Los analistas financieros advierten de las consecuencias negativas de la propuesta del Gobierno de recortar los ingresos por CO2 no emitido

El Gobierno de España ha iniciado la tramitación urgente de un anteproyecto de Ley que tiene como objetivo detraer ingresos a las centrales eléctricas no emisoras de CO2 puestas en servicio antes de 2005. Los titulares de estas instalaciones ya no ingresarán el precio de mercado como en el resto de los países de la UE, sino que tendrán que devolver una parte de los ingresos obtenidos por la venta de su producción eléctrica, que se destinará al fondo que financia las primas a las renovables. Con ello se aliviará la contribución al pago de las renovables de los productos petrolíferos, electricidad y gas.

Esta iniciativa ha llamado la atención de los principales analistas financieros a nivel mundial. Fitch, Moodys o JP Morgan (entre otros) advierten de las consecuencias negativas de esta nueva intervención política del mercado en España, tanto para el cumplimiento de los objetivos de la transición energética, como para la competitividad del sector, incluidos los consumidores industriales de electricidad.

El recorte de ingresos a las centrales no emisoras equivaldría al coste que les suponen a las centrales emisoras (en la práctica ciclos combinados de gas) los derechos de CO2 que tienen que comprar. Como recuerdan los analistas, encarecer la generación contaminante frente a la no emisora, obligando a pagar derechos de emisión, fue precisamente lo que inspiró la creación del mercado europeo de CO2 (ETS en sus siglas en inglés) vigente desde 2005, por lo que esta medida anula el incentivo a la sustitución de combustibles fósiles por fuentes limpias.

Mediante esta medida se recortan los ingresos de las centrales hidroeléctricas, nucleares y eólicas más antiguas, independientemente del precio de mercado (unos 1.050 millones de euros, considerando un precio del CO2 de 50 €/ton). La detracción depende únicamente del precio del CO2, por lo que con la coyuntura de precios bajos de 2020 se habría dado la paradoja de tener que pagar más de lo que ingresan.

Fitch recuerda que, contrariamente a la argumentación del Gobierno de su alta rentabilidad, la nueva tasa se añade a una ya muy elevada carga fiscal, que soportan unas instalaciones con un alto capex de mantenimiento, y que no están en absoluto amortizadas. Este nuevo impuesto tendría además un impacto negativo inmediato, por los grandes volúmenes de la producción de 2022 de estas centrales ya vendida anticipadamente, sin margen para reaccionar**.**

Por otra parte, en un momento de alta inversión, asociado a la recuperación y la transición energética, el impacto negativo en los perfiles financieros de las empresas energéticas es sin duda una mala noticia. Según Fitch y Moodys la detracción de ingresos puede poner en peligro las inversiones necesarias para la transición energética en España, y pudiendo por tanto comprometer el desarrollo de nueva capacidad de generación renovable, y con ello los objetivos nacionales de la descarbonización.

Esta opinión es compartida por Exane BNP que considera que la medida daña la confianza de los inversores porque supone un nuevo cambio en las reglas del juego en España.

Respecto a las consecuencias para los consumidores, Moodys apunta a que la incertidumbre para las centrales sobre el pago que tiene que hacer por el CO2 no emitido, conducirá a que estas centrales no tengan incentivos para cerrar contratos a largo plazo. Esto reducirá la liquidez de estos mercados, trasladando la volatilidad y riesgo de los mercados spot tanto a consumidores industriales, como a la mayoría de los hogares, que habitualmente están acogidos a este tipo de cobertura de precios.

Finalmente, la propuesta tiene inconsistencias técnicas, sobre las que también advierten los analistas. Moodys la considera desproporcionada, porque reduce los ingresos cuando el precio es alto, pero no actúa cuando el precio es bajo, limitando las ganancias, pero no las pérdidas. Esta visión es compartida por JP Morgan que manifiesta que el mayor desafío para el Gobierno será justificar un ajuste de precio de CO2 sin un límite inferior, cuando las centrales no capturen el precio total del mercado.

Desde el anuncio de la medida la percepción de riesgo regulatorio en España ha aumentado notablemente y las titulares de las centrales afectadas han sufrido cuantiosas pérdidas en bolsa, lo que no parece el punto de partida idóneo para abordar el ciclo inversor sin precedentes que requiere la transición energética.

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