Los representantes de PP, PSOE, Vox y PNV han coincidido este martes en reivindicar el papel estratégico de la energía para la competitividad de la industria, aunque han planteado recetas muy diferentes de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El coste energético, la descarbonización, las redes, la seguridad de suministro y la certidumbre regulatoria han centrado un debate en el que las cuatro formaciones han avanzado algunas de sus principales líneas de actuación para la próxima legislatura.
El debate se ha producido en el marco del XXII Congreso Anual de Cogeneración, organizado por ACOGEN y Cogen España, donde los representantes de los cuatro partidos han confrontado sus posiciones sobre el papel que debe desempeñar la energía en la economía y, especialmente, en el futuro del tejido industrial español.
Próxima legislatura
El PSOE apuesta por mantener la senda energética desarrollada desde 2018, mientras que el PP pretende abordar el debate desde la "protesta y la propuesta", poniendo el foco en los costes que soportan actualmente la industria y los hogares. Vox plantea un cambio de rumbo para favorecer la reindustrialización y reducir la incertidumbre regulatoria, mientras que el PNV reclama sobre todo estabilidad y certidumbre para que las empresas puedan acometer inversiones a largo plazo.
El senador socialista José Antonio Valbuena ha defendido que la próxima legislatura debe mantener la "línea de continuación" de la política energética emprendida en los últimos años. Según ha explicado, esta estrategia ha permitido transformar el sistema eléctrico español, incrementar la potencia renovable, reducir la dependencia de combustibles fósiles y generar actividad económica y empleo.
Valbuena ha cifrado en 14.700 millones de euros el ahorro anual en la balanza comercial por la menor importación de combustibles fósiles y ha señalado que las industrias directamente vinculadas a la producción y al sector energético representan ya el 1% del PIB. También ha atribuido a esta política la creación de 132.000 empleos cualificados y un aumento del autoconsumo hasta superar los 9 GW de potencia instalada.
Para el PSOE, el siguiente paso pasa por mantener la descarbonización como eje, pero acompañándola de una modernización de las redes de transporte y distribución. Valbuena ha defendido que no debe plantearse una dicotomía entre industria y transición energética, sino aprovechar la descarbonización para hacer más competitivo al tejido industrial español.
El socialista también ha señalado que la revisión del PNIEC deberá servir para actualizar sus objetivos en función de la evolución del sistema, manteniendo la senda de descarbonización. En este sentido, ha defendido que el despliegue renovable debe ir acompañado de inversiones en redes y de nuevas herramientas para facilitar el acceso de la industria a la infraestructura eléctrica.
El Partido Popular, por su parte, prepara un discurso más crítico con la evolución de los costes energéticos. Su diputado Juan Diego Requena ha asegurado que el PP tratará de situar la energía entre los asuntos del debate económico de la campaña, combinando la "protesta" por la situación actual con sus propias propuestas.
Requena ha defendido que la energía debe cumplir tres funciones: ser un servicio básico para las familias, actuar como elemento de competitividad para la industria y garantizar la seguridad de suministro, todo ello dentro del proceso de descarbonización. El dirigente popular ha puesto el foco en el incremento de los costes energéticos para la industria y en el aumento de la pobreza energética de los hogares.
El PP también ha utilizado el apagón de 2025 como uno de los argumentos para cuestionar la política energética desarrollada en los últimos años. Requena ha vinculado el incremento de los costes de los servicios de ajuste y el mayor recurso a los ciclos combinados con el funcionamiento actual del sistema y ha reclamado analizar las consecuencias y las causas del incidente.
La respuesta popular pasa, según ha avanzado, por aplicar criterios de neutralidad tecnológica, fiscal y regulatoria. Requena ha defendido además que el futuro energético debe reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, pero sin dejar de lado las tecnologías que puedan contribuir a la seguridad de suministro y a la competitividad industrial.
Vox plantea un giro más profundo. Su diputado Ricardo Chamorro ha defendido que la energía debe estar necesariamente presente en la campaña porque cualquier debate sobre empleo, industria o vivienda está directamente relacionado con la disponibilidad de una energía competitiva.
Chamorro ha criticado las políticas de transición energética desarrolladas desde el Acuerdo de París y ha atribuido a estas medidas parte de la pérdida de tejido industrial en España y Europa. Vox apuesta por "reiniciar" la política energética, favorecer la inversión y el emprendimiento y situar la reindustrialización y la autonomía estratégica en el centro de sus propuestas.
El diputado ha defendido un sistema energético en el que tengan cabida todas las tecnologías en función de su eficiencia, coste y contribución a la seguridad de suministro. En el caso de la cogeneración, ha denunciado la pérdida de plantas y de capacidad instalada y ha reclamado un marco regulatorio estable que permita mantener la generación vinculada a la industria.
El PNV se ha situado en una posición diferente, centrada especialmente en la necesidad de generar certidumbre para las empresas. Su senador Igotz López ha advertido de que la energía difícilmente será uno de los grandes asuntos de la campaña salvo que se produzca algún acontecimiento que vuelva a colocarla en el centro del debate público. A su juicio, el apagón demostró precisamente cómo un acontecimiento concreto puede hacer aflorar un problema que ya existía.
López ha reclamado además más inversión en las redes de transporte y distribución para facilitar nuevas implantaciones industriales y mejorar la competitividad de las empresas. Pero su intervención ha ido más allá y ha planteado recuperar la Comisión Nacional de Energía (CNE) como regulador especializado, frente al actual modelo de la CNMC.
El senador vasco también ha defendido abrir el debate sobre una eventual separación de las funciones de transportista y operador del sistema eléctrico que actualmente concentra Red Eléctrica. "La energía se merece tener un regulador especializado", ha señalado durante el debate.
La energía, lejos del 'top 5' electoral
Pese a la coincidencia sobre la importancia estratégica del sector, los representantes políticos no creen que la energía vaya a ocupar necesariamente un lugar destacado en la campaña. Valbuena ha admitido que probablemente no estará entre los cinco principales asuntos del debate, mientras que López ha advertido de que la política y los medios reaccionan principalmente ante acontecimientos puntuales.
El representante del PNV ha puesto como ejemplo el apagón: mientras estuvo presente en la actualidad, la energía ocupó un espacio relevante en el debate público, pero una vez superado el episodio, la atención sobre el sector disminuyó. El mismo fenómeno, ha apuntado, se produce con el precio de la electricidad y su impacto sobre los hogares.
Vox, en cambio, considera que será imposible hablar seriamente de empleo, industria o vivienda sin abordar también el coste energético. Chamorro ha defendido que España necesita una energía competitiva y un marco favorable para la inversión si quiere recuperar actividad industrial.
La cogeneración, uno de los primeros retos del próximo Gobierno
Más allá del debate electoral, los cuatro partidos han coincidido en otorgar un papel relevante a la cogeneración como herramienta para mantener actividad industrial, especialmente en sectores intensivos en calor y en zonas rurales.
La discusión llega además cuando el sector espera la primera subasta de cogeneración de 600 MW, dentro del nuevo marco que contempla un total de 1.200 MW. Desde el Gobierno, Valbuena ha defendido el diseño técnico de la subasta y ha mostrado su confianza en que pueda celebrarse en diciembre, aunque ha reconocido las diferencias existentes con el sector sobre el modelo económico.
El representante socialista ha defendido que la primera convocatoria debe servir también como experiencia para introducir mejoras y posibles ampliaciones en futuras subastas. El objetivo, ha señalado, debe ser mantener operativas las plantas eficientes y viables durante su proceso de transformación y favorecer inversiones compatibles con la descarbonización.
El PP, por su parte, ha cuestionado algunos aspectos económicos del diseño de la convocatoria, especialmente el carácter marginalista de la subasta y el riesgo de que la presión competitiva reduzca la rentabilidad de los proyectos. Requena ha reclamado que el diseño permita que las instalaciones puedan acometer inversiones reales y mantener su contribución a la competitividad de las industrias asociadas.
El PNV también ha reclamado que las subastas se traduzcan en inversiones efectivamente ejecutadas y ha defendido mantener temporalmente la retribución de las plantas existentes que sean eficientes y viables mientras acometen su modernización. López ha insistido en que las inversiones industriales requieren horizontes de retorno largos y, por tanto, necesitan seguridad jurídica y regulatoria.
En el cierre del debate, los cuatro partidos han vuelto a coincidir en una idea: la transición energética no puede desligarse de la industria. Las diferencias aparecen en el camino para conseguirlo, pero todos han situado el precio de la energía, las inversiones, las redes, la seguridad de suministro y la certidumbre regulatoria entre los elementos que determinarán la capacidad de España para mantener y atraer industria en los próximos años.
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