El Foro Industria y Energía (FIE) ha advertido de que los consumidores industriales podrían enfrentar a partir de 2030 un sobrecoste de entre 26,6 y 42,75 euros al año por cada MWh de gas consumido, debido al nuevo Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS2) de la Unión Europea.
Este mecanismo, diseñado para gravar las emisiones de CO2 derivadas del consumo de gas natural en edificios y transporte, introduce una carga operativa permanente que obliga a las pymes, hasta ahora exentas, a revisar urgentemente su planificación estratégica, ha explicado el FIE en un comunicado.
El ETS2 "se presenta como un instrumento clave para la descarbonización, pero la realidad económica para la pyme supone una carga significativa desde el inicio", ha advertido.
El FIE ha cuantificado que, bajo el precio topado de 45 euros/tCO2 previsto hasta 2030, una empresa asumirá un gasto adicional de 8,55 euros por cada MWh de gas consumido, calculado con un factor estándar de emisiones de 0,19 kg CO2eq/kWh.
La factura del gas
Para algunas pymes industriales -como las del sector químico o aquellas cuyos procesos requieren altas temperaturas y vapor- este consumo puede alcanzar fácilmente el GWh anual, lo que se traduciría en un sobrecoste de 8.550 euros al año en este escenario base.
Aunque el sistema incorpora la Reserva de Estabilidad del Mercado (MSR), que libera permisos si los precios superan los 45 euros, su función es solo un 'freno de emergencia' frente a picos, sin eliminar este coste base, que el Foro destaca como ya significativo, especialmente para la pequeña industria.
El desafío económico del ETS2 se intensifica hacia 2030, cuando el tope de 45 euros/t será retirado y se espera un incremento sostenido del precio del carbono.
Ante este panorama, el Foro reclama medidas concretas para que este mecanismo no penalice a las pequeñas y medianas industrias.
Según el FIE, la asimetría de apoyo en el diseño del Fondo Social para el Clima prioriza hogares y microempresas vulnerables, dejando excluida a la pequeña y mediana industria, que debe afrontar las inversiones más onerosas.
Por otro lado, la efectividad del ETS2 requiere mecanismos explícitos y accesibles que faciliten a las pymes la adopción de tecnologías de cero emisiones, especialmente en sectores de difícil electrificación, donde la sustitución de procesos intensivos en gas es más compleja y costosa.
Estas ayudas son clave para que la normativa funcione como un incentivo real a la descarbonización y no solo como una carga económica, ha subrayado.
Asimismo, en su opinión, la dilación en la transposición de la directiva al ordenamiento español genera una inseguridad jurídica que paraliza las decisiones de inversión a largo plazo necesarias para esta transformación.
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