La situación que el Conoravirus ha creado es excepcional y por lo tanto necesita acciones y respuestas excepcionales. Mas que nunca, nuestras casas se convierten en nuestro refugio además de nuestras aulas, oficinas y nuestro comedor. Cuando como consecuencia del parón económico promovido por la crisis sanitaria del virus, una persona pierde su trabajo o se ve sometida a una gran presión, en particular con respecto a su salud o la de sus familiares, no deberían estar preocupadas por pagar facturas.
En Europa, los gobiernos y reguladores están tomando medidas para prevenir que los hogares sean desconectados del uso de electricidad y ayudar a los hogares vulnerables a pagar su factura del consumo de luz, o posponer el pago de estas. Por ejemplo en la Región Flamenca de Bélgica en los hogares donde al menos un miembro está en situación de desempleo temporal debido al brote de Conoravirus, la factura de un mes de energía o agua hasta EUR 202,68 será pagada por el gobierno flamenco. En Italia, las primeras once ciudades más afectadas por la pandemia, el pago de las facturas de agua y luz se pospondrán hasta el 30 de abril, y la cantidad será repartida en los siguientes pagos mensuales.
Muchos gobiernos y reguladores han decidido prohibir las desconexiones en caso de facturas impagas hasta que termine la emergencia del coronavirus. Como proveedores de servicios esenciales, es razonable que las compañías eléctricas realicen esfuerzos y se pongan aún más al servicio de sus clientes.
**La paradoja de las buenas intenciones. **
****Sin embargo, esos esfuerzos no deberían extenderse de manera desigual, con el riesgo de que las empresas eléctricas más pequeñas sufran mas. En España, las medidas que en este respecto recogen el RDL de 31 de marzo permite a los afectados por desempleo temporal, autónomos y PYMES reducir su gasto en la factura de la luz. Estas medidas son sin duda necesarias y bien intencionadas. Sin embargo, en España los efectos de las medias a veces se trasladan en efectos no previstos, por ejemplo, aquellas personas que san objeto de un ERTE y se pueden pasar a ser consumidores eléctricos vulnerables y ser elegibles al bono social, cuya gestión como consumidor vulnerable solo pueden ejecutar las comercializadoras de ultimo recurso esperándose una fuga de consumidores. Además, el creciente bono social se repercutirá entre todas las comercializadoras según proporción de mercado, al igual que soportar el coste de la red por parte de los distribuidores con facturas impagadas afectará a los distribuidores de electricidad de manera diferente, ya que no todos cuentan con los mismos niveles de liquidez para cubrir los cargos de red no pagado.
Por lo tanto, entre los peajes costes y la metodología entorno a la gestión y financiación de los consumidores vulnerables, los costes de estas medidas se traducen de manera desigual entre los distintos operadores de red y comercializadoras. Si la situación se alarga en el tiempo, las pequeñas comercializadoras y cooperativas energéticas podrían terminar acumulando demasiada deuda, enfrentándose a situaciones de carencia de flujo de caja y potencialmente desaparecer. Esto pondría en riesgo algunas comercializadoras y que eventualmente los ciudadanos tendrían que pagar la factura dos veces, como contribuyentes y como clientes.
Los consumidores vulnerables, siendo ciudadanos y actores en la transición energética, podrían ver su papel en la misma en peligro. El paquete Energía limpia para todos, adoptado el año pasado, coloca al consumidor en el centro del mercado y abre nuevos derechos y oportunidades para unirse por completo a la transición energética. Por ejemplo, las directivas y reglamentos de la UE ahora garantizan a los consumidores que se beneficien de servicios energéticos nuevos y alternativos, como que a través de agregación sus recursos distribuidos puedan participar en cualquier mercado organizado como servicios de balance, diario, intradiarios, continuo o nuevos mercados locales de flexibilidad, o como que se unan a las comunidades locales de energía.
En sus dos versiones, energética renovable o ciudadana, las comunidades locales de energía proporcionan beneficios ambientales, económicos o sociales para sus accionistas o miembros o para las áreas locales donde opera, y por lo tanto aporta un valor positivo a la comunidad y a los ciudadanos y consumidores que la forman. Por lo tanto, contribuyen a un crecimiento más sostenible, innovación social y permiten a los consumidores participar directamente en la transición energética. De acuerdo con la legislación de la UE, todo tipo de consumidores, incluidos los más vulnerables, deberían tener derecho a unirse a las comunidades energéticas.
Aun así, lo harán solo si sienten que vale la pena económicamente y que tienen las garantías de que sus derechos se harán cumplir adecuadamente, también en tiempos de crisis
Volverse más resistente al cambio climático significa invertir ahora en el futuro de la energía
Pensar en el futuro del sistema energético debería, por lo tanto, ser la prioridad. Es lo que impulsará nuestra capacidad de ser más resistentes al cambio climático y mitigar la pobreza energética a largo plazo. La pobreza y la vulnerabilidad energética siguen afectando a 50 millones de europeos y va mucho más allá de la imposibilidad de pagar las facturas. En España y según la Estrategia Nacional contra la pobreza energética 2019-2024 entre 3.5 y 8,1 millones de personas dependiendo del indicador usado están en situación de pobreza energética. La pobreza energética conduce a la exclusión social y la estigmatización, las malas condiciones de vida y una mayor vulnerabilidad al cambio climático y los desastres naturales. Afecta directamente la dignidad y la sensación de seguridad que sentimos en casa. Las consecuencias en la salud física (como enfermedades respiratorias y cardíacas), en la salud mental (depresión y ansiedad por facturas de energía no accesibles), en la capacidad de aprender (un niño que tiene frío en el hogar no aprenderá bien en la escuela), o en empleo y actividades sociales, son numerosas.
Las circunstancias excepcionales a las que nos enfrentamos debido al brote de Conoravirus, deberían ser el catalizador para una acción mejor y más coordinada contra la pobreza energética y el cambio climático. Una de ellas es la creación de un sistema energético más inteligente y flexible. El paquete de directivas europeas adoptado en 2019 proporciona el marco adecuado para implementar nuevos servicios energéticos que coloquen a los consumidores en el centro de la transición energética. Esos servicios permiten a los consumidores hacer uso de sus recursos energéticos distribuidos y tienen derecho a participar en unos mercados europeos de electricidad mejor organizados y armonizados. Estimularán entre otros, el despegue de baterías de almacenamiento eléctrico, soluciones de agregación de demanda, carga-descarga inteligente de vehículos eléctricos y participación en comunidades energéticas. Proporcionan soluciones de congestión a los distribuidores de electricidad y, en última instancia, esta gestión inteligente de la flexibilidad de los recursos distribuidos del consumidor, permiten una mejor integración de las fuentes de energía renovables. Es el momento adecuado para que los gobiernos tengan en cuenta las capacidades y los beneficios de los nuevos servicios energéticos para los consumidores vulnerables y el lugar dónde viven.
Los fuertes compromisos de eficiencia energética y las grandes olas de renovación de edificios deberían acompañar esta transformación, como también se anunció en El Pacto Verde Europeo, el cual dice que “El riesgo de pobreza energética debe abordarse para los hogares que no pueden pagar servicios energéticos clave para garantizar un nivel de vida básico. Programas efectivos, como esquemas de financiamiento para que los hogares renueven sus casas, pueden reducir las facturas de energía y ayudar al medio ambiente”. La Comisión Europea también a anunciado que publicará una orientación para ayudar a los Estados miembros a abordar la pobreza energética. La renovación de viviendas, los programas de modernización y hacer que no solo los consumidores, sino también los edificios, sean más flexibles y aptos para el futuro, deben estar entre las políticas prioritarias. Protegerá a los consumidores vulnerables a largo plazo y apoyará su participación en nuevos servicios energéticos, con autoconsumo compartido, comunidades energéticas y vehículos eléctricos compartidos público-privados, y los capacitará para enfrentar los desafíos del cambio climático
Conclusión
Políticas coherentes que forman parte de un enfoque a largo plazo son más que nunca necesarias para sacar a nuestras economías de la crisis de una manera duradera y sostenible y también para responder al desafío cada vez más apremiante de la lucha contra el calentamiento global. Es la elección correcta para los participantes del mercado actual y para crear un mundo donde nadie se quede atrás.
Alicia Carrasco de olivoENERGY y Marine Cornelis de Next Energy Consumer.
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