Ya en el 2019, el sector eléctrico alcanzó un 39% de penetración renovable, principalmente mediante “renovables de primera generación”, instaladas antes del 2012 y que requerían de incentivos económicos adicionales a los de mercado para poder ponerse en marcha. Esta partida representa unos 7.000 MM de EUR (un 70% del total de los cargos actuales) y era, hasta ahora, íntegramente soportada precisamente -e injustamente- por aquellos consumidores que contribuían en mayor medida a cumplir esos objetivos: los consumidores eléctricos.
Mediante la propuesta realizada ayer, a través del Anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), el Gobierno quiere poner fin a esta situación y repartir el coste de la consecución de ese objetivo de penetración de renovables entre todos los consumidores energéticos, no sólo los eléctricos, así como entre otras partidas fiscales – Ley 15/2012- y los ingresos de los derechos de emisiones de CO2.
Una buena solución para anticiparse a nuevo déficit
La bajada de la demanda eléctrica y del precio de la electricidad provocadas por la covid-19 hacían prever una vuelta al déficit de tarifa para el año 2020 y siguientes, y, por tanto, con la Ley en la mano, se haría necesario aumentar los costes regulados en la factura eléctrica para los siguientes años.
Para evitarlo, el Gobierno propone aligerar la factura, sacando de ella algunos costes. Mediante la norma propuesta, se crea un Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico al que contribuyen principalmente las comercializadoras -en última instancia, sus clientes- de productos energéticos (electricidad, gas y petróleo), que tiene como finalidad cubrir los costes de las renovables de primera generación -las actuales, de segunda generación, ya no necesitan ingresos adicionales, sino únicamente ingresos predecibles- y que se irá implementando paulatinamente, a razón de un 20% anual de ese coste de 7.000 MM EUR, de forma que en el 2026 ya esté en pleno funcionamiento (una parte recaerá en la factura eléctrica -en torno al 31%- pero vía contribuciones al Fondo, que las comercializadoras trasladarán a sus clientes).
Además, cabe destacar como muy positiva la inclusión de los consumidores directos -las “SICAVs” del sector eléctrico, que están exentos injustificadamente de toda una serie de contribuciones (FNEE, bono social, tasa municipal de uso del suelo, IAE)- entre los obligados a financiar el nuevo Fondo.
Y con importantes impactos adicionales
Mediante este nuevo mecanismo, descargando costes de la factura eléctrica para repartirlos entre otros consumidores, es evidente que se envía una señal clara de electrificación del sistema energético, lo que permitirá a su vez aumentar el % de renovables total al incrementarse la demanda eléctrica con una mayor penetración de los vehículos eléctricos y de la calefacción eléctrica. En otras palabras, si se termina la anomalía de que los sectores del transporte y la calefacción y refrigeración no aporten su parte a la descarbonización, ni tecnológica ni económicamente, y se reflejan de forma efectiva esos costes en cada uno de los combustibles fósiles, se estarán dando incentivos a la electrificación del transporte y de la calefacción.
Cabría plantearse si no se podría incluso aligerar más la factura, llevando los costes derivados de la lucha contra la pobreza energética o de política territorial -los extrapeninsulares- íntegramente a presupuestos, o incluir en el FNSSE otros conceptos, como los costes adicionales de red para desarrollar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos o los de la digitalización de la red de distribución para integrar el autoconsumo y el almacenamiento.
Además, tal como señala el Gobierno en su nota explicativa, la creación del FNSSE es una medida con cierto impacto redistributivo, ya que la electricidad es el suministro que tienen todos los hogares, incluso los de menor renta, y que está garantizado para clientes vulnerables severos, mientras que al menos un % de esos consumidores en situación de exclusión social no tendrán coche o harán un uso menos intenso del mismo. Lo mismo cabe decir del gas.
Otro impacto, a priori positivo para el sector renovable de primera generación, es la menor exposición al coeficiente de cobertura, que tantas tensiones de tesorería ha generado, especialmente a los pequeños productores, al quedar la partida de su retribución en una situación diferenciada.
Finalmente, a la luz de la presente propuesta, resulta necesario reabrir el debate sobre la metodología de peajes elaborada por la CNMC. Hasta ahora, los peajes representaban un 40% de los costes regulados (7.000 MM sobre 17.000 MM) y una vez el Fondo esté plenamente activado supondrán un 70% (7.000 MM de 10.000 MM), mientras que los cargos pasarán del 60% al 30% por la salida de la retribución a las renovables de primera generación. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo en el segmento doméstico, los peajes se reparten 75% fijo y 25% variable y los cargos 25% fijo y 75% variable, al reducir el peso de los cargos, también se están “desvariabilizando” los costes regulados, con el impacto que ello podría tener para algunas actividades clave en la transición energética, como el autoconsumo, la eficiencia energética o la gestión de la demanda. Es por ello por lo que la CNMC debería adaptar su metodología de peajes a esta nueva realidad -y al escenario covid 19-, seguramente mucho antes de que transcurra el periodo indicativo de 6 años inicialmente previsto.
En conclusión, cabe celebrar el paso dado por el Gobierno en la dirección de descargar la factura eléctrica para apostar fuerte por la electrificación del país, y es deseable que esta norma, que seguramente será enriquecida, aclarada y matizada en trámite parlamentario, y que será la prueba del algodón para testear la apuesta por las renovables de muchas petroleras -¿recurrirán la norma, que perjudica a su actividad de pasado y beneficia a su presunta actividad del futuro?- venga complementada con una revisión de la metodología de peajes de la CNMC para variabilizar la repercusión de los costes regulados, al menos a niveles similares a los actuales.
Daniel Pérez es abogado especializado en el sector eléctrico
Curro
16/12/2020