Hace unas semanas INSIGHT_E publicó un estudio para la Comisión Europea (CE) sobre pobreza energética y consumidores vulnerables en la UE. Este estudio compara cómo los estados miembros definen estos dos conceptos y qué medidas se están tomando a estos dos grupos de población. Los conceptos “pobreza energética” y “consumidores vulnerables” fueron formalmente introducidos en el tercer paquete energético de la CE en 2009. Esta batería de directivas y regulaciones obligaba a los Estados miembros a identificar a los consumidores vulnerables incluyendo una definición en su legislación y a establecer medidas para remediar su situación, sin embargo no incluía una definición común para todos países, lo que dificulta la implementación de estrategias adecuadas. En el caso de la pobreza energética, la CE no pidió legislar una definición aunque tampoco existe ninguna consensuada y oficial a nivel europeo. Menos de un tercio de los Estados miembros reconoce explícitamente este concepto aunque los que lo hacen lo ven como un problema diferente al de protección del consumidor vulnerable. Obvia decir que los dos conceptos están relacionados, sin embargo tienen que ver con grupos de población diferentes, por lo que requieren medidas diferentes.
En España sólo se ha definido hasta ahora el concepto de consumidores vulnerables en el sector eléctrico, y deben cumplir al menos uno de los siguientes criterios: una familia grande o una familia en la que todos los miembros estén en paro; ser consumidores de baja tensión (menos de 1 kV) con la potencia contratada inferior o igual a 3 kW; o pensionista mayor de 60 años con una pensión mínima. Las tarifas eléctricas de los consumidores vulnerables se reducen por medio de un "bono social", que fija sus tarifas al nivel de julio de 2009. En diciembre de 2012, 2.544.170 clientes fueron definidos como vulnerables en nuestro país.
En ausencia de una definición específica a nivel europeo existen indicadores cuantitativos generales que se pueden utilizar para comprender cuando una familia vive una situación de pobreza energética. La Oficina de Estadísticas de la UE (Eurostat) recoge datos acerca de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, que se define como los hogares con unos ingresos por debajo del 60% de la media nacional. En España, un 20-30% de la población se encuentra en esta situación. Sin embargo, la pobreza energética y la vulnerabilidad asociada surgen de una variedad y combinación de factores, y por lo tanto los ingresos por sí solos no pueden tomarse como un indicador único. De los países que reconocen pobreza energética a nivel oficial, solo cuatro países (Chipre, Francia, Irlanda y Reino Unido) han legislado su definición. En general se define como la situación en la que los individuos no pueden calentar sus casas adecuadamente y a un precio asequible. Las causas principales, aisladas o combinadas, son ingresos bajos, baja eficiencia energética en edificios y costes energéticos altos. La Unión Europea estima que 54 millones de ciudadanos europeos (10.8% de la población) no pudieron mantener sus hogares a una temperatura adecuada en 2012.
El Reino Unido es probablemente el mejor ejemplo que existe de regulación sobre pobreza energética en Europa. En su primera estrategia (DETR 2001), un hogar con pobreza energética se definía como aquel que tiene que gastar más del 10% de sus ingresos para calentar su hogar a un nivel adecuado (21⁰C en el salón y 18⁰C en las otras habitaciones). Esta definición de pobreza energética fue revisada proponiéndose un nuevo indicador basado en dos criterios: Ingresos Bajos, Costes Altos (Low Income, High Cost, LIHC). Estos hogares cuentan con costes energéticos por encima de la media nacional e ingresos por debajo del nivel de pobreza en el país. En la actualidad sólo Inglaterra aplica el indicador LIHC mientras que el resto de las regiones británicas utilizan el indicador del 10%. Estos dos indicadores tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. El indicador del 10% es simple pero a la vez completo porque fija un objetivo y además cubre las cuatro dimensiones: ingresos, eficiencia energética, costes energéticos y número de personas del hogar; sin embargo puede ser demasiado sensible a las fluctuaciones en el precio de la energía y hasta confuso para hogares que gastan mucho en energía pero tienen ingresos altos. El LIHC por otro lado es menos sensible a las fluctuaciones de los precios y se centra en mejorar la eficiencia energética; sin embargo es complejo y algunos consideran que el umbral obtenido por este cálculo es demasiado alto.
En España la pobreza energética no está todavía regulada. Entre los varios informes no vinculantes que han sido publicados, el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales de 2014 utiliza el indicador del 10% mientras que el de Economics for Energy propone un indicador basado en la Renta Mínima Aceptable o MIS (siglas en inglés de Minimum Income Standard), que se define como la renta mínima de un hogar que permite a sus miembros una integración activa en la sociedad. Este indicador es utilizado en el Reino Unido para medir la pobreza (no solamente energética) por lo que reducirla a evaluar la pobreza energética únicamente puede llevar a no analizar adecuadamente la situación. De hecho el resultado utilizando el indicador del 10% es el doble (18,2%) comparado con el resultado utilizando el indicador MIS (9,9%).
La regulación de los consumidores vulnerables y la pobreza energética es complicada por la alta sensibilidad del tema y porque no se ha hecho antes, pero es necesaria. Los indicadores son importantes para identificar cuantas personas sufren el problema, pero las definiciones vinculantes también lo son para poder tomar medidas adecuadas para cada situación. Las medidas centradas en los consumidores vulnerables ofrecen protección dentro de los mercados regulados, facilitando su acceso y participación. A menudo son a corto plazo en su naturaleza, ofrecen la prestación de ayuda económica o garantizan el suministro permanente en la cara de endeudamiento. Esto significa que el apoyo económico o subsidio no se convierte en el principal instrumento para asegurar la accesibilidad a la energía, sino que es una medida transitoria para dar seguridad a la población. Medidas de pobreza energética por otro lado se centran explícitamente en los hogares de menores ingresos, y tratan de abordar los problemas estructurales a largo plazo como medidas de eficiencia energética en edificios combinadas con información al consumidor donde se comparan precios de electricidad y se ofrecen facturación transparente.
A parte de negociar con las empresas eléctricas sobre tarifas reducidas, hay otras muchas cosas que se pueden hacer para combatir la pobreza energética. Muchos países europeos están poniendo un gran énfasis en mejorar la eficiencia energética de su parque de vivienda social ya que reduciría significativamente el consumo energético y se ganaría mucho en mejorar accesibilidad al sistema energético. Las condiciones climáticas en España junto con el hecho de que la mayoría de las viviendas en España no son eficientes energéticamente deberían ser razones para favorecer una política a largo plazo de renovación de edificios. En Francia la mejora en aislamiento de edificios y eficiencia energética será un elemento esencial en su política de reducción del consumo energético y es algo que la administración española también debería considerar.
Por otro lado, informar adecuadamente a los consumidores sobre su consumo y gasto energético es fundamental para reducir sobrecostes injustificados. Se debería asesorar a los consumidores para reducir su potencia contratada para reducir la parte fija de la factura. Junto con el lanzamiento de los contadores inteligentes (smart meters) sería necesario que las administraciones educaran a la población en las oportunidades que éstos ofrecen a la hora de manejar los datos de consumo.
Aida González Palomino es advisor en Eurelectric.
Este artículo, como todos los de las sección Opinión, son textos a título personal y no de las instituciones a las que representan.
Tomás
13/07/2015