Las energéticas aguardan, entre críticas y cautela, a que el Gobierno decida sobre el impuesto

Las grandes energéticas de España se encuentran a la espera de que el Gobierno aclare si finalmente convierte en permanente (y en qué condiciones) el impuesto, inicialmente temporal y extraordinario, que durante dos años se ha aplicado a la actividad no regulada de estas compañías en el país.

Mientras que Repsol, en las últimas horas, ha sido noticia por su dura crítica al Ejecutivo por su "populismo fiscal" en relación con esta prestación patrimonial, el resto de las compañías se decantan por la prudencia a la espera de que los cambios, de haberlos, se concreten.

Este miércoles, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha aclarado que su compañía todavía no ha contemplado, en sus previsiones para los próximos ejercicios, la posibilidad de que Moncloa haga permanente el gravamen, ya que "no se ha aprobado absolutamente nada".

"Nuestras proyecciones se basarán en lo que sea real. Por ahora solamente son rumores, ruido, pero no hay nada concreto", ha afirmado Sánchez Galán a preguntas de los analistas durante la conferencia de los resultados del grupo hasta septiembre.

En esta línea, fuentes del sector apuntan que tendrán que echar cuentas para poder evaluar el efecto del impuesto si es que se termina modificando y se impone sobre el resultado bruto de explotación o ebitda de las empresas, en lugar de sobre la facturación -como venían reclamando las afectadas-.

Consultadas por EFE, Naturgy y EDP han rehusado pronunciarse sobre el tema, al tiempo que Endesa ha manifestado que quiere esperar a que se concreten las variaciones.

El próximo miércoles, 30 de octubre, presenta sus resultados de los nueve primeros meses del año, lo que podría ser una oportunidad para que sus directivos hagan algún tipo de declaración.

La patronal eléctrica Aelec, que integran Iberdrola, Endesa y EDP, ha defendido en declaraciones a EFE que el gravamen energético "no está alineado" con la normativa europea, pues grava los ingresos de las empresas, mientras que la contribución solidaria del Reglamento recae sobre los beneficios extraordinarios.

Además, lo considera "inconsistente con la normativa europea" porque afecta a todas las empresas energéticas, mientras que la contribución solidaria europea grava únicamente a las empresas de petróleo, carbón y gas.

Por tanto, concluye la patronal, el gravamen contradice los fines proclamados por la política energética, puesto que, si se persigue la descarbonización, no puede penalizarse la herramienta más útil para conseguirla, que es la electrificación de los consumos de energía final.

Por otra parte, defiende que "fomenta la pérdida de competitividad" de las empresas de electricidad españolas con respecto a las europeas, al estar estas últimas exentas del gravamen.

Además, al aplicarse sobre los ingresos de las empresas, limita el motor de crecimiento de las inversiones renovables en España, implicando un deterioro en la cadena de valor de las energías.

Por todo ello Aelec cree que debería ser una medida "coyuntural y excepcional" y no mantenerse de forma permanente para evitar que se penalice a las empresas eléctricas españolas frente a sus competidoras europeas.

Repsol, la que más paga, enciende el debate

El debate se ha intensificado esta semana, a falta de poco más de dos meses para que acabe el año -y con él, el periodo de aplicación extraordinaria de este gravamen-, a raíz de que trascendiera en prensa que Repsol va a materializar su inversión en un electrolizador de 4 megavatios (MW) en Sines (Portugal).

Ello mientras que, en España, mantiene en 'stand by' proyectos con una capacidad de electrólisis de 350 MW, repartidos por Tarragona, Cartagena (Murcia) y Bilbao, en mitad de la incertidumbre acerca del impuesto.

Asimismo, la tribuna del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, publicada en la víspera en varios medios, fue, para muchos, la gota que colmó el vaso.

En ella, Imaz advertía de que la inversión en el sector energético español "se ralentizará al mínimo" por el "populismo fiscal" del Gobierno, que "va a penalizar esta actividad con un gravamen discriminatorio" que provocará que "miles de millones de euros" se desvíen a otros países.

Desde entonces, se han sucedido las reacciones de los sindicatos, preocupados por el futuro de las plantillas en España, pero, sobre todo, de los partidos, divididos entre los que, como el PP, rechazan este impuesto; quienes, como Junts, no apoyarán ninguna iniciativa que "ponga en riesgo" inversiones en Cataluña; y los que reclaman que Repsol devuelva las subvenciones recibidas si deslocaliza inversiones, como sugirió Alianza Verde.

Esta mañana, el propio portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, confirmaba que "no hay avances" en la negociación con el PSOE para hacer permanente tanto el gravamen a las energéticas como a la banca, uno de los puntos que figuraba en el acuerdo de investidura entre ambas formaciones.

Por lo pronto, lo único cierto es que el plan fiscal estructural que el Ejecutivo ha enviado a la Comisión Europea incluye el mantenimiento de estas dos prestaciones.

A tenor de los datos del Ministerio de Hacienda, lo recaudado por las energéticas este último año se sitúa en 1.164 millones de euros, una cuantía que se suma a los 1.644 millones del ejercicio anterior.

Por compañías, Repsol, con casi 800 millones de euros (444 millones en 2023 y 335 millones en 2024) es la que más ha desembolsado en este concepto; seguida de Cepsa, con unos 570 millones (325 y 244 millones, respectivamente); Endesa, con 410 millones (208 más 202 millones); Iberdrola, con 370 millones (213 más 157 millones) y Naturgy, con 254 millones (165 más 89 millones).

¿Cómo funciona el impuesto actual?

El gravamen que se aplica ahora mismo fue aprobado en plena crisis energética, a finales de 2022, con un carácter temporal y extraordinario, para incrementar la aportación fiscal del sector en un momento de beneficios récord que se atribuyeron a los altos precios del gas y la electricidad.

El texto vigente afecta a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones de euros en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España.

Conforme a lo previsto, ha gravado concretamente durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.