La prórroga de la Tarifa de Último Recurso (TUR) vecinal del gas excluye a los consumidores que a fecha del pasado 1 de octubre no hubieran instalado los repartidores de costes o contadores individuales de calefacción y que tampoco hubieran enviado la correspondiente declaración responsable.
Según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), la citada TUR se prorroga, hasta el próximo 30 de junio, para quienes entre el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023 hayan estado acogidos en algún momento a la tarifa temporal de comunidades de propietarios de hogares.
Además, los consumidores que, cumpliendo con los requisitos, se apunten a la prórroga podrán rescindir antes del próximo 15 de enero sin penalización los contratos de suministro que hubieran firmado con comercializadoras libres.
Las condiciones de la TUR
Precisamente, los comercializadores afectados por las rescisiones de contrato podrán reducir sin coste los caudales diarios contratados de entrada a la red de transporte, de regasificación y de almacenamiento de gas natural licuado.
Ello por un caudal diario máximo igual a la suma de los consumos anuales de dichos consumidores dividida entre el producto de 365 días por un factor de carga de 0,42.
Esta reducción de caudal sin coste se aplicará sobre los productos de capacidad contratados, ordenados de mayor a menor duración, para cada uno de los servicios referidos.
A fin de realizar un estudio del impacto real de los contadores individuales y repartidores de costes de calefacción en la consecución de los objetivos de descarbonización, las distribuidoras de gas natural que alimenten a consumidores acogidos a esta tarifa temporal deberán enviar anualmente al Ministerio para la Transición Ecológica la información disponible de consumo de las comunidades desde el 1 de enero de 2017, antes del 1 de marzo de cada año.
Por su parte, los consumidores acogidos a la prórroga y que a 1 de octubre de 2023 no hubieran instalado los contadores individuales o repartidores de coste de calefacción, deberán proceder a su instalación antes del mismo día del próximo ejercicio.
De lo contrario, se procederá a la refacturación de todo el consumo acogido a la tarifa, de acuerdo con lo expuesto por el BOE.
La prórroga de la TUR vecinal forma parte del real decreto-ley aprobado en la víspera por el Consejo de Ministros, que amplía el plazo de aplicación de varias de las medidas temporales establecidas por el Gobierno para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania y cuya vigencia decaía este domingo.
Entre ellas también está el mantenimiento de los límites aplicados al crecimiento de la TUR, que impiden un incremento de coste de la materia prima por encima del 15%, limitando la subida trimestral aproximadamente al 5%.
Para financiar el déficit generado en 2024 por esta iniciativa y la propia TUR vecinal, se dotará un crédito en la sección presupuestaria del Ministerio para la Transición Ecológica por importe equivalente a 300 millones de euros, destinados a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para la compensación a las comercializadoras de último recurso.
En plena crisis de precios energéticos provocada por la invasión rusa de Ucrania, el Ejecutivo creó la TUR vecinal, a la que confiaba que se sumaran hasta 1,7 millones de hogares españoles.
Sin embargo, los últimos datos disponibles evidencian que sólo 6.700 comunidades de vecinos se han acogido a ella.
El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid calcula que para una comunidad de 120 vecinos que consumen un millón de kilovatios, el sobrecoste en el mercado libre sería de 25.000 euros más al año por temporada que con la tarifa regulada.
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