La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cree necesario revisar la tasa de retribución financiera de la actividad de distribución de energía eléctrica para el próximo periodo regulatorio, que comienza el 1 de enero de 2020, para adecuarla al coste de los recursos, que ha descendido.
Ésta es la conclusión a la que llega el organismo regulador en el informe económico-financiero sobre las principales empresas distribuidoras -Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo- en el periodo 2013-2016.
El análisis de ese periodo es especialmente relevante porque permite observar el impacto de los cambios normativos introducidos en el marco retributivo de esta actividad por los reales decretos aprobados en 2013.
La cifra de negocio de las principales distribuidoras ha pasado de 5.214 millones de euros en 2013 a 5.471 millones en 2016, lo que supone un incremento del 5 %, impulsada por el aumento de los ingresos regulados.
La retribución reconocida supone más del 90 % de la actividad de las distribuidoras y en torno al 30 % de los costes regulados del sistema eléctrico.
En ese periodo, las inversiones en inmovilizado material se han mantenido, según la CNMC, en valores constantes, superiores a los 1.000 millones de euros al año.
Por otro lado, las empresas han recortado sus gastos de explotación, que han pasado de 1.348 millones a 1.139, y su personal se ha reducido un 9 %, de 9.877 a 8.990 empleados.
En este contexto, la rentabilidad económica, medida a través del ROI, ha subido del 6,57 % de 2013 al 8,16 % de 2016. Del mismo modo, la rentabilidad financiera ha pasado del 8,84 % al 12,32 %.
El marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,5 %, que se aplica sobre el valor neto de los activos en servicio al cierre de 2014. Esta tasa se aplica también a los activos puestos en servicio desde el 1 de enero de 2015.
Por todo ello, la CNMC considera necesario revisar la tasa de retribución financiera de la distribución mediante una metodología que la adecue al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que ha evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio.