Los mayores riesgos para el sector energético fueron la regulación, debido a la elevada complejidad del marco normativo y fiscal y a los cambios que realizan los distintos reguladores en la retribución de las actividades reguladas o de las condiciones de suministro exigidas; la fluctuación del tipo de cambio, el acceso a la financiación y la reputación.
Esta es una de las principales conclusiones del Informe anual de Gobierno Corporativo (IAGC) publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los principales riesgos identificados por las compañías cotizadas españolas en el año 2017 fueron los cambios regulatorios, el impacto en la variación del precio de las materias primas, la incertidumbre sobre el ‘Brexit’, la inestabilidad política en los países en los que operan y las políticas monetarias más restrictivas.
Además, el informe apunta a la diversificación como “una pieza clave” para lograr un alto nivel de recurrencia de ingresos, a pesar de las condiciones del entorno y de los ciclos de las economías en las que operan.