Un 25% de los cargadores instalados en las gasolineras no opera

Aunque los vehículos eléctricos han conseguido romper una barrera importantísima como es el de la autonomía, en lo referente a la recarga todavía queda un Everest por conquistar. No lo decimos únicamente en el número de cargadores instalados en nuestro país, que cuenta con uno de los peores ratios por millón de habitantes situándose a la cola de los países más avanzados de Europa como son Países Bajos y Alemania, sin contar infraestructuras superdesarrolladas como la de la zona escandinava, con Noruega a la cabeza.

En la actualidad en España hay cerca de 17.000 puntos de carga repartidos por nuestra geografía que es un tercio menos de lo que a estas alturas deberíamos tener puestos en marcha (45.000) según lo objetivos del Gobierno y de la Unión Europea. Un número que se prevé vaya subiendo en los próximos meses para así hacer frente a esa cada vez mayor demanda. Sin embargo, llegamos a un punto en el que la problemática es otra: el funcionamiento. Porque si bien muchos de los puntos de carga rápida se han instalado en estaciones de servicio de la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), cuya red cuenta con un total de 6.000, resulta que un 25% de los mismos no estaría en funcionamiento por problemas de permisos o legalización. Y es que según la propia AOP una de las principales barreras es la tardanza de las distribuidoras de electricidad. No solo eso, sino que el 80% de los se han proyectado e incluso ya instalado tienen pendiente la obtención de algún tipo de permiso.

Luis Travesedo, presidente de la asociación de la que son socios las compañías BP, Cepsa, Galp, Gunvor, Repsol y Saras asegura que “las principales barreras para la instalación de puntos de recarga son las gestiones con las compañías distribuidoras de electricidad, así como la obtención de licencias, permisos y autorizaciones, que dependen de la Dirección General de Carreteras y de las comunidades autónomas”. Para solucionarlo, AOP solicita que se apliquen los plazos de procedimiento abreviado para obtener permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, de forma que la distribuidora tenga un mes para la respuesta inicial y la final.