La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) presentó ante el MITECO y la CNMC sus alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se regulará el otorgamiento de las redes de distribución de energía eléctrica cerrada. La entidad considera conveniente una revisión al detalle del texto legal para lograr un encaje adecuado respecto a los autoconsumos, las comunidades energéticas, las líneas directas, y el papel del distribuidor y los comercializadores.
En palabras de Javier Bescós, actual presidente de la asociación de las principales comercializadoras libres de luz y gas natural del país: “Esperábamos un espíritu más liberalizador en la propuesta, para promover una apertura clara en la actividad de distribución no regulada por parte de agentes independientes que puedan ofertar un producto integral a una red de clientes”.
En opinión de ACIE, el papel del gestor de la red cerrada levanta numerosas dudas. Aunque se impone como una sociedad mercantil de objeto exclusivo, el Real Decreto no recoge explícitamente limitaciones a los grupos empresariales que dominan la actividad regulada de distribución en nuestro país.
En cuanto a la acotación geográfica, restringida a 5 kilómetros cuadrados, desde la Asociación consideran que se debería acompañar de una justificación técnica o económica para matizar el porqué de esa unidad concreta.
Otro punto a revisar es la imposición de un máximo de 100 consumidores domésticos (siempre que no representen más del 1% de la energía) que mantengan relación laboral o mercantil con alguna de las industrias acogidas. Con la formulación actual, limita los beneficios para los ciudadanos y se les otorga a estas redes una utilidad de corte logístico en polígonos industriales.
ACIE incide en la complejidad a la hora de interpretar si una línea directa entre un generador y dos consumidores industriales puede ser una red cerrada y revisar de forma urgente la forma en que la legislación actual regula las líneas directas que en nuestro país, a diferencia de lo dispuesto en la normativa europea, no pueden tener conexión alguna con la red de distribución o transporte regulada.
Por último, ACIE considera indispensable una revisión del enfoque económico de estas redes, las cuales deberían pagar una parte de peajes y cargos no definida, restando el interés económico de reducción de costes de energía para sus usuarios.
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