Hace unos pocos días, en el Congreso Eólico Nacional la patronal de sector reflexionó sobre la aparición de una fuerte oposición a escala local ante proyectos de energías renovables que ha expuesto la complejidad del proceso de transición energética y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la urgencia de un cambio en la matriz energética y una más equilibrada distribución de los impactos que las nuevas instalaciones de renovables ocasionan a esca local.
Como ha quedado patente en estos múltiples conflictos, un proyecto de renovables es algo más que la instalación de una infraestructura y su funcionamiento. Su puesta en marcha ocasiona una densa red de impactos socioambientales que genera diferentes respuestas sociales. Es importante resalta el posicionamiento social frente a la nueva instalación no solo depende de su morfología tecnológica sino, y cada vez más importante, de la gobernanza social del proyecto; es decir de cómo se gestionan los impactos sociales y qué tipo de relaciones se establecen entre los diferentes grupos de afectados e interesados.
La legislación de Impacto Ambiental -europea y española- no está suficientemente preparada para evaluar este tipo de impactos; como mucho hay en las evaluaciones de impacto alguna referencia al tamaño de las poblaciones afectadas y a su patrimonio histórico-arquitectónico. Poco más.
Licencia Social para Operar (LSO)
Como consecuencia de esta insuficiencia legislativa y la aparición de múltiples conflictos por la sempiterna invisibilización de los impactos sociales, han aparecido diferentes fórmulas para su gobernanza, entre las que destaca la Licencia Social para Operar (LSO) -además de la Evaluación de Impacto Social; el Consentimiento, Libre, Previo e Informado; Acuerdos de Impactos-Beneficios.
La aparición de este mecanismo de gobernanza debe entenderse como una respuesta empresarial -no debemos olvidar este importante matiz - ante la emergencia de conflictos ocasionados por la forma y rapidez en la instalación de cientos de plantas fotovoltaicas y eólicas.
Hay varias razones por las que nos parece conveniente abrir un debate público sobre la LSO y dar conocer qué es, para qué sirve y qué pros y contras tiene: por la novedad del concepto y su práctica en nuestro país y porque no está exenta de complejidades dado que un mal empleo de la LSO puede exacerbar los conflictos antes que solucionarlos.
En un primer momento, la LSO se empleó para medir el apoyo tácito de las comunidades a los proyectos mineros. Dada las tensiones que ocasionaba la errónea gestión de los impactos socioambientales, algunas consultoras propusieron al sector instrumentos demoscópicos que medían el apoyo/oposición que la comunidad afectada daba al proyecto.
Evitar conflictos
Con el tiempo, esta LSO cuantitativista ha ido evolucionando hacia enfoques de gestión preventiva de impactos socioambientales y, con esa información, hacia la identificación de propuestas de desarrollo comunitario que sirvan de base para construir una relación amigable entre empresa y comunidad. La LSO se ha ido extendiéndose a otros sectores, como la gestión de RSU y los proyectos de energías renovables.
La LSO responde a la necesidad de las empresas de introducir los aspectos sociales en la gestión de los proyectos, así como de incluir a la población local como un actor relevante en la gestión de los proyectos, como mecanismos aliviadores de conflictos.
No obstante, la práctica de LSO no ha estado exenta de críticas. En primer lugar, se ha mencionado su carácter voluntario. Al no ser un requisito legal, depende del interés de las empresas en llevarla a cabo.
Segundo, y como consecuencia de lo anterior, no existe un arbitraje externo que vigile el cumplimiento de los acuerdos que se puedan alcanzar durante la negociación de la LSO.
Tercero, responde más bien a una reacción empresarial ante los numerosos conflictos locales que han surgido como consecuencia del impetuoso desarrollo de las fotovoltaicas antes que la aceptación de que las comunidades locales y sus territorios deben ser incluidos como grupos de interés privilegiados en el diseño y gestión de los proyectos de energías renovables.
Cuarto, en España es un instrumento escasamente conocido, faltan profesionales formados en LSO que lo implemente como un instrumento de relación empresa-comunidad -tal y como se entiende en Canadá o Australia.
Impactos sociales
La LSO no debe ser entendida ni como un mecanismo medidor del apoyo social a los proyectos ni como un mecanismo apaciguador de conflictos. Debe diseñarse a partir del reconocimiento de que los proyectos son procesos socio-tecnológicos complejos, que generan impactos positivos y negativos.
Para conseguir una LSO fuerte se necesita primero de una evaluación de impactos socioambientales integral, orientada no a medir si no a comprender cómo se originan y cómo se distribuyen los beneficios y los impactos negativos.
La LSO debe proponer medidas para gestionar de forma adecuada esos beneficios e impactos para que las comunidades locales no se vean siempre como las perdedoras de estos proyectos.
No debemos olvidar que la emergencia climática exige un cambio radical en la forma de producir y consumir energía en España, pero también en la gobernanza de los proyectos, para que sean sostenibles en sus tres patas ambiental, económica y, en la olvidada, social.
Antonio Aledo es Catedrático de Sociología Ambiental en el Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante y Especialista en Evaluación de Impacto Social.
galan
19/07/2023