El futuro de la central nuclear de Almaraz, pilar del sistema energético español, entra en una nueva fase de incertidumbre. Las empresas propietarias – Iberdrola (con aproximadamente un 53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECORD) – han decidido aplazar hasta junio la reunión crucial que tenían prevista para este mes de mayo, tal como informa elEconomista.es. El objetivo del encuentro es forjar una postura unificada sobre la posible extensión de la vida útil de la planta, que luego presentarán al Gobierno.
Este aplazamiento se produce en un momento crítico. Según el calendario pactado en 2019 entre el ejecutivo y las eléctricas e integrado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la central cacereña es la primera en la hoja de ruta del apagón nuclear español. Su reactor I tiene fecha de cierre para el 1 de noviembre de 2027, y el II para el 31 de octubre de 2028 marcando el inicio de un proceso que debería culminar con el fin de la energía nuclear en España para 2035.
Sin embargo, crecen las voces que cuestionan la idoneidad de mantener este calendario. Las empresas propietarias, junto con sectores industriales, económicos y algunas administraciones regionales como la de Extremadura, esgrimen varios argumentos a favor de la prórroga. Subrayan el papel fundamental de Almaraz en la seguridad del suministro, aportando de forma estable cerca del 7% de la demanda eléctrica nacional – una energía base difícilmente sustituible a corto plazo solo con renovables intermitentes, como señalan diversos análisis técnicos.
Mantenerla operativa
Argumentan que mantenerla operativa reduciría la dependencia de las importaciones de gas, especialmente en un contexto geopolítico volátil, ayudaría a contener los precios de la electricidad y evitaría un aumento significativo de las emisiones de CO2 al no tener que recurrir a ciclos combinados de gas para compensar su ausencia. Además, alertan del fuerte impacto económico y laboral que el cierre tendría sobre la comarca, cifrado en miles de empleos y millones de euros.
El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, ha reiterado oficialmente su compromiso con el calendario de cierre establecido en el PNIEC (según declaraciones recogidas por medios como El Periódico de la Energía y Público). No obstante, también ha manifestado disposición al diálogo con las compañías, y se han producido contactos con la Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, como apunta La Vanguardia. La presión política aumenta, con partidos de la oposición y gobiernos regionales pidiendo reconsiderar la decisión.
Mientras tanto, informes técnicos como el del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales (CGCOII) y análisis de consultoras (mencionados por Grupo ASE citando a PwC) advierten de las posibles consecuencias negativas del cierre: mayor riesgo para la estabilidad de la red eléctrica, incremento de la volatilidad de precios, y potencial compromiso de la seguridad de suministro en zonas de alto consumo como Madrid.
Honest
02/05/2025