El pasado 15 de marzo el Periódico de la Energía publicó el artículo “Las contradicciones de la Unión Energética”, que era una reflexión sobre el marco estratégico aprobado por las instituciones europeas sobre energía. La primera conclusión entonces fue que la principal medida de seguridad energética trataba de reforzar el gas en el mix energético europeo a través del corredor sureste, para importar gas de los países del Asia Central, y que las principales vulnerabilidades que señalaba el documento de la Comisión Europea eran la región del Báltico y la conexión de la Europa central con el sureste.
El Periódico de la Energía es un privilegiado y objetivo observatorio de cómo evoluciona el mundo de la energía sin distinción de tecnología o fuente y proporciona una preciosa y abundante información que permite ahora hacer un balance de los primeros pasos de la estrategia energética europea.
La primera sorpresa son los progresos alcanzados en el desarrollo de los gasoductos Trans Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) y el Trans Adriatic Pipeline (TAP) para traer el gas de Arzebaiyán a Europa a través de Turquía, Grecia, Albania e Italia en 2019. Este último se presentó en marzo con el apoyo de la Unión Europea. Se trata de una inversión de 43.000 M€ y su construcción se inició el pasado mes de julio. En septiembre, las gasistas Gazprom, Basf, E.On, Engie, OMV y Shell firmaron un acuerdo para dos nuevos gasoductos a través del Mar Báltico hasta Alemania para asegurar el suministro de gas ruso a Europa. _El gas se ha excluido de las sanciones a Rusia y los contratos con la rusa Gazprom se amplía_n.
Por el contrario, la alternativa española del gasoducto Midcat sigue pendiente. Francia, Portugal y España firmaron en marzo la “Declaración de Madrid” para evaluar el nuevo proyecto de interconexión y su compatibilidad con los planes nacionales y europeos. Se creó un grupo de Alto Nivel para facilitar su tramitación pero todavía no existe un proyecto del gasoducto. Lo que no ha impedido que Enagás participe con un 16% en el TAP y que Gas Natural adquiera un 10% de su capacidad. Y no hay noticias del plan Juncker.
España se consideró como la gran beneficiada de la Unión Energética en un esfuerzo por rentabilizar su desmesurada sobrecapacidad gasista, pensada para un mercado interno que se ha derrumbado por la crisis, tal como describía acertadamente el preámbulo del RDL 13/2012 que paralizó las inversiones gasistas por innecesarias. España es el décimo importador mundial de gas y petróleo y en 2014 fue el primer exportador mundial de gas natural licuado (GNL). La intermediación internacional de GNL, con buques metaneros y aprovechando nuestras regasificadoras, es la única actividad que puede rentabilizar las infrautilizadas instalaciones gasistas ejecutadas durante la última década.
El Gobierno español ha orientado sus esfuerzos en esta dirección y ha organizado sendas misiones a Argelia e Irán. Argelia, como bien describía el Periódico de la Energía, ha retrocedido a la negra década de los 90 por la caída de los precios del petróleo. Debe importar el 70% de los alimentos que consume la población y lo que necesita es ayuda para afrontar un plan de inversiones de 240.000 millones. Irán abre sus reservas de gas y petróleo después del levantamiento de sanciones por su política nuclear, pero necesita inversiones por 50.000 millones de euros para poder explotarlas. Al final, el negocio especulativo se complica porque el precio del crudo ha reducido la rentabilidad de las inversiones fósiles.
La caída del crudo coincide con una desaceleración de la economía global y la reducción de los ingresos fiscales ha afectado a los países productores. En Rusia, el sueldo medio ha caído de 1.200 dólares a menos de 500 desde 2013. México debe recortar el gasto público un 1,5% del PIB y verá agravada su crisis por el fracaso de las subastas por las que pretendía abrir a las petroleras extranjeras sus reservas en el Golfo de México. Noruega sufre una crisis económica de graves consecuencias y Canadá ha entrado en recesión. Las grandes petroleras han perdido 60.000 M€ de su valor en 2015, han destruido 100.000 empleos y han entrado en una espiral de adquisiciones para evitar quiebras. Sus reservas han caído un 24% en 2014 porque ya no es rentable la exploración de nuevos yacimientos.
El efecto de la caída del precio del petróleo ha sido aún peor para la industria del fracking, pues ha creado una deuda que supera con mucho sus ingresos, al dar por supuesto un precio elevado del crudo. Las agencias de calificación han llevado a la mayoría de las empresas de shale gas en EEUU al bono basura por su enorme déficit y más del 59% de los equipos de perforación han dejado de trabajar. EEUU reducirá en 2016 su producción de crudo.
Ajena a este escenario, la nueva Ley de Hidrocarburos que el Gobierno aprobó este año estaba pensada para un precio elevado del petróleo y refleja la inoportunidad y el cortoplacismo de la política energética. Se incentiva el fracking cuando las inversiones son ruinosas y se carece del recurso. Después del sonado fracaso de Repsol en la costa de Canarias se sigue apostando por las prospecciones de hidrocarburos cuando las propias petroleras han salido huyendo de esas inversiones. Y la sobrecapacidad gasista se intenta aliviar aprobando planes para fomentar el consumo de gas en la rehabilitación de edificios o incentivando el auto gas, como energía abundante e higiénica.
La paradoja es que España, con el precio más bajo del petróleo, aumenta su consumo y las importaciones a niveles record desde 1996 y en plena crisis económica no ha dejado de aumentar sus importaciones de gas. Si se insiste en impulsar la economía de los hidrocarburos, la vulnerabilidad energética de España frente a la volatilidad de los precios del crudo constituye una seria amenaza; que será mayor si persiste la despreocupación por el CO2.
El espejismo de los 15.000 M€ de ahorro en las importaciones de crudo este año oculta una estrategia energética que depende en su totalidad de unos precios que España no controla. Ese ahorro debería servir no para consumir más sino para corregir la dependencia energética que es pérdida de riqueza nacional que paga el consumidor. El ejemplo de Repsol es replicable: planificó sus inversiones con un precio del barril a 85 dólares y por debajo de 60 dólares esas inversiones ya no son rentables, se ha cargado de deuda y su valor en bolsa ha bajado un 21%. Deberá hacer ajuste de gastos, recortar sus inversiones y desinvertir. La política energética española no puede seguir ese ejemplo. Es propio de los mercados que especulan con las materias primas y es lo más opuesto a la seguridad energética.
El Periódico de la Energía ha informado del último estudio de costes de la Agencia Internacional de la Energía que ha constatado que desde 2010, a la vez que se han incrementado los costes de los combustibles fósiles, los costes de las renovables han descendido hasta competir ya con las energías fósiles. O que la portuguesa EDP construye un parque eólico marino en Viana do Castelo mientras España, que posee la mejor tecnología eólica, renuncia al off shore. O cómo la industria renovable española está presente en todos los concursos internacionales para hacer fuera lo que no se les permite hacer aquí. ****
Apostar por los hidrocarburos y eliminar la inversión renovable ha sido un error estratégico. Los primeros eliminan la soberanía energética y aumentan los costes de manera especulativa. Las renovables, al estar asociadas al ahorro de energía, mejoran la independencia energética, la innovación tecnológica y reducen los costes de la energía. La propiedad del sector energético tradicional es, en su mayor parte, de inversores extranjeros. El sector renovable y de la eficiencia energética todavía es un potente sector nacional y el mejor impulso que puede tener el futuro de nuestra industria.
_Javier García Breva es __ _Asesor en Políticas Energéticas, Presidente de N2E y miembro del Consejo Editorial del Periódico de la Energía.
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javier sanchez
16/09/2015