Luxemburgo anunció este lunes su decisión de sumarse a la denuncia que Austria presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la clasificación "verde" de la energía nuclear y el gas, aprobada por el bloque comunitario.
"El 15 de julio de 2022 se publicó en el 'Diario Oficial' de la Unión Europea (DOUE) el reglamento delegado de 'taxonomía' que incluye la energía nuclear y el gas natural en la 'taxonomía verde'. Austria presentó un recurso contra el Reglamento Delegado sobre 'taxonomía' el 7 de octubre de 2022. Luxemburgo intervendrá junto a Austria", informó el Gobierno luxemburgués en un comunicado.
La nueva clasificación europea de las inversiones consideradas "sostenibles" -llamada formalmente "taxonomía"- incluye las centrales nucleares con permiso de construcción antes de 2045 y las plantas de gas que emitan menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio hora hasta 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil.
Las plantas de gas y nucleares
Tras la publicación del anuncio del recurso de Austria en el DOUE, Luxemburgo presentará su demanda ante los tribunales europeos y una vez aceptada podrá presentar su pliego de cargos, precisaron los ministerios luxemburgueses de Medio Ambiente, Clima y Desarrollo Sostenible y de Energía y Ordenación del Territorio en un comunicado conjunto.
Este pliego de descargo, añadieron en la nota, contendrá los argumentos de fondo contra el reglamento delegado de "taxonomía".
La demanda austriaca se basa en un informe de expertos internacionales que señalan que la energía atómica no es sostenible, según medios locales austriacos.
Austria también considera que el reglamento presentado por la Comisión Europea es legalmente incorrecto, ya que -según se argumenta- esa institución carece de competencias para decisiones políticas de tan largo alcance.
Por último, también se citan fallos de procedimiento, ya que los Estados de la UE habrían tenido poco tiempo para evaluar las medidas.
El objetivo de la "taxonomía" era etiquetar aquellas actividades consideradas auténticamente verdes para facilitar que se canalicen inversiones a fines sostenibles en sectores como el energético, la agricultura, el transporte o la industria, pero en la práctica no obliga ni prohíbe invertir en ellas.
Mientras que Francia y algunos países nórdicos respaldaron la clasificación, que entrará en vigor el primero de enero de 2023, otros como Austria, Dinamarca, España y Luxemburgo se opusieron.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios