El grupo energético Naturgy ha bajado hoy casi un 4 % en bolsa tras publicarse algunas informaciones que apuntan a que el Gobierno podría no autorizar la opa parcial lanzada por el fondo australiano IFM sobre el 22,69 % del capital de la compañía española.
Las acciones de Naturgy han caído un 3,83 %, el cuarto mayor descenso del Ibex 35, y han cerrado la sesión en 20,35 euros, aunque han llegado a bajar casi un 6 %. En lo que va de año, suben un 7,3 %.
Los títulos del grupo energético se han desplomado de forma abrupta poco antes de las 14 horas tras una noticia publicada por la agencia económica estadounidense Bloomberg, según la cual el Gobierno se inclina por vetar la oferta.
Otros medios habían planteado esta posibilidad previamente, pero Bloomberg es una agencia de referencia para los inversores.
En apenas unos minutos, Naturgy ha pasado de 21,1 euros por acción a 19,9 euros, aunque posteriormente ha recuperado parte del terreno perdido y ha quedado en los 20,35 euros a los que ha cerrado.
El fondo IFM Global Infrastructure, gestionado por IFM Investors, dirige la oferta a un máximo de 220 millones de acciones de Naturgy, lo que representa el 22,69 % del capital.
IFM ofrece un precio de 23 euros por título, con lo que el importe máximo a pagar será de 5.060 millones de euros.
La opa está condicionada a que IFM logre una aceptación mínima del 17 % del capital de Naturgy.
El Gobierno ha ido reforzando el blindaje de las empresas españolas desde que estalló la pandemia de coronavirus.
En marzo, el Ejecutivo modificó la Ley 19/2003, que regula los movimientos de capitales y las transacciones con el exterior, mediante la inclusión de un artículo "7 bis" que exigía la autorización previa del Gobierno para determinadas inversiones directas en empresas españolas.
Inicialmente, la medida solo incluía a inversores de fuera de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), pero en abril se extendió a sociedades europeas controladas por inversores ajenos al espacio comunitario.
Finalmente, en noviembre, el Gobierno amplió el blindaje, de forma temporal, a operaciones protagonizadas por inversores de la UE y la EFTA, e incluso por empresas españolas controladas por accionistas europeos.
Según el real decreto-ley, se entenderá que las empresas están controladas por accionistas no españoles cuando los propietarios últimos posean un porcentaje superior al 25 % del capital o de los derechos de voto.
El blindaje se aplicará a las inversiones directas en empresas cotizadas en España o en compañías no cotizadas si el importe supera los 500 millones de euros.
La norma considera inversiones directas aquellas en las que el inversor adquiera una participación igual o superior al 10 % del capital.
Los sectores afectados son, entre otros, tecnologías "críticas" de doble uso (civil y militar), tecnologías clave para la capacitación industrial, telecomunicaciones, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespacial y de defensa, nanotecnología, biotecnología, materiales avanzados, suministro de energía y medios de comunicación.
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