Los últimos datos oficiales revelan que España es el país de Europa con mayor incremento de ciudadanos en riesgo de pobreza energética, considerada un problema de salud pública por la OMS . El invierno, tan idílico e inspirador para algunos, se convierte en un infierno de penurias para miles de familias que tienen que combatir el frío en viviendas en las que las temperaturas son tan bajas como sus niveles de ingresos.
Las frías estadísticas nos cuentan que en el invierno de 2020 un 10,9% de los ciudadanos españoles no pudieron mantener sus hogares en temperaturas consideradas adecuadas, frente al 7,6% del año anterior.
Estamos hablando de más de cinco millones de personas pasando frío en una realidad particularmente compleja por la situación de confinamiento doméstico como consecuencia de la pandemia.
También se observa un incremento de tres puntos porcentuales en el número de personas que retrasaron el pago de sus facturas hasta el 9,6% a pesar de que 2020 no fue el año en el que los precios de la luz iniciaron su escalada imparable. Pese a ello, un 16,8% de los hogares tuvieron un gasto energético “desproporcionado”, un porcentaje que promete nuevos disgustos teniendo en cuenta el elevado coste de la calefacción en el último año y medio.
Además de los bajos ingresos y elevados costes de la energía, la mala eficiencia energética y el deficiente aislamiento de las viviendas o los edificios son un elemento decisivo detrás de esta lacra.
“La pobreza energética se define como la situación en la que se encuentra un hogar en el que las necesidades básicas de suministros de energía no pueden ser satisfechas, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente, y que puede ser posiblemente agravada por disponer de una vivienda ineficiente”, explica el Ministerio para la Transición Ecológica en su actualización sobre la estrategia contra este problema.
Es cierto, las autoridades europeas a través de los fondos Next Generation promueven la rehabilitación como elemento fundamental de la soñada eficiencia energética conscientes de que los edificios son los principales derrochadores de energía y emisores de CO~2~.
Las nuevas construcciones cuentan con estándares de aislamiento por la normativa vigente y, aunque exista un margen de mejora evidente acorde con los estándares europeos, no deberían ser el centro del problema siempre que se controle el cumplimiento de las exigencias correspondientes. Además, muchos edificios oficiales y residenciales van a aprovechar las subvenciones europeas para mejorar sus sistemas de protección en fachadas y cubiertas en aras de un mayor confort y menor consumo de energía.
Pero la cruda realidad es que la pobreza energética afecta a personas en situaciones sociolaborales complejas, cuando no en riesgo de exclusión social absoluta. Este gran grupo de población requiere miradas mucho más amplias y ancladas a la realidad de la sociedad, con políticas que impulsen la revisión y rehabilitación de las viviendas de los más desfavorecidos, en muchos casos las peor construidas en términos de aislamiento.
Todos los gobiernos han manifestado abiertamente su preocupación y recetas para tratar de contener la subida imparable de los precios energéticos con un efecto devastador sobre sus votantes. Pero hay que actuar también sobre un parque de viviendas que no solo sufre de forma desmedida las inclemencias sino que también puede ser un foco permanente de contaminación atmosférica, si sus habitantes tienen suerte y pueden permitirse el lujo del consumo energético.
La Unión Europea ha publicado recientemente un interesante informe que, bajo el título “La lucha contra la pobreza energética a través de acciones locales”, explica 24 casos inspiradores a lo largo de Europa para combatir la pobreza energética resolviendo el deficiente aislamiento de las casas. Las distintas actuaciones realizadas desde Barcelona a Milán, implican a gobiernos nacionales, regionales o locales, organizaciones sin ánimo de lucro y/o empresas que analizan la situación de las viviendas de personas con escasos recursos y realizan o ayudan en las reformas necesarias para mejorar su habitabilidad. Tomemos nota.
Luis Mateo es director General de ANDIMAT (Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes).
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