España es un país muy vulnerable al cambio climático. La lucha contra el cambio climático requiere tanto la adopción de políticas y medidas como su aplicación de forma urgente, “sans-dèlais”, como el nombre del personaje que Larra retrató en su famoso artículo. Sin embargo, el retraso en nuestro país es dramático.
Para hacer frente a ese problema, nuestro marco jurídico tan solo recoge objetivos hasta el año 2020: son los objetivos 20-20-20 trazados por la UE en 2007. No obstante, se pone en duda si España logrará la consecución del objetivo relativo a obtener un 20% de la producción de energía a partir de fuentes renovables. Tan sólo restan dos años para adentrarnos en el 2020 y, por el momento, carecemos, de objetivos más allá de ese año. Esto a pesar de que en 2015, durante la COP21 de Cambio Climático de París, el Presidente Rajoy anunció su compromiso de adoptar una Ley que se denominará de Cambio Climático y Transición Energética. A punto de finalizar ya el primer trimestre de 2018, aún no se ha puesto sobre la mesa un borrador de Ley y el comité de expertos sobre escenarios de transición energética, establecido en Julio de 2017, no ha presentado aún su informe.
Por el contrario, el Reino Unido, en su Ley de Cambio Climático de 2008, ya introdujo objetivos de reducción de gases efecto invernadero a largo plazo: un 80% para 2050 en relación con los niveles de 1990 con un objetivo a medio plazo para el año 2020 de un 34%; además de haber establecido en sus presupuestos de carbono un objetivo de reducción del 57% para el año 2030. El Plan de Acción Climática de Alemania de 2016 recoge el objetivo de alcanzar prácticamente la neutralidad de emisiones para el año 2050. Esta neutralidad es la que se propone alcanzar para el año 2045 la ley sueca de cambio climático de 2017. Por su parte, la Ley francesa de Transición Energética para el Crecimiento Verde de 2015 establece un 40% para el año 2030 y un 75% para el año 2050 como objetivos de reducción de emisiones de GEI, siendo también 1990 el año base. Asimismo, el Gobierno francés presentó en 2017 el Plan Climat con medidas específicas para combatir el cambio climático para un período de cinco años.
No debemos olvidar los objetivos clave establecidos en el Marco de Actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030 acordado por el Consejo Europeo en octubre de 2014:
- reducción del 40% como mínimo de las emisiones de gases efecto invernadero en el conjunto de la economía, que es la contribución determinada de la UE y sus estados miembros en su conjunto presentada ante el Acuerdo de París.
- Aumento de la eficiencia energética de al menos un 30%.
- Una cuota de energía renovable en el consumo de la energía de la Unión de al menos un 27%.
- Un objetivo de al menos un 15% para las interconexiones eléctricas.
Fuente: Tercer Informe sobre el Estado de la Unión de la Energía
Estas metas actualmente están siendo objeto de negociación como parte del denominado Paquete de Invierno de la UE. De hecho, algunas han sido incrementadas por el Parlamento Europeo en la votación plenaria del 17 de enero de 2018, tales como al menos un 35% en la eficiencia energética y en la cuota de energía renovable.
Debemos tener en cuenta también que la Estrategia de la Unión de la Energía de febrero de 2015 hizo hincapié en la necesidad de una gobernanza integrada para garantizar el logro de los objetivos de la Unión de la Energía y, en particular, de los relativos al Marco de actuación en materia de clima y energía 2030. La base de esa gobernanza integrada está conformada por los planes nacionales integrados de energía y clima (PNECs). La Comisión Europea elaboró también en 2015 unas orientaciones para que los Estados miembros comenzaran a desarrollar sus planes para el período 2021 a 2030. Estos planes decenales son una parte fundamental del mecanismo de gobernanza contemplado en el Reglamento de Gobernanza de la Unión de la Energía.
Son ya muchos los países cuyo plan nacional se encuentra en un estado avanzado de elaboración, como es el caso de Alemania, Finlandia, Holanda, Hungría, Italia, Suecia y Reino Unido. A finales de 2017, nuestro país informó a la Comisión que se encontraba en la fase inicial de preparación del PNEC, desarrollando la base analítica para el mismo, y planeaba a llevar a cabo una consulta pública. Sin embargo, por el momento, esta consulta pública obligatoria como parte de la evaluación ambiental estratégica a la que debe someterse cualquier plan de las características de los PNEC aún no ha sido convocada. Esto resulta preocupante teniendo en cuenta que, a más tardar, el 1 de enero de 2019 los Estados miembro deberán comunicar a la Comisión su respectivo PNEC.
Resulta preocupante la parsimonia del Gobierno para hacer frente a un problema de tal magnitud como lo es el cambio climático. A la aplicación del método “vuelva usted mañana” se le suman acciones que van en sentido contrario al combate contra el cambio climático en el que está inmerso la comunidad internacional. Algunos ejemplos los encontramos en el mantenimiento de pagos por capacidad al combustible fósil, los obstáculos al desarrollo de las renovables, aquella propuesta de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica que, al parecer, se convertirá en proyecto de Ley, o la obstinación en impedir el cierre de dos centrales de carbón por parte de una empresa energética española o en mantener el carbón como una de las fuentes principales de energía de nuestro país a pesar no sólo de su contribución al cambio climático sino de sus impactos en nuestra salud y los costes que ello genera. Recordemos que en un estudio elaborado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente en 2017 pusimos de manifiesto que a la contaminación procedente de las 15 centrales térmicas de carbón españolas durante 2014 se le puede atribuir 459 hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 709 muertes prematuras, más de 10.500 nuevos episodios de asma en niños y pérdidas económicas de entre 800 y casi 1.700 millones de euros anuales.
Mientras con visión de futuro el Reino Unido y Canadá lanzaron en la COP 23 de Bonn la _Powering Past Coal Alliance _con el objetivo de lograr un rápido cese del uso del carbón de la que ya forman parte 26 países, 8 gobiernos regionales y 24 empresas y organizaciones.
Esta resistencia al cambio denota una visión cortoplacista, comprometiendo no sólo nuestro futuro sino el de las próximas generaciones de españoles.
La situación descrita no es solo contraria a las políticas internacionales y de la UE en materia de cambio climático sino que atenta también contra derechos humanos como el derecho a la vida o a la salud. De hecho, como resultado de un informe paralelo presentado por IIDMA junto con CIEL ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el 2 de febrero de 2018, este Comité dio un toque de atención al gobierno español pidiéndole que diseñe una estrategia sólida con dotación presupuestaria para el abandono del carbón con el objetivo de luchar contra la contaminación atmosférica y el cambio climático.
Igualmente, hemos presentado ante el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas otro informe instándole a que haga una serie de recomendaciones a España para que evalúe los impactos de la contaminación generada por las centrales de carbón en la salud y en el clima, que elimine esos impactos, que adopte un marco jurídicamente vinculante de lucha contra el cambio climático con el establecimiento de objetivos de reducción de emisiones de GEI para 2030 y 2050 y que desarrolle una estrategia que garantice el cumplimiento y aplicación de dicho marco por parte de todos los sectores económicos. Dichos objetivos de reducción de emisiones deben, como mínimo, estar en línea con los compromisos del Acuerdo de París
Desde IIDMA, donde trabajamos utilizando las herramientas que nos ofrece nuestro estado de derecho, seguiremos impulsando esa urgente e ineludible transición energética, haciendo hincapié en el desarrollo del marco normativo necesario para ello, así como en su correcta aplicación y cumplimiento. Todo ello es indispensable para lograr la justicia intra e inter generacional. En la lucha contra el cambio climático no vale el viejo mantra “vuelva usted mañana”, porque en esa lucha “mañana” ya es demasiado tarde.
Ana Barreira es Directora Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA)
Dabama
20/03/2018