Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra y sus socios en Guatemala, siguiendo la voluntad de las comunidades, celebran la renuncia de la empresa española Ecoener-Hidralia a construir una presa en el río indígena Cambalam, un proyecto que ha provocado graves conflictos: persecución, asesinatos, criminalización y encarcelamiento de líderes indígenas que defendían los derechos de sus comunidades. Finalmente el proyecto ha sido desestimado tras la campaña de presión internacional, con más de 20.000 firmas de apoyo.
La empresa ya había paralizado las obras hace meses en el departamento de Huehuetenango, así como retirado los cargos contra los líderes indígenas que fueron denunciados y encarcelados por rechazar la implantación de la hidroeléctrica en un territorio de gran valor ambiental, considerado sagrado por los pueblos indígenas Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti’. Sin embargo, no había renunciado oficialmente a la concesión, por lo que las comunidades temían su regreso en el futuro.
En un comunicado de la empresa, publicado en medios de Guatemala, reconocen que el proyecto “no ha adquirido la aceptación de una parte significativa de los habitantes del territorio en los que pretendía instalarse. Ecoener-Hidralia entró en Guatemala en el año 2007 con la intención de construir un proyecto hidroeléctrico en el río Canbalam, en el territorio indígena de Santa Cruz de Barillas.
La empresa se asentó en el país vulnerando los derechos de las comunidades residentes en la zona, violando el derecho a una consulta previa sobre la obra, libre e informada, y fomentando la represión contra los líderes de las comunidades que se opusieron a ella. Ante la falta de consenso, las propias comunidades realizaron una consulta popular, en la que más del 90% de la población se opuso de forma tajante al proyecto de la empresa gallega.
En 2015, Alianza por la Solidaridad (dentro de su campaña TieRRRa a favor de que las empresas respeten los derechos humanos y los recursos naturales) y Amigos de la Tierra, iniciaron un recogida de firmas para reclamar la desestimación de la obra y el fin de las acciones contra las poblaciones indígenas.
Finalmente, el pasado 4 de noviembre fueron todas ellas entregadas al embajador de Guatemala en España, Fernando Molina Girón. Unos días antes, el caso se presentó ante la ONU, de la mano de Amigos de la Tierra, como ejemplo de la necesidad de un tratado vinculante internacional que acabase con la impunidad de empresas multinacionales ante las violaciones de derechos humanos y ambientales que cometen con sus operaciones en el extranjero.
Cabe recordar que, según la investigación realizada por Alianza por la Solidaridad, la hidroeléctrica no aportaba ninguna mejora a las comunidades afectadas: ni en empleo, ni en servicios, ni beneficios sociales o medioambientales y, además, desde su nacimiento estaba inmersa en una controversia jurídica y social que arroja grandes sombras sobre el proyecto.
Para Alianza por la Solidaridad y Amigos de la Tierra esta renuncia pone de manifiesto la importancia de apoyar las reivindicaciones de los pueblos indígenas frente a la llegada de transnacionales que no tienen en cuenta los derechos de las comunidades.
Ambas organizaciones exigen que Ecoener-Hidralia cumpla con su palabra y abandone definitivamente el proyecto, así como cualquier otro intento en el futuro de comenzar otro macroproyecto en el territorio, a través de alguna de sus filiales. En este sentido, apoyan la necesidad de un tratado vinculante, a nivel internacional, que ponga fin al acaparamiento de recursos naturales por parte de grandes empresas, nacionales y extranjeras, con el apoyo de los gobiernos.
Jose Manuel
27/12/2016