Las 18 centrales térmicas de carbón que hay en nuestro país, más la fábrica de celulosa de Sniace y la planta química de Solvay van a tener que realizar cuantiosas inversiones para cumplir el Plan Nacional Transitorio (PNT) para grandes instalaciones de combustión tras aprobarse el pasado viernes en Consejo de Ministros.
En total se trata de 29 instalaciones, (algunas centrales térmicas cuentan con dos o tres grupos), que deberán hacer las inversiones medioambientales necesarias para cumplir con los valores límite de emisión individuales que marca la ley.
Todas excepto las instalaciones de Alcoa en San Ciprián, que solo están obligadas a realizar la conversión a gas natural, y las centrales térmicas de ciclo combinado de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y la de San Roque (Cádiz). La primera ya hizo los deberes en abril del año pasado cuando la compañía anunció de manera oficial el cambio de fueloil a gas natural, y las segundas, según dicta el borrador del PNT, no precisan de medidas adicionales.
Para el resto de centrales, hasta el 30 de junio de 2020, el PNT obliga a reducir progresivamente las emisiones de dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y de partículas hasta el 1 de julio de 2020. Para ello, se ha realizado un cálculo con un techo de emisión anual, conocido también como burbuja, que en algunas centrales térmicas, como la de Compostilla, supone la reducción de hasta un 83% de las toneladas de NOx.
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