Es bien conocido que es abrumadora la mayoría de españoles que apoya las energías renovables. Lo es también que las encuestas electorales del partido que soporta al actual Gobierno no son –por ser suave– muy favorables.
En esta situación no nos extraña que el Gobierno esté tratando de modificar a marchas forzadas las políticas que ha desarrollado desde el comienzo de la legislatura.
En este entorno se enmarca el sorprendente anuncio que conocíamos esta semana de que el Gobierno se propone levantar la moratoria sobre el desarrollo de las renovables que impuso al poco de iniciarse la actual legislatura.
A mi juicio, la medida es claramente electoralista dado que en realidad no pretende desarrollo renovable alguno. Tres razones justifican mi opinión.
En primer lugar, llama la atención que en un sistema con un 40% de sobrecapacidad se anuncien incentivos para instalar más centrales sin retirar los que se aplican a centrales existentes que están funcionando muy por debajo de su capacidad. Un verdadero plan de incremento de renovables se basaría en la sustitución de centrales actuales. Nada de esto se ha planteado.
En segundo lugar, si el Gobierno realmente quisiera que se construyeran nuevas plantas renovables, previamente escucharía a los empresarios del sector, que desde la última “reforma” del mismo vienen advirtiéndole de que la normativa vigente somete a los proyectos a tal incertidumbre que impide la inversión, salvo en casos verdaderamente excepcionales.
En efecto, a la elevada prima riesgo que actualmente se exige para invertir en el sector en España derivada de la inseguridad jurídica creada por la aplicación de medidas retroactivas, se suma que la propia normativa vigente, al contrario que las anteriores, prevé la revisión de la práctica totalidad de las condiciones retributivas en 2019, mucho antes de que la inversión inicial haya sido recuperada. De existir verdadero interés por las renovables habría que empezar por revisar a fondo la actual legislación. La sorpresa que ha causado la noticia entre las propias patronales renovables demuestra que, lejos de buscar el consenso, el Gobierno ni siquiera ha consultado al sector empresarial.
En tercer y último lugar, la propuesta normativa que hemos conocido, constituida por un borrador de Real Decreto y otro de Orden Ministerial, está incompleta. Deja en manos de un tercer texto: una Resolución de la Secretaría de Estado, de la que nada se sabe, la convocatoria de las subastas para asignación de potencia, piedra angular del nuevo sistema retributivo. Alguien podría pensar que ésta es una prevención exagerada. Infortunadamente, existe un precedente y es muy cercano: desde el pasado 8 de agosto está publicada en el Boletín Oficial del Estado una norma análoga a las que ahora se anuncian que debería haber permitido la instalación de nueva eólica y fotovoltaica en los territorios no peninsulares. A fecha de hoy, más de ocho meses después, seguimos esperando que se convoque la prometida subasta.
Con los argumentos anteriores me ahorro entrar en detalles de los borradores, como que la exposición de motivos argumenta que el desarrollo de renovables se justifica en el cumplimiento de los objetivos comprometidos con la Unión Europea; pero no se detalla el déficit de energía limpia que se pretende cubrir. O que la norma se restrinja a dos tecnologías: eólica y biomasa, dejando nuevamente de lado a la proscrita solar fotovoltaica, lo que resulta aún más llamativo sabiendo que, por un lado, en muchas ubicaciones ya es la tecnología más barata y, por otro, que la red española actual tiene mucho más margen de penetración de energía solar que eólica, toda vez que aquélla ha tenido un desarrollo cinco veces mayor que ésta en nuestro país.
En fin, fuegos de artificio que no van a evitar que este Gobierno pase a la historia como el que aniquiló una industria en la que España podría haber sido líder mundial.
Jorge Morales de Labra es director de Geoatlanter
@jorpow
Alberto
22/04/2015