Los bonistas salvan a Abengoa del bloqueo de Montoro y su equipo

A Abengoa no le salen las cuentas ni con Hacienda. A la mala gestión de sus directivos se le unen las inspecciones de la Agencia Tributaria. El agujero fiscal entre los años 2009 y 2011 supuso pedir una nueva línea de crédito, comunicado a la CNMV el pasado 22 de marzo, de 137 millones de euros a los bonistas. Pero Hacienda sigue mirando con lupa los ejercicios 2012 a 2014 y la cifra podría aumentar considerablemente.

En concreto, Abengoa ha tenido que pagar 123 millones de euros en concepto de cuotas e intereses de demora por IVA e Impuesto de Sociedades en abril, "no habiendo sido objeto de sanción por parte de la Agencia Tributaria". Los bonistas (acreedores) que le han prestado el dinero son fondos de inversión internacionales: 683 Capital Partners, LP, Arvo Investment Holdings S.à r.l., CCP Credit Acquisition Holdings Luxco S.à r.l., Company No. 2 Pty Ltd, Lajedosa Investments S.à r.l., Potter Netherlands Coöperatief U.A., SPV Capital Funding Luxembourg S.à r.l., ciertos fondos gestionados por Attestor Capital LLP y ciertos fondos gestionados por OHA (UK) LLP y/o Oak Hill Advisors, LLP.

"Cuando nos anunciaron la concesión de ese nuevo préstamo nos dijeron que era para asegurar las nóminas de los trabajadores del mes de abril, mayo y junio" señalan fuentes sindicales, "y cuál es nuestra sorpresa que era para pagar a Hacienda. Ahora cuadra el anuncio de los 500 despidos que pretende llevar a cabo la compañía, pero lo más indignante es que, tal y como está la compañía, el año pasado, Felipe Benjumea y su familia, que controlan, por el momento, el 50% del Consejo de Administración se doblaron el sueldo".

Además, "se han perdido ya 700 puestos de trabajo de la plantilla en España pero no por despidos sino porque la incertidumbre en el futuro ha provocado la fuga de muchos profesionales" explican las fuentes "y ¿ahora proponen otros 500?".

Negociación laboral

Los sindicatos nos aseguran que todavía la Dirección no les ha comunicado la noticia, pero que en cuanto lo haga se iniciará la negociación, "tendremos que saber si nos proponen un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) o un ERTE (Expediente de Regulación de Empleo Temporal), después tenemos 7 días para crear la comisión negociadora y después, en función de lo que nos propongan, 15 o 30 días para negociar, y finalmente decidir si hay o no acuerdo".

Después de meses de conversaciones con inversores, acreedores, bancos y fondos de capital, ahora comienza una nueva ronda de negociaciones, esta vez con los trabajadores. "Todavía es pronto para saber cómo evolucionarán, pero nosotros tenemos ya unas cuantas propuestas preparadas.