Los tres empresarios y el alto funcionario imputados en el "caso Eólico" han admitido ante la Audiencia de Las Palmas que existió una trama de sobornos para conseguir ventajas en el concurso de parques eólicos convocado por el Gobierno de Canarias en 2004, al reconocerse culpables de los cargos de cohecho que les imputa la Fiscalía.
Solo el principal acusado en este proceso, Celso Perdomo, que era director general de Industria cuando ocurrieron los hechos, y su pareja sentimental, Mónica Quintana, seguirán defendiendo su inocencia durante la vista oral del caso, según han anticipado sus defensas en la primera jornada del juicio.
Por el contrario, los empresarios y directivos a quienes se responsabiliza de pactar el pago de sobornos, Alfredo Briganty, Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel, admitirán sus culpas y también el funcionario autonómico Honorato López, que va a "colaborar en todo lo que esté a su alcance" desde "un absoluto arrepentimiento", conforme a lo que ha avanzado su representante legal.
En similares términos se han pronunciado ante el Jurado las defensas de Briganty, quien "desea pasar página lo antes posible"; de Esquivel, que sostiene que "cometió un error" y desea "colaborar plenamente", y de Guzmán, quien "va a reconocer los hechos" y "a colaborar con la Justicia de manera activa, sincera y leal", de acuerdo a la exposición de sus letrados.
Su postura ha sido cuestionada, en todo caso, por la abogada de Celso Perdomo, quien ha afirmado que "probablemente los que se conformen no tienen tanto que perder" (se exponen inicialmente a penas de año y medio a dos años de cárcel, mientras que para su cliente se piden siete años).
Estos cuatro procesados probablemente prefieren declararse culpables para poder acogerse a rebajas de sus condenas, sostiene la defensa del principal encausado, que ha insistido en que Celso Perdomo "no ha hecho ni cometido los delitos por los que está sentado en el banquillo".
Más allá ha ido el abogado de la novia del director general, que ha asegurado que "el 'caso Eólico' no tiene nada que ver con Mónica Quintana" y que "su delito es ser pareja de Celso Perdomo".
Pese a todo, el defensor de Quintana ha planteado también sus dudas sobre las verdaderas razones que han llevado a cuatro de los acusados a reconocer los actos delictivos que les imputan, apuntando a que lo hacían para obtener beneficios legales y evitar perjuicios mayores bajo la premisa "más vale un mal pacto que un pleito".
Sus planteamientos han sido contestados por las tres acusaciones personadas en esta causa, el Ministerio Fiscal, el Gobierno de Canarias y una empresa que alega que fue perjudicada por lo ocurrido, que han reiterado que todos los enjuiciados tomaron parte en una trama de corrupción que perjudicó al interés público.
Así, la Fiscalía ha instado a los miembros del Jurado a castigar "unos hechos tan graves" que ha adelantado que confirmarán las "numerosísimas pruebas" que se presentarán en contra de los procesados a lo largo de las distintas sesiones de la vista oral iniciada hoy.
Y también ha pedido condenar a los encausados el abogado del Gobierno de Canarias, que ha expuesto que se trata de personas que "aprovecharon la posición que tenían" para, desde puestos "de privilegio", no cumplir con los principios que les obligaban a trabajar por el bien general sino "beneficiar a unos perjudicando a otros" buscando su propio beneficio.
Algo que ha negado que ocurriera la defensora de Celso Perdomo, que ha recalcado su propósito de "acreditar, punto por punto, la inexistencia de los elementos constitutivos de los delitos que se achacan " a su cliente.
Además, la abogada del exdirector general ha sugerido que las causas de que fuera denunciado no obedecen a que cometiera ilegalidad alguna, sino a intereses de terceros que podrían sacar ventaja de ello, porque "este tema tiene un trasfondo político", según ha asegurado, aunque sin precisar quiénes habrían sido los beneficiarios de la situación de su defendido.
En cualquier caso, la letrada ha querido recordar a los miembros del Jurado que todavía ninguno de los procesados es legalmente culpable, en la medida en que no han sido condenados, y que mantendrán su condición de inocentes mientras no quede demostrado lo contrario.
Puesto que, en un caso así, "la acusación es quien tiene la carga de la prueba" y, por tanto, la obligación de acreditar que son ciertos los hechos que imputa a los enjuiciados.
Un objetivo este por el que trabajarán el Ministerio Fiscal y los demás acusadores de este juicio en una vista oral que proseguirá mañana con el comienzo de las declaraciones de los procesados y se prevé que se prolongue hasta mediados del mes de julio, por el gran volumen de pruebas y testimonios a presentar en ella.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios