Después de doce horas de negociación, desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del 6 de diciembre, el trílogo para la **Directiva de diseño de mercado eléctrico **entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea no consiguió llegar a un acuerdo. El conflicto está en definir los límites para poder participar en los mecanismos de capacidad, es decir, si las centrales térmicas de carbón pueden participar más allá de 2030 o no.
Polonia es el principal obstáculo para llegar a un consenso porque se niega a que las térmicas dejen de recibir estas ayudas en 2030 y quieren alargarlo hasta, al menos 2035. El trílogo se retomará el próximo 18 de diciembre para tratar de encontrar un consenso.
El comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, lo dejó muy claro en Twitter: "necesitamos ser coherentes con la ambición de la Climate Action y poner fin al apoyo público a la generación más contaminante. Debemos continuar con las negociaciones hacia un proyecto más ambicioso".
"Después de doce horas de negociación, el Consejo aún defiende los subsidios al carbón hasta 2035. Esto es simplemente inaceptable", ha dicho Florent Marcellesi, eurodiputado por EQUO en el grupo de Los Verdes/ALE y ponente en esta directiva.
El colapso en las conversaciones es una señal de advertencia para las naciones del mundo reunidas en la cumbre del clima de la ONU en Katowice, Polonia. Pero el fracaso de la UE para avanzar en la reforma del mercado eléctrico muestra las dificultades para gestionar la transición hacia el fin del carbón. Polonia depende del carbón para casi el 80% de su demanda de electricidad.
Y es precisamente por este país por el que colapsaron las conversaciones. Polonia quiere seguir dando ayuda estatal al carbón a través de los llamados "mecanismos de capacidad", mientras que la Comisión Europea ha propuesto poner un límite de emisión de 550 g de CO2 por kilovatio/hora, un umbral que descarta de facto las ayudas estatales para las centrales eléctricas de carbón.
Polonia está presionando para obtener derechos de "exención" que ya se aprobaron a nivel de la UE, diciendo que es una cuestión de seguridad jurídica para las eléctricas que ya firmaron contratos que serían invalidados con la nueva directiva propuesta por Bruselas.
"Todo el mundo está de acuerdo en el límite de 550 g, pero no en las fechas de entrada en vigor", dijo Marcellesi a EURACTIV. Según el eurodiputado español, lo que dificulta el acuerdo es que las ayudas estatales para las plantas de carbón existentes continúen hasta 2035.
"La gran pregunta ahora es si habrá que insertar una cláusula especial para el caso específico de Polonia", dijo Marcellesi. Aunque el asunto no se ha planteado oficialmente, el eurodiputado español dijo que ésta era la suposición que los negociadores estaban llevando a cabo durante las conversaciones en el trílogo. Pero, "Polonia no puede por sí sola determinar la totalidad de la política energética de Europa", argumentó Marcellesi.
Sin embargo, hasta ahora la Unión Europea no ha logrado un plan convincente para "hacerse cargo del coste de la transición energética para el sector eléctrico polaco", dijo por su parte Witold de Chevilly, de la asociación polaca de electricidad PKEE. Tampoco es que haya unanimidad en el país centroeuropeo, los críticos, como el_ think tank_ polaco Forum Energii, también apuntan con el dedo a Varsovia por no haber hecho su propia estrategia sobre la transición energética en el país.
La eliminación gradual del carbón y la creciente demanda de electricidad "requeriría inversiones de entre 128 y 148 billones de euros en activos de generación solo para 2045", señala un estudio de Eurelectric, la asociación europea de la industria eléctrica. Esto se suma a los permisos de emisión de CO2 entre 68.000 y 85.000 millones de euros entre 2020 y 2045, según las estimaciones.
Otro de los temas de discusión es si debe ser la Unión Europea o los reguladores nacionales quienes deben decidir sobre la necesidad de establecer mecanismos de capacidad y de a qué nivel. Una decisión que se basaría en una "evaluación de la adecuación" para determinar si hay suficiente capacidad de generación de energía disponible para satisfacer la demanda, incluso durante las horas pico del invierno.
A día de hoy las realizan los operadores de sistemas a nivel nacional y europeo, pero no está claro cuál debe prevalecer en caso de conflicto. Una propuesta que el regulador de la UE, ACER, debe dar su última palabra y que aún no ha logrado hacer el corte.
Otro tema polémico en las conversaciones de la UE relacionado con los precios regulados de la energía. Las conversaciones se centraron en acordar una fecha final para eliminarlos aunque se deben mantener las tarifas reguladas para los hogares vulnerables dentro de la normativa sobre pobreza energética.
"Tendremos que volver a negociar el 18 de diciembre", concluyó Marcellesi.
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