Las eléctricas piden la prórroga de Almaraz sin condiciones pero solicitan que se paralice el proceso de cierre

Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz han solicitado al Gobierno la ampliación de su vida útil hasta 2030, sin condiciones y renunciando expresamente a cualquier rebaja fiscal. Al mismo tiempo, han pedido que se paralice el proceso de cierre ya iniciado. La decisión abre un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España, justo cuando se reaviva la discusión sobre la seguridad de suministro y la transición hacia fuentes renovables.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha comparecido en el día de hoy para confirmar la presentación formal de la solicitud y reiterar que el Ejecutivo mantiene una postura “coherente y consistente” desde el inicio de la legislatura.

“Nuestra posición no se ha movido en ningún momento. Desde el principio hemos sido claros y consistentes. Las empresas han tomado su decisión de solicitar la ampliación sin condiciones, renunciando a la rebaja fiscal que el Gobierno descartó desde el primer momento”, ha declarado la ministra.

Tres líneas rojas

Aagesen subrayó que el Gobierno fijó tres líneas rojas respecto a la extensión de la vida de las centrales nucleares:

• Que no hubiera rebajas fiscales ni costes para los contribuyentes.

• Que se garantizara la seguridad nuclear.

• •Que se asegurara el suministro eléctrico del país.

Según la ministra, las compañías eléctricas “han cumplido la primera línea roja” al renunciar a cualquier tipo de ventaja fiscal. Ahora, el proceso entra en la segunda fase: la evaluación técnica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo independiente encargado de certificar que se cumplen las condiciones de seguridad radiológica y estructural de la planta.

“El Gobierno no va a prejuzgar absolutamente nada. Es el Consejo de Seguridad Nuclear el que debe avalar o no que la central puede seguir operando en condiciones de seguridad”, insistió Sara Aagesen.

Informe preceptivo sólo en caso de cierre

La ministra también explicó que el Ejecutivo no tiene previsto solicitar un informe a Red Eléctrica en esta fase, ya que, según la normativa, dicho informe es preceptivo únicamente en caso de cierre, no de prórroga.

Respecto a la solicitud de las eléctricas para congelar el procedimiento de cese que estaba en marcha, Aagesen fue tajante: “Nos lo han solicitado, sí, pero no nos compete. Es una cuestión que corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear. En materia de seguridad nuclear, el Gobierno no se va a posicionar.”

Preguntada sobre la posición de sus socios de coalición, que en los últimos días se habían mostrado contrarios a la prórroga, la ministra afirmó que existe “coordinación y comunicación permanente”, y que sus aliados son “plenamente conscientes del proceso técnico que se está siguiendo”.

Plazos

Por último, Aagesen rehusó dar plazos para la decisión final. El informe del CSN, explicó, no tiene un calendario establecido y será la clave para determinar los próximos pasos.

“Hablamos de seguridad nuclear. No podemos fijar fechas ni hacer valoraciones previas. Cuando llegue el informe, veremos qué dice y actuaremos en consecuencia.”

Con esta solicitud, las eléctricas reabren un debate que parecía cerrado desde 2019, cuando se pactó el calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares españolas