Una de las prioridades de Álvaro Nadal es que España deje de ser una isla energética, y para ello considera imprescindibles las interconexiones. Por eso, desde que en marzo de 2015 se firmara la Declaración de Madrid entre España, Francia y Portugal con el beneplácito de Europa, su máxima ambición ha sido aumentar la capacidad de intercambio, doblando desde los 2.800 MW actuales hasta los 5.000 MW. Y lo quiere conseguir mediante la primera interconexión submarina entre España y Francia, la del Golfo de Vizcaya.

Sin embargo estos planes chocan con la oposición de una buena parte de la población afectada por la infraestructura, especialmente del municipio de Gatica (Vizcaya), donde se pretende instalar la subestación que conectará el cable con Francia. Pero no solo, también movimientos ecologistas, ayuntamientos e incluso la Diputación de Vizcaya ve con cierto resquemor la nueva infraestructura.

Por eso, en el periodo que se abrió para presentar alegaciones, entre octubre y enero pasado, se llegaron a registrar más de 6.800 alegaciones contra el proyecto de interconexión por la cantidad de personas que hicieron suyos los mismos argumentos. Entre ellos se aducía a que "ya existe una capacidad eléctrica excedentaria, porque con la potencia máxima instalada en España, que es similar a la de Francia, solo utilizamos un 40% de las interconexiones existentes", explica Aitor Urresti, profesor de la Universidad del País Vasco y especializado en energías renovables.

"Un segundo argumento que se presentó en la mayoría de las alegaciones es el hecho de que incluso este año se ha aumentado la capacidad de interconexión gracias a la conexión de Caixas-Santa Llogaia en Cataluña", continúa Urresti, "y sin embargo, solo se ha utilizado puntualmente el 75% de la capacidad existente, sin contar con que 2017 fue un año de bastantes presiones en los precios. Entonces ¿para qué se requeriría duplicarla si la que hay no se usa? O al menos habría que preguntarse ¿es necesaria tanta capacidad, hasta los 2 GW?".

Otro de los puntos que se han presentado alude a los objetivos de interconexión según la Unión Europea. "En este caso se produce una paradoja bastante curiosa, donde España no cumple con los objetivos 2020 pero ya, a día de hoy, cumple con los que se diseñaron para 2030", explica el profesor universitario, "según se recomendaba en el informe del Comité de Expertos de Energía de la Unión Europea de noviembre de 2017, los umbrales específicos para los niveles de interconexión debían ser medidos en relación con el 15% de la electricidad generada, con lo cual España ya cumpliría y de sobra con ese objetivo a día de hoy, y por tanto, no necesitaríamos de nuevas interconexiones".

También había alegaciones que incluían asuntos relacionados con los riesgos a la salud, su impacto medioambiental o con la aprobación de los PICs (Proyectos de Interés Común) en la Unión Europea. En el caso concreto del Ayuntamiento de Gatica se hablaba incluso de defectos de formas.

Sin embargo, REE ya ha respondido a todas las alegaciones que se han presentado. Respecto a la capacidad eléctrica excedentaria tanto de Francia como de España, el operador del sistema considera que "seguimos teniendo una capacidad de interconexión muy limitada, por lo que la energía producida en exceso se desperdicia" y que el aumento de las renovables "no presenta garantía de potencia (firmeza en el suministro)", lo que supone que "se deba de disponer de una reserva de potencia adicional para hacer frente a la ausencia de la producción de energía renovable".

Respecto al aumento ya realizado de interconexiones, REE asegura que "pese a que la capacidad neta de intercambio se ha duplicado con la interconexión Baixas-Santa Llogaia a finales de 2015, la frontera franco-española mantiene una tasa de congestión del 75% (antes de la puesta en servicio de esta interconexión, la tasa de congestión era del 87,1%)", lo que refuerza la necesidad de más interconexiones.

Desafío tecnológico nunca hecho hasta ahora

El informe realizado por la CNMC y su homóloga francesa (CRE) reconocen que la ruta exacta de esta interconexión, sobre todo de la parte submarina es muy complicada. De hecho, las características geológicas del cañón submarino de Capbreton hacen que atravesarlo sea uno de los mayores desafíos en la implementación del proyecto, y por eso se prevé realizar una perforación marina subterránea por debajo del cañón como la mejor solución.

De hecho en el documento aseguran que "esta ruta submarina conlleva varios retos técnicos. La principal dificultad es el cruce del cañón de Capbreton, que se realizará mediante una perforación en dirección horizontal, una técnica ampliamente probada en tierra pero que requiere soluciones innovadoras para poder ser empleada en zonas marinas. Estas soluciones podrían beneficiar posteriormente a otros promotores. Además, el cruce del cañón submarino obliga a los promotores del Proyecto a incrementar la longitud del mismo en 70 km, debido a las grandes profundidades".

"Es algo tan pionero que no se ha hecho algo así nunca hasta la fecha", advierte Aitor Urresti, "estamos hablado de instalar un cable sobre el lecho marino que durante un tramo debe pasar por el cañón de Capbreton, de 3.500 metros de profundidad y que además se complica por las corrientes marinas, la erosión y la sedimentación que sufre". Por eso se pregunta "si estamos poniendo dinero en una tecnología que nadie conoce, una cantidad que podría multiplicarse visto la falta de experiencia que hay, y aún más, si hay una avería a 2.000 metros de profundidad, ¿se contempla cómo, quién lo solucionará y quién lo costeará? ".

En el próximo otoño, REE presentará su estudio de impacto ambiental, y se espera que la puesta en marcha del proyecto se produzca en el año 2025. El proceso de autorización se prolongará hasta mediados del 2020, permitiendo que la fase de construcción finalice en el segundo semestre de 2024.