Rapapolvo de la oposición a Soria por la indemnización de Castor

Todos los grupos de la oposición en el Congreso rechazan la decisión del Gobierno de indemnizar con 1.350 millones de euros a Escal UGS, la empresa concesionaria de la explotación del almacenamiento subterráneo de gas Castor, al considerar que ese coste no debería repercutirse en los consumidores y que la cantidad es demasiado elevada, por lo que exigen una quita.

Así se lo han hecho saber al ministro de Industria, José Manuel Soria, durante el debate en el Pleno de la Cámara Baja de la convalidación del decreto ley de Medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.

El portavoz socialista de Energía, José Segura, ha utilizado el turno en contra para recordar al ministro que el proyecto Castor no se inició con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sino con el de José María Aznar, si bien ha reconocido que el PSOE tiene "corresponsabilidades políticas" por las decisiones que se tomaron entre 2004 y 2011.

En cualquier caso, ha señalado que las instalaciones nunca han llegado a ser "entregadas de forma definitiva" por lo que la cláusula de indemnización no es aplicable, lo que da lugar a la negociación de una quita para que la empresa se haga "corresponsable" de la situación, sobre todo por la "hiperinflación" sufrida por los costes del proyecto.

"El Estado no debería asumir sin más el coste íntegro (de la hibernación). El sistema concesional no implica que el concesionario no asume riesgo alguno", opina, rechazando además que la indemnización se pague en tan poco tiempo y que no se haya planteado "un esquema de reparto más equilibrado del coste entre concesionario y consumidores".

Reincidentes

Por IU-ICV-CHA, Joan Coscubiela ha señalado que Castor "nunca debió iniciarse" porque "no era ni necesario ni viable", y ha lamentado que de nuevo se socialicen las pérdidas de unas empresas que no comparten sus "grandes beneficios" mientras los obtienen.

"Y siempre con los mismos paganos, los ciudadanos, a costa de sus derechos sociales y de tener que sufrir pobreza energética; y con los mismos beneficiarios, los florentinos de turno", ha reprochado, en referencia a Florentino Pérez, presidente de ACS, que controla la mayoría del capital social de Escal UGS.

Tras pronosticar que la indemnización finalmente será de unos 4.700 millones de euros, ha negado que ésta sea la única solución posible y ha exigido que se reclamen responsabilidades a la empresa, que "no puede irse de rositas" cuando parte del fracaso de Castor se debe a sus errores de proyección.

"¿Y no se les ha ocurrido poner un artículo para resarcir a los vecinos afectados por los terremotos? Claro que no, porque ustedes no legislan para los vecinos sino para los lobbies", ha añadido, alertando de que una posible reapertura de la planta podría encargarse incluso a otra empresa del mismo grupo, algo "posible porque hace mucho tiempo que las puertas giratorias son camas donde algunos dirigentes se acuestan con los lobbies".

Capitalismo 'de amiguetes'

Algo similar piensa el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, que cree que éste es "otro ejemplo del capitalismo de amiguetes" practicado "tanto por el PP como por el PSOE", en el que el Estado "garantiza negocios sin riesgo a empresas de amigos". "Si hay beneficios, yo me los quedo; si hay pérdidas, son de todos", ha resumido.

"El sistema gasista no está para indemnizar inversiones fallidas, así que este decreto es un acabado ejemplo de legislación en función de intereses particulares", ha insistido, criticando que en este caso el Gobierno no haya modificado las condiciones de retribución con retroactividad, como sí hizo a los inversores en renovables, y que ni siquiera haya planteado una quita.

"Ahora el contrato de concesión es sagrado. Pero no extraña, si se miran los órganos de dirección de Enagas, que parecen otros órganos de dirección del PP", ha acusado, avisando de hecho de que ante este asunto "intolerable", la formación magenta no descarta incluso "iniciar acciones legales" o ante la UE.

Situación predecible

Por CiU, Jordi Jané ha indicado que la actual situación era previsible desde el principio, como ya avisaron algunas instituciones sin que ni el gobierno anterior ni el actual hicieran caso. Y a esa preocupación por la decisión de "seguir adelante" con un proyecto a pesar de las "luces de alarma" que existían, se suma ahora la "indignación" por la solución planteada.

"Estamos pagando las imprevisiones de gobierno anterior y del actual, y pretendemos que las paguen directamente los consumidores, restando competitividad a las empresas y afectando a muchos ciudadanos que ya están aquejados de pobreza energética", ha criticado, lamentando además que la indemnización se vaya a pagar sin conocer siquiera los informes de la ejecución del proyecto y sus costes finales, que se desviaron considerablemente de las previsiones.

Por eso, rechaza el decreto y exige que se desmantele Castor para "dar garantías al territorio de que no va a quedarse ahí" y que se aborde la situación con "mayor transparencia". "Y también pedimos que no sean los ciudadanos los que paguen en su factura del gas un proyecto fallido por falta de previsión, y que se compensen los daños materiales y morales causados por los seísmos", ha zanjado.

Optar por lo fácil

Para Pedro Azpiazu, del PNV, el Gobierno ha optado por la "solución fácil" de trasladar la "abultada factura" de este "desastre" a los ciudadanos en lugar de "haber asumido parte" a través de los Presupuestos. Y ello a pesar de que la cantidad es "nada desdeñable", de que "no se ha explicado suficientemente" y de que ni siquiera se han asumido responsabilidades.

"Los ciudadanos no deben ser los paganos de los errores administrativos, políticos o de las empresas. Y, en lugar de asumir el importe íntegro de la factura, podrían haber negociado con ACS una quita o un importe a la baja", ha añadido.

Joan Tardà (ERC) critica que un proyecto "lleno de irregularidades de despilfarro no auditado" acabe costando dinero a los consumidores sólo por satisfacer "las necesidades y urgencias de Florentino". "Castor es el ejemplo paradigmático de los típicos negocios sucios, salvajes y opacos que se han realizado en el palco del Bernabéu, y que son posibles por una clase política rendida al poder económico", ha acusado, rechazando que se pague "ni un euro" hasta que acaben las investigaciones de la Fiscalía de Castellón y se depuren responsabilidades.

Por parte de Compromís-Equo, Joan Baldoví ha calificado a los responsables de esta situación de "piratas de guante blanco que saquean a todos con la complicidad dócil de los gobiernos de turno" y ha rechazado el pago de la indemnización. "Este saqueo no debería quedar impune", ha reclamado.

Todos correspnsables

Finalmente, el 'popular' Guillermo Mariscal ha recordado a los grupos que "todos, por acción u omisión", son "corresponsables" del proyecto, ya que el Gobierno de Zapatero "no tenía mayoría parlamentaria" y aun así sacó adelante el decreto de concesión de la autorización de Castor.

"Ésta es la ideologización de un fracaso. Permanentemente nos vemos ante la necesidad de hacer frente a los desajustes que hemos encontrado. Un dislate absoluto en el que unos generan inseguridad jurídica y otros, con urgencia y responsabilidad, tenemos que hacerle frente", ha señalado, preguntándose si incumplir la ley no es peor que pagar la indemnización a la que obliga el contrato.

No obstante, ha recordado que el Ejecutivo 'popular' intenta "minimizar" los costes para los consumidores porque el único interés que le guía es "el principio de legalidad", que también le ha movido a tomar medidas como modificar la Ley de Impacto Ambiental "para que esto no vuelva a ocurrir nunca".