La Fiscalía de Argentina abrió una investigación para determinar si hubo delito en la firma del contrato entre las petroleras YPF y Chevron en 2013 para la explotación conjunta de un yacimiento de petróleo y gas en el país austral, informaron hoy a Efe fuentes judiciales.
En concreto, el fiscal federal Jorge di Lello inició las pesquisas a raíz de una denuncia planteada por el abogado Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción.
Esta situación se da después de que a finales de septiembre la justicia ordenara a YPF, controlada por el Estado argentino, entregar el contrato íntegro que firmó con Chevron a partir de una solicitud del exsenador socialista y actual diputado provincial de Santa Fe Rubén Giustiniani, quien inició el proceso en 2015 con una demanda para que se desvelara el contrato al sospechar que contiene cláusulas secretas.
Finalmente el acuerdo se hizo público y el 11 de octubre Giustianiani alertó de que "no fue un contrato firmado entre ambas empresas", sino por dos "compañías offshore -Chevron Overseas e YPF Shale Oil Investment I-", radicadas en los paraísos fiscales de las islas Bermudas y del estado de Delaware respectivamente.
En este sentido, el fiscal Di Lello dijo hoy a Efe que hay "toda una serie de triangulaciones con empresas offshore" y que por lo tanto es necesario estudiar si "es por una técnica inhabitual para uno que no está en el tema o esconde algún eventual elemento de relevancia penal".
Así, el miembro del Ministerio Público Fiscal rechazó que exista algún delito en el proceso y matizó que de momento es necesario investigar esas negociaciones "en la medida que hay una opacidad" y el contrato ha sido secreto durante mucho tiempo.
"No estamos imputando a nadie porque hay muchas sociedades intervinientes. (...) Hay un contrato de características oscuras que tiene un trámite de alguna medida y por diversas razones poco habitual y poco claro", remarcó el fiscal, quien señaló que ya se ha pedido información a las dos empresas, así como a organismos como la Auditoría General de la Nación y a la Comisión Nacional de Valores.
Además se ha solicitado la declaración testimonial del apoderado de YPF y de Giustiniani en la Fiscalía que dirige la investigación, que por el momento no tiene juzgado asignado.
El acuerdo fue rubricado por YPF y Chevron Corporation en 2013 y contemplaba la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en los yacimientos de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (oeste), una de las reservas de este tipo de recursos más grande del mundo.
Desde 2015, cuando Giustinianni solicitó que se hiciera público el acuerdo entre las dos empresas, se inició un proceso judicial durante el cual YPF, al apelar la medida, argumentó la necesidad de no hacer público de forma íntegra el contrato para salvaguardar el "interés público y el de sus accionistas, públicos y privados".
Según la petrolera, como consecuencia del acuerdo con Chevron se invirtieron, hasta diciembre de 2015, 4.700 millones de dólares, de los que 3.433 millones fueron aportados por la empresa estadounidense, y se crearon unos 5.000 puestos de trabajo.
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