Hay un gran error en la decisión del actual gobierno del Reino de España en la reciente subasta de nueva capacidad de generación eléctrica de origen renovable. Estos últimos años he sostenido con ahínco y reiteración que todo Estado que se precie debe explicitar su propia Política Energética y España no debería ser una excepción.
Por Política Energética debería entenderse optar y decidir por aquellos aspectos estratégicos que, sobreviviendo a los cortos periodos electorales de solo cuatro años, se erigen en la ruta a seguir en lo referente a las grandes decisiones sobre el suministro energético.
Está comúnmente aceptado que toda Política Energética debe atender a tres pilares al mismo tiempo y muchas veces de forma contradictoria a saber, la seguridad en el abastecimiento, unos precios competitivos y el respeto por los aspectos medioambientales.
Históricamente, el acento siempre se había situado en el primer pilar y casi todos los Estados Miembros de la Unión Europea, han optado por endilgar este rol a los Operadores de los Sistemas Energéticos, en el caso de España, Red Eléctrica y Enagás otorgándoles el suficiente poder como para hacer descansar en ellos la seguridad de que el suministro nunca escasearía.
Con la liberalización hace ya más de dos décadas, el acento pasó a la búsqueda de unos precios competitivos y por ello se diseñaron mecanismos de mercado en el convencimiento que era lo mejor para revelar dicha competitividad.
La última ola es la más reciente y es el acento en los aspectos medioambientales y en los peligros derivados del calentamiento global que, si bien no es exclusivo del sector energético, este tiene un gran papel a desarrollar.
Los tres pilares plantean el ya aceptado trilema de difícil solución conjunta. Cada Estado debe encontrar su propio óptimo dentro de este trilema y por ello, si bien la UE en su acervo comunitario ha diseñado una vasta legislación que afecta al sector energético, los Estados Miembros siguen siendo plenipotenciarios en la definición de su Política Energética.
Si bien los tres pilares son lo que se quiere lograr, la Política Energética también debe explicitar el cómo lograrlo. Hay dos elementos claves que definen el cómo: El Mix energético y la Gobernanza. Por Mix debe entenderse la participación de cada tecnología en la cobertura de la demanda energética y especialmente en la generación eléctrica.
Además, dicha participación debe situarse en el tiempo de manera que justamente sea la Política Energética la que marque la voluntad de incrementar la importancia de ciertas tecnologías e inversamente frenar la de otras, y ello de una manera completamente discrecional, lógicamente acorde con los compromisos internacionales y la situación geoestratégica de cada Estado. A todo este proceso se lo ha venido en llamar, transición Energética.
Por Gobernanza debe entenderse el diseño sectorial y su control, esto es, decidir donde reserva el Estado su rol y qué parte deja a la iniciativa privada.
Pues bien. Si se acepta esta definición de Política Energética, está claro que en la reciente subasta de nueva capacidad de generación eléctrica de origen renovables se ha incumplido parte de estos Principios.
La subasta ha mezclado todas las tecnologías potencialmente capaces de incrementar la capacidad de generación eléctrica de origen renovables y no ha marcado ninguna Política sobre el Mix futuro. Resultado: solo han resultado ganadoras aquellas tecnologías que han renunciado a cualquier subsidio y al tratarse precisamente de obtener el menor coste para el consumidor final, el Gobierno ha calificado de éxito el susodicho proceso de subasta.
Sin embargo, se ha olvidado algo esencial. Ciertas tecnologías han quedado relegadas y con ello toda su política industrial cuestionada. Queda claro que España tiene que superar un enorme lastre devenido como consecuencia de haber apostado por tecnologías caras e inmaduras y que dicho error lo estamos pagando en los juicios perdidos en el CIADI y en los enormes costes del déficit tarifario.
Sin embargo, no corregir estos errores adjudicando a cada tecnología un cierto rol de forma previa, ex ante, no es una buena Política Energética. Puede que sea el arte de lo posible, pero no lo es del aprovechamiento autóctono de nuestros recursos energéticos descarbonizados. En España, queda pendiente disponer de una Política Energética explícita.
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