Las centrales térmicas están perdiendo participación en el mercado mayorista. Entre el céntimo verde (que no pagan los ciclos combinados), el constante aumento del precio del CO2, la subida del precio de su materia prima y la bajada del gas, cada vez se quema menos carbón en España.
Esto es una buena noticia pero también una mala. La buena noticia es que se está emitiendo menos CO2, uno de los objetivos climáticos no solo de nuestro país sino de la Unión Europea, que en 2030 prevé una reducción de al menos un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, en una década la gran mayoría de los países de la Unión Europea se espera que van a dejar de quemar carbón, según la hoja de ruta que se han marcado en sus Planes de Energía y Clima (PNIEC).
La mala noticia es que, al dejar de quemar carbón, dejan de funcionar y con ella la vida económica de las áreas donde están ubicadas. La parálisis se extiende como un efecto dominó.
Es el caso de la central As Pontes de Endesa. Lleva prácticamente parada desde el pasado mes de marzo, y los pueblos y trabajadores externos se han levantado en armas para pedir una solución. "Toda la comarca de As Pontes vive de la térmica, los 200 camioneros que trasladan el carbón desde el puerto hasta la planta llevan parados varios meses así como los trabajadores de las empresas auxiliares (unos 300)", señalaban hace unos días los sindicatos.
El clamor ha llegado hasta el Ministerio de Transición Ecológica y ha pedido una reunión con Endesa, pero ¿qué solución pretende dar el gobierno? ¿quemar más carbón y aumentar las emisiones de CO2 a la atmósfera o parar las centrales y con ello toda la actividad productiva de un área?
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"Lo que no se puede es soplar y sorber al mismo tiempo", señalan fuentes del sector eléctrico, "es evidente que un cierre de una planta supone la paralización laboral de todas las empresas externas y de la actividad económica alrededor de ella. Pero es que la decisión de ir hacia un cierre progresivo de las centrales es una decisión política, nacional y europea".
Lo que ocurre en As Pontes también está pasando en las otras centrales que continuarán más allá de junio de 2020, al invertir para adaptar sus plantas a los límites de emisiones fijados por Europa. "El sistema eléctrico es un sistema de méritos, gana quien consiga vender su producción y las céntrales térmicas están dejando de ser competitivas", continúan las fuentes, "y la política energética además incita a su cierre, así que se juntan todos los factores para que se vaya abandonando el uso de las térmicas. Si ahora el Ministerio de Teresa Ribera quiere reunirse con las eléctricas para buscar una solución, más parece una maniobra política de cara a las elecciones".
Casualmente, la reunión entre Ministerio de compañía propietaria será el próximo 23 de septiembre, dos días después de saber si finalmente habrá gobierno o se volverá a convocar Elecciones Generales.
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"Al margen de los cálculos políticos, no hay duda de que quienes más van a sufrir el cierre de las térmicas son las empresas auxiliares y las poblaciones cercanas", afirman, "para los trabajadores de las centrales, las eléctricas propietarias tienen planes de recolocación. Aún así, algunas como Endesa, han presentado unos planes de inversión muy potentes, como por ejemplo en Teruel (Andorra) donde va a invertir unos 1.000 millones de euros para desarrollar parques eólicos".
"Una de las opciones para que sobrevivan las térmicas son los mecanismos o pagos por capacidad que las consideraría necesarias para garantizar el suministro eléctrico, pero deben estar lo suficientemente retribuidas como para que las plantas no pierdan dinero", concluyen las fuentes, "el problema es que antes es necesario que se articulen por normativa y después que lo apruebe la Unión Europea, un proceso que tarda en llegar mientras se sigue paralizando la actividad alrededor de las centrales".
Josep
12/09/2019