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Los continuos problemas de la energía solar en España le dan alas a la fotovoltaica portuguesa

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Los portugueses se están beneficiando del impuesto al sol español. Algunos desarrolladores españoles están construyendo más allá de la frontera para evitar impuestos y trámites burocráticos.  Este mes, por ejemplo, el desarrollador irlandés WElink Energy, que tiene oficinas en Madrid y Barcelona, ​​inauguró la planta solar sin subsidios más grande de Europa gracias a un acuerdo de compra de energía con Holaluz. Pero la planta está en Portugal.

“WElink optó por construir el proyecto de 46 megavatios en Ourique, a 80 kilómetros de la frontera española, para evitar la burocracia y un impuesto del 7% sobre la producción de energía eléctrica”, le ha dicho a GTM el director jurídico de Holaluz, Daniel Pérez Rodríguez. "El próximo año planean instalar 200 megavatios en el sur de Portugal", dijo Pérez Rodríguez, actual director jurídico de Holaluz, miembro de la directiva de la patronal fotovoltaica UNEF y ex abogado defensor de la industria solar en Holtrop.

“A largo plazo -dijo- WElink espera construir un gigavatio de capacidad en la Península Ibérica, de los que tres cuartas partes se destinarán al mercado español, pero la compañía está suspendiendo sus planes de desarrollo en el mercado español hasta que haya un cambio regulatorio”.

De momento, el hecho de que España aplique un impuesto del 7% a la producción de energía significa que las plantas portuguesas tienen una ventaja financiera inmediata sobre sus contrapartes españolas. El impuesto es un efecto de la resaca del déficit de tarifa.

El último gobierno de España introdujo el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica en 2012, como una de sus primeras medidas para hacer frente al déficit. Luego recortó las ayudas a las renovables, lo que devolvió el sistema eléctrico a un superávit en 2014, pero el impuesto se ha mantenido.

Además, el impuesto se aplica incluso a nuevas plantas que no tienen nada que ver con el déficit de tarifa, dijo Pérez Rodríguez. En España hoy en día, "las plantas no reciben subsidios, pero todas están gravadas por el impuesto”, añadió.

Los impuestos son solo una parte del problema para los desarrolladores solares españoles. También deben superar un aluvión de obstáculos a la regulación nacional, regional y local. La burocracia es frustrante para los minoristas de energía limpia como Holaluz.

La compañía con sede en Barcelona está tratando de ayudar a los clientes españoles a unirse a la transición energética al ofrecer kits solares residenciales y baterías Tesla Powerwall, pero tiene que pagar todo un equipo legal solo para resolver el papeleo.

Algunas de las trabas reglamentarias bordean el ridículo, dijo Pérez Rodríguez. En un caso, un consejo municipal solicitó un plan de eliminación de desechos por escrito para las cajas que venían con un kit solar residencial de 2 kilovatios.

No todas las autoridades locales llegan a tales extremos, dijo Pérez Rodríguez. Pero los obstáculos administrativos que plantea la regulación nacional ya son bastante malos. Si fueran optimizados o eliminados, dijo, los tiempos de instalación solar podrían reducirse de tres meses a uno, y el costo podría reducirse a la mitad.

El caso de WElink no es el único. Audax Renovables y la también española Cox Energy firmaron el pasado mes de marzo el mayor contrato de compra de energía a largo plazo, que cubría un volumen total de 660 MW de potencia instalada, suficiente para suministrar unos 1.300 GWh año de energía renovable o energía verde, equivalente al consumo de más de 390.000 hogares. El contrato establece que Cox Energy atenderá la venta de electricidad acordada con una potencia instalada de 495 MWp en España y otros 165 MWp en Portugal.

La situación en España ha cambiado. El nuevo Ejecutivo del PSOE gobierna en minoría, con la representación más estrecha de cualquier partido gobernante en la historia de España. Pero el PSOE se ha comprometido desde el primer momento a mejorar el apoyo a las energías renovables, y existe un amplio consenso entre las partes de que las reglas que rigen la energía solar deben cambiar.

El momento es propicio por la revisión del sistema eléctrico puesta en marcha por el PP y ahora pilotada por los socialistas. “El PSOE podría fácilmente apropiarse de la revisión para facilitar la construcción de energía solar en España”, concluye Pérez Rodríguez. Y así parece que será, pero los portugueses no se quejarán por los retrasos.

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Un comentario

  • Miguel

    14/08/2018

    Realmente, en España se están llevando a cabo en estos momentos proyectos para una potencia de 4.000 MW de energía solar fotovoltaica. Además hay registrados en el ministerio de industria 23.000 MW en proyectos en fotovoltaica para ser instalados posteriormente. Así que, contradiciendo lo que dice el señor Pérez Rodríguez, España no necesita del nuevo gobierno para instalarse proyectos de fotovoltaica , ni cambiar ninguna normativa. Se van a instalar igual, gobierne quien gobierne.
    Hasta hace poco, mal llamaban impuesto al sol a la parte variable de los peajes del coste del sistema eléctrico. Ahora, en este artículo han cambiado y llaman impuesto al sol al impuesto sobre la energía que es del 7%. Un impuesto que pagan todas los productores de energía eléctrica, desde la solar, hasta el carbón, gas, nuclear e hidráulica, y como indican, dañando competitivamente a todos los productores ante los competidores portugueses y franceses, pues ellos no tienen ese impuesto. No sólo la solar tiene ese problema, a la nuclear y al gas les pasa exactamente lo mismo. Las nucleares no pueden competir con las centrales francesas y las de gas no pueden competir con las centrales portuguesas.
    El impuesto del 7% lo crearon para pagar las deudas acumuladas del sector eléctrico que dejó el gobierno del PSOE cuando "se les fue la olla", como reconoció el mismísimo ministro Miguel Sebastián. Ahora, en este artículo ponen al PSOE como el salvador, cuando realmente ha sido los que han generado el problema cuando hicieron crecer la deuda del sistema eléctrico. La deuda ahora hay que pagarla en 15 años, hasta el 2027. Un verdadero lastre competitivo para España.

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