Queda poco más de tres meses para que se cumpla el plazo en el que tendrían que ponerse en funcionamiento los más de 8.000 megavatios (MW) renovables adjudicados en las subastas de 2016 y 2017. Sin embargo, hay muy pocas expectativas de que sea así. El sector ya calcula que si lo consigue algo más de la mitad de esa cifra será todo un éxito, "aunque no hay preocupación en los promotores, porque prefieren tardar un poco más, perder los avales y asegurarse el cierre de un PPA. Les interesa más. Los avales son un riesgo asumido", explican fuentes expertas del sector a este diario.
"Sabemos con seguridad que entre 1.800 y 2.200 MW no se van a instalar, muchos de ellos corresponden a parques eólicos, pero la cifra podría ser mucho mayor" continúan, "de hecho, se espera que se instalen más megavatios el próximo año de lo que se va a hacer en todo este 2019".
Según la Resolución de 10 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, 'las instalaciones en estado de preasignación dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2019' para cumplir con la normativa. El incumplimiento de dicho plazo supondrá la pérdida de los derechos económicos asociados y la ejecución de las garantías. Esto significa que el Ministerio de Transición Ecológica, llegada esa fecha, ejecutará los avales de aquellos proyectos que no hayan hecho sus deberes.
"Es un procedimiento administrativo que se inicia por parte del Ministerio por no cumplir unos requisitos que se han previsto en una norma", explica a este diario Daniel Pérez, responsable del servicio jurídico de la comercializadora de electricidad 100% renovable Holaluz, "y por tanto es una aplicación del RD ya ha aprobado. Es un acto administrativo individualizado para cada una de las partes interesadas en el que se dirá que se les procede a cancelar el aval por incumplimiento de las condiciones necesarias para llegar a construir e inscribir la instalación en estado de explotación en el registro de retribución específica".
"Sin embargo, como hay un calendario de hitos, por ejemplo en abril de 2018 se tenía que haber identificado el proyecto, y si no se hacía, se ejecutaba un porcentaje determinado de este aval", señala por su parte Piet Holtrop, socio fundador de HOLTROP SLP Transaction & Business, "no significa que aquellos proyectos que no lleguen a tiempo a finales de este año, se les vaya a ejecutar el 100% de las garantías, es decir, los 60.000 euros por MW adjudicado, sino la parte vigente, lo que se ha ido cumpliendo deja de estar expuesta a la ejecución".
"Ya hay experiencias previas de que se hayan ejecutado las garantías cuando no se han cumplido los hitos", continúa Holtrop, "es entendible, si aceptas las bases para poder pujar para adjudicarse potencia, es entendible que debes estar seguro de que puedes cumplir la meta, o arriesgarte a que se ejecuten los avales. Si no se hiciera así, se fomentaría la especulación y perjudicaría los intereses generales. Además, el Ministerio no podría emitir ninguna Orden Ministerial para prorrogar los plazos porque sería totalmente impugnable".
"Lo cierto es que muchos promotores ya han incluido la pérdida de avales en su previsión de costes", concluyen las fuentes expertas del sector, "no es lo óptimo, nadie quiere perder dinero, pero si se firma un PPA, se consigue un suelo mucho más alto que el de las subastas, que el del sistema regulado, y de cara a la financiación es mucho mejor. De nada sirve correr para llegar a tiempo, con el aumento de costes que conlleva, si con un PPA se aseguran más la rentabilidad de la instalación".
Josep
26/09/2019