Petrobras, Exxon, Chevron y CNPC se adjudican 19 concesiones en la polémica región amazónica

La brasileña Petrobras, las estadounidenses ExxonMobil y Chevron y la china CNPC se adjudicaron 19 concesiones para explorar y explotar petróleo en una polémica región marina en Brasil próxima a la desembocadura del río Amazonas, en medio de protestas de indígenas y ecologistas.

La estatal Petrobras asociada en consorcios en partes iguales (50%) con ExxonMobil venció la subasta por los derechos sobre diez de las áreas subastadas.

Las otras nueve concesiones se las adjudicó un consorcio integrado por Chevron (65%) y la corporación estatal china CNPC (35%).

Los dos consorcios pagaron en total 844 millones de reales (unos 153 millones de dólares o 133 millones de euros) por los derechos para explorar áreas que suman 16.200 kilómetros cuadrados de extensión.

La Agencia Nacional de Petróleo (ANP, regulador) ofreció en la subasta de este martes 42 concesiones para explotar petróleo en la región marítima próxima a la desembocadura del Amazonas, pero no hubo interesados para las otras 23 áreas.

La subasta para Petrobras, Exxon, Chevron y CNPC

La subasta fue realizada en medio de una intensa polémica debido a que los grupos ecologistas consideran que las concesiones en esta región, pese a tratarse de bloques marinos en aguas profundas, están ubicadas en un área vulnerable próxima a la Amazonía.

La exploración de petróleo en la región es vista con preocupación por el impacto que un posible derrame podría tener en la zona, considerada de "extrema sensibilidad socioambiental", pues alberga pueblos indígenas y una rica fauna y flora, con manglares, arrecifes de coral y especies en peligro, como el delfín gris y el manatí.

Ante tal riesgo, la petrolera estatal Petrobras aún no ha conseguido la licencia ambiental necesaria para realizar su primera perforación en un concesión que se adjudicó en esta misma región hace doce años.

La subasta fue precedida de una protesta de indígenas, ecologistas y ambientalistas que aseguran que, además de poner en riesgo un área en el litoral de la Amazonía, el proyecto contradice las propuestas de descarbonización de Brasil como organizador de la Cumbre Climática COP30, prevista para noviembre próximo en la ciudad amazónica de Belém.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva defiende la exploración en la región y alega que este nuevo y prometedor horizonte petrolero puede reponer las reservas de Brasil y garantizar la financiación de la transición energética.

La Fiscalía pidió a la Justicia la suspensión de la subasta hasta que sean "cumplidas una serie de medidas previstas en la legislación socioambiental" para evitar una tragedia ambiental, pero el tribunal no ha tomado una decisión hasta el momento.