A falta de poco más de una semana de que se disuelvan las Cortes, los partidos políticos se han enzarzado en una lucha por salirse con la suya para renovar o continuar con las prórrogas de los miembros del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Tras la decisión del gobierno de nombrar a los consejeros que sustituirán a los que han finalizado sus años de mandato, Elvira Romera Gutiérrez, Mª Pilar Lucio Carrasco a propuesta del PSOE, Francisco Castejón Magaña, a propuesta de Unidos Podemos, y Josep Mª Serena i Sender del PDeCAT, y de que la Mesa del Congreso de los Diputados, con mayoría del PP y Ciudadanos, lo bloqueara cuatro días después, todo depende de un informe jurídico de los letrados.
Hay malestar en estos grupos por el perfil de algunos de los aspirantes, especialmente de Pilar Lucio, que es diputada socialista y portavoz de Energía en su grupo parlamentario, y de Francisco Castejón, debido, apuntan, a su perfil "claramente antinuclear".
Estas formaciones han mostrado su rechazo alegando que el gobierno busca politizar las instituciones y nombrar a sus afines antes de terminar su mandato en esta legislatura, pese a que tres de los actuales consejeros (incluido el presidente, Fernando Marti), lo son al grupo popular.
Un informe que deberá listo antes de la próxima reunión de la Mesa, es decir, mañana martes, y que según ha podido saber El Periódico de la Energía, ya tiene en sus manos la presidenta del Congreso, Ana Pastor, desde el pasado jueves. "Esperemos que la Mesa no retenga el informe porque en realidad su decisión de dar luz verde a la comparecencia y posterior votación de estos nombramientos en la Comisión de Transición Ecológica se trata de un trámite burocrático, es decir, su función es la de regular el tráfico de órdenes del día de las distintas comisiones para evitar que se acumulen los asuntos a tratar", explican fuentes internas del CSN a este diario, "pero no hay ninguna razón legítima para hacerlo, ya que el presidente de esta Comisión", el socialista José Juan Díaz Trillo, "ha impulsado la convocatoria para el próximo miércoles 27 de febrero, y sería un acto de filibusterismo político cualquier acción para intentar bloquearlo".
En el grupo "naranja" están a la espera de que se convoque la Comisión, si es que se convoca, pues aún no está en la agenda de la Cámara para la semana que viene, para "votar a dos manos" el rechazo a las cuatro propuestas del Gobierno, según una diputada de esta formación.
También lo que hayan resuelto los servicios jurídicos será determinante para saber si es posible que se puedan nombrar los nuevos cargos antes del próximo 5 de marzo, último día de actividad legislativa en las Cortes. "La normativa es clara respecto a esa posibilidad, el mes de plazo al que aduce el PP es en caso de que no se produzca la votación desde que se le comunican los candidatos propuestos por el Gobierno, pero como ya se sabe que no va a haber acuerdo, se darán automáticamente por aprobados los candidatos propuestos por el gobierno”, añaden las fuentes.
Sin embargo, si pese a todo, no se llega a tiempo, las fuentes aseguran que "es posible hacerlo incluso después de que se disuelvan las Cortes. Sería la Diputación Permanente quien podría nombrar a los candidatos, porque asume las funciones de las comisiones en el periodo electoral. Es cierto que habría que pedir otro informe jurídico para poderlo llevar a cabo, pero lo normal es que Ana Pastor no permita que se llegue a hacer esto".
"De todas maneras, si el Gobierno no hubiera tardado tanto en hacer ese trabajo, ya que sabían que entre diciembre y febrero había que renovar a cuatro de los cinco consejeros, no estaríamos en esta agónica situación y no hubiera habido ninguna discusión al respecto", concluyen las fuentes.
En definitiva, la clave está en el informe jurídico que ya está elaborado y presentado en la Mesa, aunque todo apunta a que confirmen lo que dicta la ley y pueda salir adelante el nombramiento. De ser así, el gobierno podría aprobar la decisión el próximo viernes en Consejo de Ministros.
Fukushima4ever
25/02/2019