Eléctricas

La política catalana se implica en el 'caso Solvay' para conseguir el perdón del Gobierno y mantener el empleo

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La planta de Inovyn Solvay en Martorell. FOTO: Eldelinux.

Se acaba el tiempo para Inovyn Solvay. La subasta de interrumpibilidad de 2015 para el próximo año se celebra el próximo lunes, y de momento, está fuera de la lista de proveedores que participarán en la misma. La empresa necesita el perdón del Gobierno, que en una resolución sin precedentes ha puesto contra las cuerdas a la compañía y sus 500 trabajadores. Ha dejado a la química sin poder participar en la subasta de 2015 y en la de 2016. Una decisión que dejaría la planta de Martorell en una situación económica complicada que hace peligrar cientos de puestos de trabajo.

Una tesitura tan drástica ha despertado la atención de algunos políticos catalanes, sobre todo de las administraciones más directas: el Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya, que muestran su apoyo a Inovyn Solvay y piden al Gobierno que actúe con sensibilidad.

El alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha dicho en Facebook lo siguiente: "El Ayuntamiento de Martorell apoya a los trabajadores y a la empresa Solvay-Inovyn en estos tiempos difíciles. Nos hemos puesto en contacto con la gerencia y los representantes de los trabajadores y estamos haciendo todos los procedimientos a nuestro alcance para ayudar a resolver la situación. La prioridad es el mantenimiento de los puestos de trabajo de cientos de familias en Martorell".

Por su parte, la Generalitat de Catalunya se pronunció este miércoles al respecto del 'caso Solvay'. Fue a través de un comunicado de la Conselleria de Empresa y Empleo que dirige Felip Puig. El conseller habló con el ministro de Industria, José Manuel Soria, y al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el pasado lunes 24 para pedir “sensibilidad” a la hora de abordar la situación de la fábrica de Inovyn Solvay.

El departamento de Empresa y Empleo asegura que llevará a cabo “todas las acciones que estén a su alcance” para acompañar a la firma, reconducir la situación y analizar posibles alternativas.

Lo que no cuenta la Generalitat son las reuniones mantenidas en anteriores semanas con responsables de Industria y de Red Eléctrica. El director general de Energía,Minas y Seguridad Industrial, Pere Palacín, trató de frenar la decisión sin conseguir éxito alguno. Los datos de Red Eléctrica son indiscutibles. La empresa falló en las tres órdenes de reducción de potencia.

Comparecencia de Soria

Pero el caso Solvay también ha llegado al Congreso de los Diputados. Joan Tardá, de ERC, ha pedido por Twitter la comparecencia inmediata del ministro Soria para que explique el conflicto surgido en el contrato eléctrico con Inovyn Solvay. "Están en peligro 500 puestos de trabajo", dice Tardá. No es el mejor sitio para decirlo. Podría haberlo pedido en la Mesa del Congreso.

No será extraño que otros políticos catalanes se sumen a esta ola de apoyo a los trabajadores y a la empresa. Las elecciones catalanas están a la vuelta de la esquina y  este conflicto con el Gobierno podría ser utilizado para su propio beneficio. Así juega la política en España cuando hay elecciones.

Tras más de un mes con este problema y sin haber obtenido resultado alguno, la empresa y los trabajadores han puesto la carne en el asador en el último momento para intentar conseguir un acuerdo con el Gobierno. Este jueves, el comité de empresa de la compañía ha convocado una concentración y darán una rueda de prensa para dar su punto de vista de la problemática situación. Acusan al Ministerio de Industria de inmovilismo, de dar la callada por respuesta y piden al Gobierno y a la compañía una solución. Quieren presionar al máximo. Su futuro está en juego.

Unificación de los CUPS

La compañía intenta por todos los medios obtener al menos el perdón del Gobierno y que le deje participar en las subastas de interrumpibilidad. Su decisión de optar por los 90 MW en la subasta de 2014 le puede salir muy cara si se mantiene la decisión de Industria.

Hasta ese año, Solvay nunca había cogido un bloque de esa envergadura. Su planta de eletrólisis es de 60 MW. A pesar de estar desde 2011 funcionando con más de 90 MW tras adquirir Vinilis y unificar las plantas (Vinilis aportaba otros 20 MW de consumo más la planta de cogeneración), Inovyn Solvay (anteriormente Solvin Spain) no obtuvo la autorización de Industria para juntar los CUPS y tener una tarifa de acceso única hasta marzo de 2014, según la resolución de Industria a la que ha tenido acceso este diario.

Con esa resolución, la potencia contratada iba desde los 91 MW hasta los 110 MW dependiendo de la hora del día. Entonces fue cuando pidió a Red Eléctrica que ratificara los datos. El operador lo hizo de inmediato y corroboró que así era. De esta manera, Solvay acudió a la subasta a hacerse con un bloque de 90 MW. Lo que no contaba la empresa era con la planta de cogeneración, de la que solo usa el vapor generado. Al estar asociada a la planta, está obligada a mantener la generación, pero durante las órdenes incumplió esa obligación.

Inovyn podría haber optado por hacerse con menos megavatios y no arriesgarse al bloque de 90. Fue una decisión únicamente suya. Hay otras compañías que pudiendo sumar más megavatios no lo hicieron, como es el caso de Global Steel Wire, que en Cantabria podría unificar las dos plantas y superar los 90 MW. Pero prefirió quedarse como estaba y no optar al bloque de 90 MW (25 millones) y no depender del funcionamiento de terceros. Inovyn sí lo hizo y el resultado no ha sido el deseado. Ahora está en juego la viabilidad de la planta de Martorell y el puesto de trabajo de medio millar de personas.

3 comentarios

  • Javier Morata Martín

    Javier Morata Martín

    27/08/2015

    De nuevo, en este artículo, el Sr. Roca insiste en la idea de que Solvay ha arriesgado excesivamente en la decisión de optar por los 90 Mw. en la subasta de 2014, a pesar de que, en el propio artículo, informa que el consumo de entre 91 y 110 Mw. fue ratificado por REE.

    Ese es el consumo de la planta de Martorell y por eso Solvay ha cumplido sobradamente con la reglamentación reduciéndolo en 99 Mw. en todas las pruebas de interrumpibilidad a las que ha sido sometida, esto es 8 Mw. más de lo exigido.

    Pero me temo que no estamos ante un problema técnico, estamos ante una decisión política, solo así se puede entender que la Dirección General de Política Energética y Minas valore mas el megavatio que Cofely no aporta al sistema que los 99 megavatios que Solvay deja de consumir en cada una de las pruebas objeto del conflicto.

    Por eso no quiero perderme entre números y Mw. porque un megavatio no puede poner en riesgo el futuro de una gran empresa y de miles de puestos de trabajo, eso no lo entendería nadie, pero una decisión política si que puede dar al traste con una implantación industrial consolidada como es la planta de Solvay en Martorell. Y es a eso a lo que nos enfrentamos, a una decisión tomada en un despacho que esta muy alejado de las fábricas y de la dura realidad que supone tener que competir teniendo los costes energéticos mas altos de nuestro entorno.

    Es precisamente la condición de decisión política lo que me hace albergar la esperanza de que se resolverá porque a la política, tarde o temprano, llega el sentido común. En esta ocasión ya está tardando, pero estoy convencido de que llegará.
  • miriam

    miriam

    27/08/2015

    El sr. Tardà se puso en contacto ayer mismo, con el presidente de comisiones de Solvay- Innovyn. Porque me interese, en que él lo supiera, por que desconocía el tema. Déjense de tonterías de políticas y hagan algo por estas familias que se van a quedar desamparadas.
  • Dabama

    Dabama

    27/08/2015

    ¿Y si acabáramos con todas las "intirrumpibilidades"? ¿Presionaría la industria contra el oligopolio depredador?

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