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El 12 de noviembre el Gobierno presentó ante el Congreso la Planificación de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030. Es el documento que debe convertir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en líneas, subestaciones e interconexiones. Leído con atención, dice más de lo que parece: pone de manifiesto la distancia entre los objetivos del PNIEC, las nuevas demandas que la red debe atender y los plazos necesarios para construirla.

Hace unos meses defendíamos que España podía estar en el camino correcto, pero que ese camino había cambiado. El nuevo plan de red no lo afirma con esas palabras. Pero sus cifras apuntan en la misma dirección. La comparación no demuestra por sí sola que el PNIEC haya errado sus previsiones; sí muestra que sus objetivos y el escenario con el que se está dimensionando la red ya no coinciden.

La demanda que el PNIEC no vio

El propio Ministerio reconoce que las solicitudes de nuevos consumos eléctricos superan “con creces” lo previsto en el PNIEC. Por eso la planificación estudia un escenario de 375 TWh, frente a los 344 TWh del escenario PNIEC: un 9 % más y, según la serie peninsular utilizada en el documento, un 48% por encima de la demanda de 2025. Conviene precisar que los 375 TWh son un escenario de estudio, construido con un margen conservador ante la incertidumbre; no una previsión firme de consumo.

La brecha también se aprecia en las peticiones de conexión. Las solicitudes para producir hidrógeno multiplican por siete los 12 GW de electrolizadores previstos en el PNIEC. Para los centros de procesamiento de datos, la nueva planificación contempla atender 9,3 GW, frente a los 2.500 MW de potencia de computación que estima la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024. Son magnitudes relacionadas, pero no equivalentes: potencia de computación y capacidad de conexión eléctrica no miden lo mismo.

En total, la planificación prevé atender 47 GW de nuevas demandas, aproximadamente el 20 % del volumen solicitado. Incluye 12,4 GW para hidrógeno y derivados y 9,3 GW para centros de datos. Por tanto, el plan ya incorpora demandas superiores a las referencias del PNIEC y de la Estrategia de IA, aunque solo atiende una parte de las solicitudes. Y la capacidad de conexión prevista tampoco significa que toda esa demanda vaya a materializarse.

La conclusión es más precisa que afirmar que la planificación limita esas actividades a los objetivos actuales: el PNIEC necesita revisar sus previsiones de demanda industrial, para sectores de transporte, para servicios y para el sector residencial y primario; y, a la vez, distinguir entre solicitudes, proyectos viables y consumos que finalmente entrarán en servicio, así como las particularidades de cada sector, sin olvidarse de la distribución.

La energía renovable necesita tiempo y espacio
La promesa de flexibilidad de una instalación vale poco si no puede demostrar cuándo reduce su potencia, durante cuánto tiempo, qué efecto tiene sobre la red y cuánto cuesta ese servicio frente a otras opciones.

Una inversión para el final

El plan prevé invertir 17.143 M€ en la red de transporte, una cifra sin precedentes. El problema es el calendario: unos 14.300 M€, el 84 %, se concentran en 2028, 2029 y 2030. Solo el último año suma 5.400 M€.

El plan aún no está aprobado y después de su presentación ante el Congreso debe pasar por el Consejo de Ministros. El propio documento admite que tramitar estas infraestructuras lleva “muchas veces” más de seis años. Las dos nuevas interconexiones con Francia, por Navarra y Aragón, se sitúan más allá de 2030 y es preocupante cómo quedan las interconexiones entre zonas con alta generación de renovables y zonas con alta saturación de sus nodos de red. Una red que debía preceder a la electrificación llegará, en el mejor de los casos, a la vez que ella. El calendario de inversión es una señal de riesgo, aunque el gasto previsto y la entrada en servicio de cada infraestructura no sean la misma cosa pero todas condicionan la economía

El coste de no llegar

El plan compara varias alternativas. En el escenario sin nuevas actuaciones —con la red existente o ya muy avanzada— no podrían integrarse cerca de 29.000 GWh anuales de producción renovable y quedarían sin atender unos 3.600 GWh anuales de demanda. Habría que programar más generación térmica por restricciones técnicas, con más emisiones y costes. Es un escenario de referencia, no una predicción de lo que ocurrirá si se retrasa una actuación concreta; sirve para medir lo que está en juego.

La alternativa seleccionada reduce los vertidos renovables previstos al 2,57 %, frente al 12,24 % de ese escenario sin actuaciones. Pero la distancia entre ambos resultados subraya la importancia de que las obras se ejecuten a tiempo. Si un TWh renovable que no puede integrarse ha de sustituirse por gas, aumentan las emisiones y el coste del sistema. El propio plan sitúa en 82 €/t el precio del CO₂. También se aleja el objetivo del PNIEC de reducir las emisiones un 32 % respecto a 1990, que exige recortar más de 73 Mt en cinco años.

Una red para un parque que quizá no llegue

En generación, el plan no revisa las cifras del PNIEC: mantiene sus objetivos de potencia renovable y de almacenamiento. El PNIEC prevé alrededor de 160 GW de generación renovable instalada y 22,5 GW de almacenamiento en 2030. Nuestras estimaciones apuntan a una producción renovable más realista, de unos 350 TWh, frente a los 388,9 TWh previstos. Hoy hay unos 3,5 GW de baterías, con dos a cuatro horas de autonomía.

El almacenamiento sigue siendo el eslabón débil. El plan identifica dónde serían más útiles las baterías, pero no las convierte en parte de la red. Sin él, los ciclos combinados seguirán cubriendo las horas sin sol ni viento.

En estabilidad, el plan responde al apagón del 28 de abril de 2025 con compensadores síncronos, E-STATCOM y reactancias. Es necesario, pero insuficiente. El Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), clave para integrar renovables sin más líneas, “es voluntario”, admite el propio documento. Falta exigir almacenamiento e inversores grid-forming que aporten control de tensión e inercia.

¿Dónde está la infraestructura para la movilidad terrestre sostenible?
La potencia actual destinada al sistema público de recarga apenas supera 1 GW, lo que implica incrementarla más de un 700% en la próxima década para dar soporte real a la electrificación del transporte y a su industria asociada.

Un dilema sin salida fácil

El escenario de estudio de la planificación supone que la demanda eléctrica peninsular crecerá un 48 % entre 2025 y 2030, más de un 8 % anual. No es una certeza, sino una hipótesis que obliga a afrontar un dilema. Si la electrificación se acerca a ese ritmo, la red, el almacenamiento y la generación pueden llegar tarde, porque buena parte de la inversión se concentra al final del período. Si la demanda crece mucho menos, el PNIEC corre el riesgo de no alcanzar su objetivo de electrificación. En ambos casos, las previsiones y los plazos necesitan revisarse y mantener una vigilancia activa

Reconocerlo no es cuestionar la transición, sino hacerla posible. En esa línea, y tal como venimos haciendo en diversos artículos publicados, creemos importante tener en cuenta seis ideas:

  • Es necesario revisar el PNIEC con las cifras que ya maneja el propio Gobierno: las solicitudes de los centros de datos y del hidrógeno, una previsión realista de generación renovable y el papel del almacenamiento. Las solicitudes deben contrastarse con los proyectos que tengan posibilidades reales de ejecutarse.

  • Pensar en términos de planificación. Revisiones de la red cada dos o tres años, ligadas a indicadores reales de demanda y conexión, en lugar de ciclos de seis años.

  • Enfocar de otra manera las políticas de inversión. Aunque en 2026 se han ampliado los márgenes de inversión en las redes, los límites anuales ligados al PIB deben responder a las necesidades futuras de electrificación y seguridad del sistema, no solo a la evolución económica pasada.

  • El almacenamiento y los inversores grid-forming han de ser un requisito allí donde sean necesarios para la estabilidad y la integración renovable. El SRAP debería ser obligatorio en los nudos donde permita reducir vertidos y restricciones.

  • Implementar medidas para que los proyectos no encuentren resistencias en el territorio, identificando claramente cómo se producirán los retornos y beneficios para las comunidades afectadas.

  • Incidir más en el cambio cultural energético. No solo hay que desplegar infraestructuras, redes y transformadores. El cambio en las modalidades de consumo, la potenciación del autoconsumo y las estrategias de eficiencia han de tener un peso fundamental en cualquier estrategia futura frente al cambio climático.

El nuevo plan de red es un paso necesario y está mejor fundamentado que las versiones anteriores. Pero sus propias cifras muestran que el PNIEC, tal como está, no tiene garantizado llegar a tiempo. Revisar ahora las previsiones de demanda y acompasarlas con la generación, el almacenamiento y el calendario de la red es la mejor manera de evitar que en 2030 tengamos que explicar por qué no se cumplieron los objetivos.

Joan Ramon Morante es Catedrático de Física en la Universidad de Barcelona y exdirector del IREC (Instituto de Investigación en Energía de Cataluña).

Héctor Santcovsky, sociólogo y politólogo, exprofesor asociado de la Universidad de Barcelona, especializado en desarrollo sostenible.

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