La flexibilidad de la demanda podría ahorrar 95 euros de media anual en las facturas energéticas de los hogares

La implantación efectiva de la flexibilidad de la demanda en el sistema eléctrico (DSF, por sus siglas en inglés) podría ahorrar 95 euros de media anual en las facturas energéticas de los hogares y un total de 2.539 millones de euros al año para el sistema eléctrico. Así lo concluye un informe elaborado por Octopus Energy junto a la consultora DNV, titulado Impulsando el futuro energético de España: la importancia vital de la flexibilidad de la demanda", presentado en el día de hoy en Madrid, señalando que esta herramienta, aún infrautilizada en el país, tiene un potencial decisivo para abaratar costes, mejorar la estabilidad de la red y acelerar la descarbonización.

Durante la presentación, Roberto Giner, CEO de Octopus Energy España, subrayó que la flexibilidad de la demanda consiste, en términos sencillos, en desplazar consumos domésticos hacia horas en las que el sistema tiene más energía renovable disponible. Según explicó, no se trata de pedir a cada ciudadano que esté pendiente del reloj, sino de permitir que la tecnología gestione automáticamente miles de dispositivos a la vez, desde baterías domésticas hasta vehículos eléctricos, para equilibrar la red y reducir los costes del sistema.

Giner recordó que el auge de instalaciones de autoconsumo y baterías domésticas ya es una realidad en España y que su adopción masiva será clave para que el país pueda integrar más generación renovable sin comprometer la estabilidad del sistema. Según señaló, Octopus Energy ha pasado de vender doce baterías domésticas al mes a superar las 490 en el último mes registrado. Solo en 2025 se prevé que se instalen unas 10.000 baterías residenciales de siete kilovatios, de las que la compañía espera comercializar al menos la mitad. “Esto no es el futuro, es el presente”, afirmó Giner.

Dos escenarios

El estudio de DNV confirma ese potencial. La consultora ha modelizado dos escenarios con igual capacidad flexible instalada, pero con distinto grado de aprovechamiento. En el escenario con una flexibilidad plenamente habilitada, la capacidad disponible en 2030 alcanzaría los 14 gigavatios (GW) para reducir consumo y 18 gigavatios (GW) para incrementarlo, gracias a tecnologías como vehículos eléctricos, bombas de calor, baterías detrás del contador o respuesta industrial, entre otras.

La activación de esta flexibilidad permitiría desplazar hasta el 11% de la demanda eléctrica anual, absorber energía renovable que hoy termina desaprovechándose y reducir los vertidos en un 73%, lo que equivale a unos 7 teravatios hora (TWh) al año. Además, las emisiones de CO2 caerían en 1,2 millones de toneladas anuales gracias a una menor dependencia de centrales fósiles.

El impacto económico sería igualmente significativo. El informe estima un ahorro anual de 2.539 millones de euros para el sistema eléctrico, resultado de la reducción de costes mayoristas y del descenso de inversiones en redes de distribución, compensados parcialmente por un aumento en los costes del mercado de balance derivado de una menor operación de centrales térmicas.

Para los consumidores, esto se traduciría en una bajada media de 95 euros al año en la factura eléctrica, a la que se sumarían 45 euros adicionales para los hogares con vehículos eléctricos que adopten la llamada "carga inteligente".

Sin embargo, estos objetivos sólo podran alcanzarse si se acometen las reformas pertinentes. Tanto Giner como María Miranda Castillo, analista de DNV, coincidieron en que el principal freno hoy es un sistema de reglas diseñado para un modelo eléctrico del pasado. Entre los obstáculos destacan la imposibilidad de que pequeños recursos flexibles —como baterías o cargadores domésticos— participen agregados en los mercados de ajuste, la obligación de medición en tiempo real incluso para servicios que no lo requieren y la falta de mercados locales de flexibilidad que permitan a las distribuidoras gestionar congestiones a menor coste

Recomendaciones

Así, el documento señala que sin reformas urgentes, España corre el riesgo de crear un sistema eléctrico de alto coste, incumpliendo sus objetivos energéticos para 2030 y desaprovechando miles de millones de euros en ahorros para los consumidores. Cogiendo de ejemplo en acontecimiento vivido el pasado 28 de abril en la Península Ibérica, la comercializadora y la consultora insisten en que el sistema eléctrico se debe replantear de inmediato para facilitar la transición energética, con activos, mercados y sistemas diseñados para redes de baja inercia, más dinámicas y con mayor flexibilidad y control de voltaje a través de sistemas de almacenamiento en baterías y la flexibilidad de la demanda.

Además, en el informe se hacen una serie de recomendaciones para abordar las barreras a la flexibilidad por parte del consumidor. Entre ellas, permitir la agregación de activos detrás del contador, eliminar los requisitos de medida en tiempo real para mercados que no son gestionados en tiempo real, permitir el acceso directo y en tiempo real a los datos del contador fiscal y permitir el submetering, garantizar que el DSF pueda acceder a los mercados de ajuste —permitiendo prestar servicios tanto mediante la exportación como la importación sin registrarse como generador— y, por último, incluir el DSF como una solución crítica y rentable para proveer balance y seguridad al sistema, añadir objetivos de DSF para el PNIEC y preparar una hoja de ruta para la DSF.