La Cámara de Comercio de Barcelona ha pedido al Gobierno del Estado que “no discrimine a la industria catalana con tarifas eléctricas más elevadas”, en concreto entre un 15 y un 20 % superiores a las del País Vasco, algo que entiende como “una ruptura de la unidad de mercado”.
Según indica en un comunicado la Cámara de Comercio de Barcelona, el Gobierno ha aprobado un cambio en las tarifas eléctricas que entrará en vigor a partir de 2018 por el cual “una industria media ubicada en Cataluña pagará una factura eléctrica entre un 15 y un 20 % superior a otra de similar ubicada en el País Vasco”.
La cámara barcelonesa advierte de que “la unidad de mercado se rompe con esta decisión, que no tiene ninguna justificación económica ni empresarial” y concreta que “tendrá efectos económicos sobre los márgenes, la inversión y el empleo de más de 3.000 establecimientos industriales”.
Reclama, en este sentido, al Gobierno del Estado que “se amplíe la tarifa 6.2 a todas las instalaciones con potencia de 25kV o superior (25kV-72,5kV) para que no se produzcan situaciones de discriminación entre industrias similares que compiten entre sí”.
La modificación de la tarifa 6.2 para las industrias vascas para englobar las tensiones de 30kV a 36kV se ha producido como consecuencia del acuerdo firmado entre PP y PNV para la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2017.
Según la Cámara de Comercio de Barcelona, un acuerdo de estas características “supone una pérdida directa de competitividad para las empresas catalanas frente a las vascas”, y recuerda que en Cataluña la tensión habitual con la que opera la red de distribución es de 25kV, mientras que en otras zonas es superior, como por ejemplo 33kV.
“La lógica -recalca la Cámara de Comercio de Barcelona- lleva a pensar que las dos tensiones deberían tener el mismo precio, y esto fue así hasta 2014, pero a partir de 2015 se creó una nueva banda de peaje, de entre 30kV y 36kV, que tenía un precio de acceso un 16 % inferior aproximadamente al de tensión inferior a 30kV”.
La misma cámara advierte que “este agravio comparativo tiene unas evidentes consecuencias económicas entre industrias similares ubicadas en diferentes territorios, y se ha ampliado con el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2017”.