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Por qué fijar un precio a la nuclear puede ser contraproducente para el consumidor doméstico a medio y largo plazo

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Una de las medidas propuestas por Unidas Podemos es mediante Real Decreto Ley fijar un precio a la nuclear. Para ello pone como ejemplo Francia.

En 2011 el Gobierno francés negoció el mecanismo ARENH (Acceso Regulado a la Energía Nuclear Histórica). Este mecanismo consiste en la celebración de un contrato a largo plazo (15 años) para la energía nuclear generada por EDF con los suministradores alternativos a un precio fijo de 42 €/MWh.  Actualmente, el Gobierno francés está negociando con la Comisión Europea aumentarlo a 45-50 €/MWh con el objetivo que es estas centrales cubran sus costes. Nótese que las centrales nucleares de Francia destinan alrededor de 3 €/MWh de sus ingresos al pago de impuestos y tasas.

EDF tiene en marcha un ambicioso programa de inversiones de 55.000 M€ durante 2014-2025 (Grand Carenage) para ampliar la vida útil de todas las centrales más allá de 40 años (50-60 años). Hace unas semanas, la ASN (Autoridad de Seguridad Nuclear de Francia) dio luz verde a poder extender la vida útil de 32 reactores de EDF (todos ellos de 900 MW) hasta los 50 años.

Además, Francia ha fijado por ley mantener la capacidad instalada nuclear actual (63 GW) hasta el final de su vida útil.

Como se puede ver esto es muy distinto a lo que sucede en España, sobre todo en dos cosas, calendario de cierre de centrales donde Eespaña tiene previsto cerrar el parque nuclear entre 2027 y 2036 y sobre todo la fiscalidad que soporta la energía nuclear en España.

Según datos de Foro Nuclear, en España, los costes actuales de la generación nuclear se estiman en torno a 57 €/MWh. La principal diferencia entre estos dos niveles de coste radica en la muy superior carga impositiva que soportan las centrales nucleares en España, y que supone alrededor de 23 €/MWh.

Otras fuentes del mercado señalan que si Francia necesita 45-50 €/MWh para cubrir costes, España necesitaría al menos 13 €/MWh más por la fiscalidad, es decir, irse a la horquilla de 58-63 €/MWh.

La pasada semana el sector nuclear español se postuló para ser una solución a los altos precios de la electricidad. Considera que el parque nuclear del país podría garantizar la cobertura a largo plazo de todos los contratos a tarifa regulada -el denominado PVPC-, actualmente indexados al precio del mercado mayorista, «a un precio estable y muy inferior al actual».

Para ello, solicitaba al Gobierno que redujera la presión fiscal sobre la energía nuclear y así podría ofertar energía mucho más barata, en el orden de los 45 €/MWh. La tasa Enresa hay que mantenerla sí o sí.

Pero una cosa es esto, y otra bien distinta lo de Unidas Podemos, que pretende sacar del 'pool' a la nuclear con un precio fijo hasta el fin de su vida útil sin quitar los impuestos.

Las diferencias de precios son destacables, no es lo mismo 45 que 60.

Ahora vayamos a ver los precios futuros de la electricidad. Según OMIP, el operador del mercado de futuros, la electricidad para 2022 cotiza a unos 86,40€/MWh,  muy por encima de los 60 €/MWh. Para el próximo año cualquiera de las dos opciones podría ser buena para los consumidores.

En el caso de 2023 ya la cosa cambia. A día de hoy se negocia a 59 €/MWh. Que ya de por sí es un precio medio alto. Con ello, sólo la propuesta del sector sería adecuada para los consumidores. El modelo francés extrapolado a España ya no valdría, no habría beneficio para el consumidor.

En años posteriores, sucede algo parecido, incluso se esperan precios más bajos gracias a la puesta en marcha de nuevas instalaciones de renovables.

Queda claro que un acuerdo como el de Francia con su mecanismo ARENH no se puede llevar a cabo porque es contraproducente para el consumidor. Un contrato a largo plazo para la nuclear solo se puede llevar a cabo para 2022 o en el mejor de los casos hasta 2025 si se quitasen los impuestos.

Aa la hora de valorar la medida hay que tener en cuenta todo esto. Sería contraproducente un contrato a 15 años a 60 €/MWh. Se tendría que reformular de alguna manera, y luego que la Comisión Europea lo vea aceptable, aunque tal y como contó ayer este diario, Bruselas es contraria a establecer límites a los precios.

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