Política energética

La última batalla de los grupos políticos en el Congreso: la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear

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A dos semanas de que se disuelvan las Cortes, el Gobierno está intentando el todo por el todo para renovar a cuatro de los cinco consejeros del Pleno del CSN, que ya han finalizado sus seis años de mandato. Nada está decidido en estos momentos. La falta de acuerdo entre el PP y el PSOE para nombrar a los candidatos ha provocado un cierto caos en la interpretación de la ley.

La pasada semana el Ministerio de Transición Ecológica, tras el acuerdo alcanzado con Unidos Podemos y PDeCAT, comunicó al Congreso de los Diputados los nombres de los consejeros que sustituirán a los que han finalizado sus años de mandato y que actualmente tienen prorrogados sus cargos. El principal escollo ha sido la elección del candidato de Podemos, Paco Castejón, reconocido ecologista y antinuclear, una decisión que no ha gustado al principal partido de la oposición que ha encontrado una vía para detener el proceso, la Mesa del Congreso.

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Según dicta la Ley de Creación del CSN, el proceso de elección de los nuevos miembros debe realizarse en "los términos que prevea el Reglamento del Congreso", es decir, el gobierno los nombra, a propuesta del Ministerio, para que una vez que pasen por la Mesa del Congreso, "comparezcan ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados", en este caso la Comisión de Transición Ecológica.

Sin embargo, el PP ha usado esta baza, donde tiene el apoyo de Ciudadanos, y ha pedido un informe jurídico sobre la elección de estos nuevos vocales ante sus dudas sobre el procedimiento a seguir en un contexto de inminente disolución de las Cortes por la convocatoria anticipada de elecciones. Entienden que como ha de pasar un mes hasta que se puedan formular los vetos razonado y como el reglamento determina que con el fin de la legislatura decaen todos los expedientes, informes y procedimientos en curso, no hay tiempo suficiente para que se presente ese escrito razonado que se exige.

"¿Dónde dice el artículo 5 de la Ley de Creación del CSN que hay que dejar pasar un mes? Lo que dice es que la Comisión tiene de plazo un mes para votar desde que se le comunican los candidatos propuestos por el Gobierno, es decir, un mes en caso de que no se produzca la votación, una vez propuestos" explican fuentes internas del CSN, "pero la votación podría realizarse en esta semana o en la que viene porque ya han sido nombrados los nuevos consejeros, y después, como ya se sabe que no va a haber acuerdo, se darán por aprobados los candidatos propuestos por el gobierno".

Según aseguran estas mismas fuentes, "es lo que mismo que ocurrió con Javier Díes, que fue propuesto el 11 de septiembre de 2015, compareció ante la Comisión el 29 del mismo mes, no consiguió los 3/5 de respaldo de la Comisión y el Gobierno lo nombró consejero el 16 de octubre (con fecha de publicación en el BOE el 17 de octubre). No transcurrió, por lo tanto, el mes por el que ahora interroga el PP".

"Quien regula el funcionamiento de cada Comisión es el encargado de presidirla", explica por su parte el diputado de Equo-Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, y portavoz adjunto de la Comisión de Transición Ecológica, "por tanto quien convoca a los comparecientes es el presidente, que en este caso es José Juan Díaz Trillo del Grupo Socialista, y una vez que se ha votado, los nombramientos se pueden aprobar incluso en el mismo día. Lo que ha hecho el PP es filibusterismo político, para bloquear esta decisión todo lo que puedan".

Hoy se celebra la penúltima Comisión, donde se preveía que podrían comparecer Elvira Romera Gutiérrez, Mª Pilar Lucio Carrasco, Francisco Castejón Magaña y Josep Mª Serena i Sender, para posteriormente, a falta de acuerdo de los tres quintos de sus miembros, se entenderían "aceptados los correspondientes nombramientos", y llevarlo al Consejo de Ministros el próximo viernes.

Ahora solo queda una única oportunidad, en la última semana de febrero antes de que se cierre el ciclo de esta legislatura, que será cuando se celebre la última Comisión de Transición Ecológica. Y todo pende del letrado asignado por la Mesa que es quien tiene que responder a esa consulta y presentar el informe que aclare el texto normativo.

"La realidad es que están intentando boicotear la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear pero ese letrado puede resolver de manera inmediata la polémica, no tiene ninguna dificultad porque la ley es clara, así que no hay ninguna razón para retrasar ese informe", añade López de Uralde.

"No hay base jurídica para pedir tal informe y bloquear la votación" concluyen las fuentes internas del CSN, "es una manera de ganar tiempo y salirse con la suya, pero la ley es clara al respecto y la respuesta del letrado no puede ser otra que lo que claramente dice la normativa".

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