El reciente acuerdo de alto nivel sobre la mejora de las interconexiones energéticas entre la península ibérica y el resto de Europa ha sido acogido con aplauso y ha suscitado expectativas optimistas, que se reflejan en expresiones como “se ha acabado el aislamiento energético de España” y otras parecidas, fruto de un análisis más bien superficial del alcance de la noticia, es decir, del acuerdo alcanzado.
El acuerdo supone, en efecto, un paso positivo, sobre todo si se compara con lo que ha venido ocurriendo en el pasado en relación con las interconexiones de España y el norte europeo. En este sentido es oportuno resaltar cuatro diferencias importantes con el pasado:
- El nivel del acuerdo, que se refleja en la presencia, por primera vez, de un presidente de la Comisión en este tipo de cuestiones y en la presencia de los primeros ministros de Portugal y España y del presidente francés en el acto protocolario de firma.
- La industria española (los sectores eléctrico y gasista, así como los grandes consumidores y otros subsectores) ha venido reclamando sin fisuras el aumento de la capacidad de interconexión, con diversos argumentos, que el gobierno español ha recogido y apoyado, esta vez al nivel adecuado.
- El reconocimiento formal por parte de las instituciones europeas de que el aislamiento ibérico es una realidad que necesita ser corregida seriamente.
- Por primera vez, el Comisario de Energía es español. Alguien que conoce de cerca los problemas del aislamiento energético ibérico y que tiene una amplia experiencia previa en Bruselas. Sin duda, esto ha contribuido a hacer posible el acuerdo y contribuirá en adelante a desarrollar políticas adecuadas en el terreno de las interconexiones y de la unión energética.
Esto, junto con la disponibilidad de fondos europeos para proyectos y, posteriormente, para la construcción de las infraestructuras, son pasos muy positivos. Sin embargo, hay que ser prudente en las valoraciones de todo esto y entender que queda mucho trabajo por hacer.
En realidad, lo que se acaba de hacer es poner la primera piedra – por fin- de lo que va a ser un largo y sinuoso camino, lleno de obstáculos que habrá que identificar y superar con inteligencia y decisión. La historia nos enseña que, en materia de interconexiones, lo poco logrado hasta ahora ha costado mucho, ha requerido mucho más tiempo del previsto y ha supuesto un esfuerzo económico muy superior al presupuestado inicialmente. Además, el camino ha estado plagado de dificultades, a menudo imprevistas. Sería una ingenuidad pensar que esta vez va a ser diferente.
Los obstáculos principales a que habrá que enfrentarse el desarrollo de nuevas interconexiones son de cuatro tipos: la problemática bilateral, la problemática ambiental y social, los intereses de empresas y gobiernos, y la financiación de los proyectos.
La relación bilateral entre Francia y España no ha sido siempre todo lo fluida y cooperativa que habría sido de desear. La ventaja que la geografía ha dado a Francia, como paso obligado desde España hacia el norte y este de Europa le proporciona una fuerza negociadora que se ha traducido unas veces en contrapartidas más o menos onerosas, otras en retrasos o paralizaciones de proyectos y, en general, en una capacidad de marcar los tiempos de la que España ha carecido. Recuérdese la tormentosa historia de la línea eléctrica Aragón-Cazaril. Parece que las cosas han cambiado algo, pero este elemento estratégico es esencial en la visión política de Francia sobre sus relaciones no sólo con España sino con otros países vecinos y, por lo tanto, es previsible que siga teniendo peso en la relación. Paciencia e inteligencia son las recetas válidas. Inteligencia para buscar apoyos en Europa para nuestros intereses, pero también en las cuestiones estrictamente bilaterales.
La oposición a nuevos proyectos por parte del activismo presuntamente ambiental y social ha estado presente en proyectos anteriores. Argumentos o excusas de orden ambiental fueron los utilizados por el gobierno francés para cancelar el proyecto de línea Aragón-Cazaril. La oposición social fue la excusa para paralizar el proyecto –previamente acordado- de línea Santa Llogaia-Baixas, que acabó en un arbitraje, quizá innecesario y mal planteado, cuyo resultado fue una línea subterránea, asíncrona (lo que representa una anomalía indeseable en la Europa continental) y con un coste final diez veces superior al presupuesto original. Eso sí, el gobierno vecino siempre ha quedado bien con los grupos sociales a los que quería satisfacer, por las razones que sea. No se interprete esto como un lamento o una acusación, sino simplemente como un recordatorio de que la realidad es la que es y que hay que entenderla y aprender de la historia para conseguir los propios objetivos. Es muy probable que cada uno de los nuevos proyectos de interconexión identificados la semana pasada dé lugar a oposición y dificultades de algún tipo. Una vez más, paciencia, decisión e inteligencia.
Los intereses de las empresas a uno y otro lado de la frontera no son coincidentes, ni tienen por qué serlo. Conviene entender bien a quién beneficia y a quién no cada proyecto, qué cambios puede inducir un mercado de electricidad o de gas más interconectado en el Sur de Europa y, por lo tanto, más abierto y, más en general, el nuevo mapa interconectado que se puede empezar a plasmar en la realidad con estos proyectos. Habrá que buscar formas de aunar intereses y voluntades, tanto en el plano político –que no lo es todo- como en el empresarial, y recuérdese que en Francia ambos tienen más relación entre sí que en España. No será fácil, pero es previsible que sólo se realicen los proyectos en que todas las partes interesadas ganen algo, o puedan decir que han ganado.
Por último, la financiación de los proyectos. No sabemos aún cuál va ser la configuración técnica de los mismos ni su coste. Pero alrededor de la financiación se van a dar varias batallas, una de las cuales será la lucha por los fondos europeos. La Comisión Europea estima que el nuevo mapa energético interconectado de Europa requiere una inversión superior a los 200.000 millones de euros. De momento, ha asignado 5.850 millones para proyectos y construcción. Pero hay una lista de proyectos prioritarios de más de 240, más los que se presenten en la consulta abierta recientemente. El reto es que los proyectos le cuesten al consumidor español lo menos posible y que ni tengan sobrecostes injustificados ni menos facilidades crediticias por parte de Europa que los de cualquier otra región. Los precios finales de la energía en España, sobre todo los de la electricidad, no admiten más encarecimientos.
En resumen, aunque se abre hoy una perspectiva positiva –y hay que felicitarse por ello-, debemos evitar caer en un defecto muy hispano, la costumbre de celebrar las primeras piedras y olvidarnos de que las cosas se terminan cuando se pone la última. Cosas del cortoplacismo imperante. Entre tanto hay muchos años de trabajo duro. Reservemos las celebraciones para más adelante y dediquemos nuestros esfuerzos para explotar esta oportunidad y resolver de verdad un viejo problema.
Pedro Mielgo es presidente de Nereo Green Capital, expresidente de Red Eléctrica y miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.
fjtch2015
09/03/2015