestra energía. En febrero de 2023 se presenta el Plan Industrial del Pacto Verde (The Green Deal Industrial Plan), también bien dotado de fondos europeos (InvestEU), cuyo objetivo es reindustrializar Europa entera, sobre todo con aquellas industrias clave para conseguir la independencia energética y la neutralidad climatológica.
Las perspectivas de nuevos proyectos industriales
No es de extrañar que la diligencia de la Comisión Europea haya motivado a muchos emprendedores e inversores a elaborar proyectos industriales para implantar en Europa, sobre todo en sectores relacionados con la energía renovable: células y módulos fotovoltaicos, baterías de vario tipo, electrolizadores para hidrógeno, obleas de silicio para microchips electrónicos y células fotovoltaicas, componentes electromagnéticos y un largo etcétera.
Para limitarme a mi propio ámbito, él de los proyectos fotovoltaicos, puedo afirmar en mi calidad de economista, que cada uno de los proyectos elaborados y presentados hasta el día de hoy sería perfectamente rentable si se mantuvieran los precios energéticos e industriales que se llegaron a pagar en 2022 cuando el precio de los módulos fotovoltaicos subió hasta 0,40 €/Wp, habiendo sufrido dicho precio una tendencia a la baja casi constante hasta 2020 cuando llegó a cotizar 0,17 €/Wp.
Sin embargo, en 2023 volvió a bajar en Europa el precio de los módulos fotovoltaicos espectacularmente hasta apenas 0,15 €/Wp debido a dos factores: las medidas protectoras tomadas en EEUU contra productos industriales procedentes de China y la sobreproducción en aquel país, provocando un exceso de oferta en Europa que tira los precios abajo.
Entretanto aparecen cada vez más estudios y análisis que prevén bajadas aún más espectaculares del precio de los módulos fotovoltaicos desde ahora a 2030 dejándolo apenas en 0,09 €/Wp en aquel año. He de admitir sin embargo, que los avances tecnológicos que se avecinan sobre todo en los procesos de producción sin duda alguna contribuirán a que tales bajadas sean posibles. Dichos avances incluyen la heterounión en vez de la homounión (nada que ver con las uniones sentimentales entre seres humanos) en la fabricación de células fotovoltaicas, la incorporación de nuevos materiales superconductores como la perovskita, la sustitución de la plata por cobre o el uso de tecnologías laser en vez de hilo de diamante en el corte de las obleas.
Fig. 1: Planta de producción de módulos fotovoltaicos.
Sin embargo, tales avances por sí solo no puedan explicar bajadas de precio tan espectaculares, ya que los procesos de fabricación de productos de alta tecnología tienen dos componentes importantes invariables que establecen un suelo en los costes unitarios del cual el precio no puede bajar sin poner en peligro la rentabilidad del proyecto, independientemente del lugar donde se fabriquen. Estos componentes son:
La recuperación de la inversión;
Los costes laborales;
La recuperación de la inversión
Cualquier proyecto industrial requiere inversiones en maquinaria y tecnología muy altas, que además tienen que recuperarse en relativamente poco tiempo: en mercados de alta tecnología, que además son muy competitivos, la amortización de las inversiones por regla general no puede extenderse más allá de los siete años. En algunos casos la recuperación de la inversión puede suponer hasta un 30% del coste por unidad de producto vendido.
Los costes laborales
Los sectores de alta tecnología se caracterizan por procesos de fabricación altamente automatizados con mano de obra calificada, la cual, si en países desarrollados ya es cara, en países de bajos costes laborales aún más por su escasez. El gran país industrial que hoy en día es China ya no se puede considerar un país de costes laborales bajos y también para aquel país es cada vez más difícil competir a base de costes laborales.
Fuentes de competencia desleal
Quedan sin embargo dos otros componentes que sí pueden dar márgenes considerables para reducir el coste unitario. Estos son:
La energía y demás suministros;
Las materias primas;
La energía y demás suministros
La energía tiene un peso importante en los costes unitarios. Es de dominio público que China es responsable de un 30% de las emisiones de CO~2~ en el mundo con tendencia a la alza (en comparación: EEUU un 11% y la UE un 7%, ambos con tendencia a la baja). Gran parte de estas emisiones la causa el parque de generación eléctrica de aquel país, de que más de la mitad consiste de grandes centrales de carbón cuyo origen mayoritariamente es local con ínfimas costes de extracción. De esta manera China se asegura de electricidad baratísima para alimentar su industria, algo que en Europa evidentemente no sería posible.
Las materias primas
En los sectores que nos interesan en Europa las materias primas llevan el grueso de los costes, cuyo peso suele oscilar entre el 50% y el 80% de los costes por unidad de producto. Quien consiga controlar los precios de las materias primas podrá competir con éxito.
La materia prima por excelencia de los módulos fotovoltaicos es el polisilicio, cuya producción requiere de ingentes cantidades de energía, que, como hemos visto, en China se consigue de manera muy barata. Además, la extracción y procesamiento de la materia prima del polisilicio, el silicio de grado industrial, se concentra en la región china de Xinjiang (Turquestán Oriental o Uiguristán) donde hay fundadas sospechas que la población autóctona está sometida a una despiadada explotación laboral en una serie de industrias, entre las cuales la del polisilicio. China consigue de esta manera poca ética algunas ventajas competitivas que en Europa por motivos obvios no serían posibles de obtener.
Fig. 2: planta de producción de polisilicio.
Por último, no hay que descartar la posibilidad que las empresas chinas tengan que vender por debajo del coste unitario para realizar los precios previstos, lo cual indicaría una disponibilidad inequívoca de iniciar un conflicto comercial de larga duración con la Unión Europea, presuntamente con el objetivo de frenar en seco cualquier intento de reindustrialización en nuestro continente.
Otros ejemplos de prácticas abusivas
China ni es el único país, ni la industria auxiliar de las energías renovables el único sector con sospechas de servirse de la explotación laboral para conseguir ventajas competitivas. Otros ejemplos flagrantes son la minería del coltán en el República Democrática del Congo, donde mujeres y niños trabajan a destajo más de 12 horas diarias por sueldos de miseria para extraer manualmente el codiciado mineral, esencial para todos los dispositivos electrónicos. Sin embargo, no fue antes del auge de los vehículos eléctricos, cuyas baterías requieren de ingentes cantidades de materiales que se extraen del coltán para funcionar, que la explotación infantil cogiera proporciones tan descomunales en la minería del coltán.
Fig. 3: minería de coltán en África.
Otro foco de explotación laboral, esta vez de mujeres, siempre ha sido la industria de textil en países asiáticos como China, Indonesia, Camboya, India, Bangladesh y Sri Lanka y los países americanos menos desarrollados como Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, alimentada por la exigencia de bajos precios y el frecuente cambio de gustos según las idas y venidas de la moda entre el público de los países importadores. Ambos factores fomentan el uso de materiales sintéticas baratas que dificultan su reciclaje y suelen terminar por tanto en vastos vertederos de ropa usada en África y Suramérica provocando graves desequilibrios ambientales en estas zonas ().
Fig. 4: Vertedero de ropa usada en playa de Ghana (similares hay en el desierto de Atacama en Chile).
El certificado social ambiental
Necesidad imperativa
Competir explotando a colectivos vulnerables o destrozando el medio ambiente es fácil, pero no es ni ética ni económicamente justificable: mantiene a las víctimas en la miseria, acumula la factura ambiental que algún momento tocará pagar e impide un desarrollo económico y social equilibrado, tanto en los países exportadores como importadores de productos fabricados de esta manera.
El comercio internacional es bueno y puede traer grandes riquezas, pero lo mínimo que se pueda exigir a cualquier producto importado es que se haya fabricado con el mismo rigor laboral y ambiental que exigimos de productos fabricados en nuestra propia Europa. La manera por excelencia de impedir que productos “contaminados” social y ambientalmente entren en los mercados europeos es exigir que cada producto que se comercialice en Europa, esté éste fabricado dentro o fuera de Europa, obtenga un certificado que acredite que cumpla con ciertos estándares sociales y ambientales, que se podría llamar el “Certificado Europeo Social Ambiental (CESA)” o “European Social Environmental Certificate (ESEC)” en inglés.
Estándares por producto
Como el proceso de fabricación de cada producto es diferente, habría que determinar estándares sociales y ambientales característicos de cada producto y de cada sector y además para toda la cadena de valor del producto.
En el caso de los módulos fotovoltaicos hemos visto que los elementos críticos son la energía y la extracción y fabricación de materias primas. En el caso de las baterías de los vehículos eléctricos es la extracción del coltán, el del textil es el propio proceso de fabricación, mientras en el caso de productos agrícolas es el uso de productos fitosanitarios prohibidos en Europa por su toxicidad para seres humanos y medio ambiente.
Certificados empresariales
Ya que una misma empresa suele fabricar múltiples productos, se podría extender el CESA a las empresas. La empresa que lo obtenga podrá demostrar que todos los productos que fabrique cumplen con los estándares europeos sociales y ambientales para cada uno de sus productos y sus cadenas de producción.
Auditorías
Evidentemente las empresas fabricantes en los países productores (los europeos incluidos) tendrán que permitir auditorías hechas por expertos designados para tal fin por la Unión Europea. Estas auditorías se harán periódicamente sin aviso previo o después de recibir denuncias de incumplimiento, que tendrán que ir acompañados de pruebas y en su falta, de una sólida motivación.
Régimen transitorio
Dado el estado de absoluta dependencia de importaciones chinas en que nos hemos maniobrado en Europa los últimos 20 años, no podemos prescindir de estas de inmediato aplicando el certificado. Tiene que haber un período transitorio antes de que se aplique el CESA de pleno, durante el cual se intenta conseguir suficiente capacidad productora en Europa que pueda sustituir si no la totalidad, por lo menos una gran parte de la importación.
Evidentemente los costes unitarios en este período transitorio serán más altos que los precios que se paguen por el producto importado y inevitablemente las empresas que fabriquen en Europa necesitarán ayudas financieras para poder ser rentables.
Precios garantizados con mecanismos correctores
Establecer aranceles contra productos importados de ciertos países no va a funcionar, ya que los países sancionados siempre pueden utilizar terceros países para exportar sus productos. Sin embargo, un método que sí funciona con probada eficacia es él de los precios garantizados. Siguió vigente en la Unión Europa (entonces Comunidad Europea) desde 1957 hasta 1992 para todo el sector ganadero y agrícola.
La gran obsesión de entonces en la Comunidad Europea fue conseguir la independencia alimenticia para los estados miembros después de la devastación de la segunda guerra mundial. Se decidió que los ganaderos y agricultores recibieran un precio garantizado por sus productos para compensar los mayores costes de producción respecto a sus competidores no europeos. El éxito fue tal que no solo se consiguió la ansiada independencia alimenticia, sino que décadas después nos encontráramos con “montañas de mantequilla”, “charcos de leche” y “lagos de vino”, es decir insostenibles excesos de producción que no se podían vender al tratarse de productos perecederos.
El problema no fue el sistema de precios garantizados en sí, sino su ejecución al no incluir mecanismos correctores, como por ejemplo topes de producción o de tiempo; no fue hasta 1984 cuando se introdujera un sistema de cuotas en un intento de limitar estos excesos de producción. En 1992 se abandonó el sistema de precios garantizados. El error de no incluir mecanismos correctores se repetiría más tarde en España en la primera década de este milenio con las primas a la generación de energía renovable.
Por tanto, un eventual nuevo sistema de precios garantizados para productos objeto de CECA’s ineludiblemente ha de tener los siguientes mecanismos correctores si no queremos volver a terminar con excesos de producción o déficits presupuestarios:
Un máximo anual de producción garantizado en todo el conjunto de la UE;
Un esquema de bajadas sucesivas del precio garantizado en función de bajadas previstas de costes de producción por progresos tecnológicos, si éstos existen;
Un plazo máximo de vigencia, prolongable en caso de extrema necesidad.
El sistema SDE+, que se utiliza en Países Bajos para los precios de electricidad a percibir por las instalaciones de energía renovable, tiene mencionados mecanismos correctores y siempre ha funcionado satisfactoriamente en el sentido de que garantiza un precio fijo por la electricidad generada, pero gracias al máximo a garantizar que se establece cada año y la vigencia limitada de cinco años (2023 sería el último año), nunca ha generado excesos de producción o problemas presupuestarios.
Se deroga el sistema de precios garantizado cuando:
Se consiga en Europa una capacidad de producción crítica suficiente para sustituir si no la totalidad, por lo menos una muy gran parte de la importación;
El CECA esté completamente implantado para los productos en consideración.
Una vez que el CECA esté en pleno funcionamiento la industria europea podrá competir en igualdad de condiciones con productores en terceros países, ya que estos últimos también han de respetar de manera verificable el medio ambiente y los derechos laborales, con lo cual sus costes de producción se aproximarán a los de Europa. Es más, por cercanía los productores europeos siempre tendrán a su favor una mayor fiabilidad y servicio post venta.
Evidentemente las guerras comerciales no se podrán evitar, pero éstas tienen un recorrido muy corto, ya que suelen terminar en la quiebra de la parte que las empiece. En todo caso, dadas las actuales condiciones de desventaja comercial artificialmente creadas por tolerar vulneraciones de derechos laborales y contaminaciones ambientales, el CECA será una herramienta fundamental para recuperar nuestra independencia industrial, mantener nuestra independencia agrícola y conseguir nuestra independencia energética.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios