Uno de los temas que están encima de la mesa es el cierre o no de las centrales nucleares y cuándo. El Gobierno quiere armarse de dos normativas que lo eviten, como es el RD de cierre de centrales y la Proposición de Ley que quiere que se tramite vía Parlamento para que las eléctricas asuman el coste del desmantelamiento de sus centrales, en caso de quererlas cerrar.
Pero ¿cuáles son todas las opciones a las que se enfrenta el sector nuclear en España? Una de ellas es la que proponen los partidos de izquierda, la no renovación de las licencias, lo que llevaría al cierre de Almaraz I en 2021, Almaraz II y Ascó I en 2023, Cofrentes en 2024, Ascó II en 2025, Vandellós en 2027 y Trillo en 2028.
Una posibilidad que no contemplan las empresas propietarias, ya que creen "en la operación a la largo plazo de las centrales nucleares, es decir, en el alargamiento de su vida útil", señalan a este diario fuentes del sector eléctrico, "en estas infraestructuras lo que más cuesta es el coste fijo principalmente y una vez que se ha hecho el desembolso, aunque no se ingrese todo lo que se debería, por los altos impuestos que hay que pagar, al menos no se pierde dinero".
Según las mismas fuentes, tanto el 7% del impuesto eléctrico como el de los residuos radiactivos, los impuestos autonómicos y locales, suponen la reducción a la mitad de los ingresos, pero aún así "mientras sean rentables económicamente, el objetivo es mantener abiertas las centrales".
En el caso de que prospere la Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de los partidos de la oposición, tendrían además que asumir otro coste más, el del desmantelamiento cuando vayan a cerrar, un coste multimillonario que obligaría a extender la vida útil de las centrales todo lo posible. Según la última memoria de Enresa, la empresa estatal que se encarga de la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento de las centrales en España, supondrían unos 13.100 millones de euros, incluyendo lo que ya cuesta Garoña y la gestión de los residuos radiactivos. Y si ese desembolso se tuviera que realizar hoy, sería de 8.925 millones.
Según el propio Ministerio, solo el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares ahora activas, incluida Garoña, sería de 4.491 millones de euros. Por su parte, Enresa cree que la cantidad necesaria para llevar esas tareas es algo inferior, de 4.175 millones.
Además, hace unas semanas, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, sugirió la posibilidad de abrir a terceros la propiedad de una central en caso de que el titular no quiera continuar con su operación mediante un mecanismo de subasta, o que pudieran vender a terceros parte de esa propiedad.
“Si se llega a tener la obligación de vender las nucleares podría haber players interesados, pero necesitan una seguridad jurídica y regulatoria que a día de hoy no existe, políticamente es inviable porque la situación tan fragmentada en el Parlamento no lo permitiría”, señalan fuentes jurídicas, “además invertir en una central nuclear que va a cerrar antes de diez años no sería rentable, y a día de hoy la única opción es que quisieran entrar en el accionariado de estas centrales nucleares empresas que no están en el sector y lo verían como una posibilidad”. Para estas fuentes, “no se podría cerrar la puerta a esta opción, aunque habría que verlo porque no se ha lanzado este tema en serio”.
“Las empresas propietarias no están interesadas en inversores extranjeros”, concluyen las fuentes del sector eléctrico, “por el momento la única opción que ven es la del alargamiento de la vida útil, pero siempre bajo el prisma de la rentabilidad económica”.
Con las cartas sobre la mesa, el alargamiento de vida útil de las centrales ahora operativas parece la opción más fiable por varias razones. Porque es lo que quiere el Gobierno, que es quién tiene la última palabra, en principio lo que quieren las compañías y tercero porque no habría que hacer grandes inversiones por temas de seguridad y por tanto sería más rentable.
Si a ello se le suma lo del desmantelamiento, a las eléctricas no les queda otra que tirar hacia adelante y seguir con las centrales. Pero, ¿cuánto tiempo? Algunas fuentes apuntan a 10 años mínimo, y que podría haber posibilidad de prórroga para alguna de esas centrales hasta irse a los 60 años de vida útil, es decir, otros 20 años más.
La solución, en manos del Gobierno y los partidos políticos del Congreso.
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